Blanca Fernández (Ciudad Real, 1972), consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, se erigió esta semana como una de las voces dentro del PSOE que dieron la voz de alarma al Gobierno sobre las consecuencias que podía acarrear la ley del sólo sí es sí, impulsada por Unidas Podemos y que ha supuesto la rebaja de cientos de condenas para delincuentes sexuales desde su entrada en vigor.
Al ver que su advertencia a la ministra Irene Montero en noviembre de 2021 se cumplía sintió «mucha angustia», según traslada en una entrevista concedida este viernes a El Independiente en la Delegación del Gobierno en Ciudad Real, a donde le llevó su agenda institucional.
Pregunta: Usted avisó con un informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que la ley del sólo sí es sí podía tener el efecto de revisión de sentencias que posteriormente ha tenido. ¿Qué decía ese informe?
Respuesta: En realidad, lo que hice fue primero una visita a la ministra, porque estaba muy preocupada con este asunto, pero lo cierto es que yo no soy experta en Derecho Penal ni tampoco lo es el Instituto de la Mujer, aunque teníamos mucha zozobra por las dudas que generaba al equipo. En esa reunión, en la que fue muy amable y agradable, ella me transmitió mucha tranquilidad. Le sorprendió que le dijera que tenía ese miedo, esas dudas. No le advertí sobre algo que seguramente iba a pasar, sino que le expresé las dudas que nos generaba el texto. Ella me dijo estuviera tranquila, que no se iban a rebajar las penas, y vi sinceridad, honestamente. Pero le dije: ‘Yo te voy a mandar el informe y lo valoráis’. No es muy sesudo jurídicamente, y creo que solamente hacía alusión al artículo 179, en el que se rebajaron las penas que iban de 6 a 12 años a entre 4 y 12 años. Es aquí donde ha estado buena parte de la polémica. Ojalá hubiera sido una experta en Derecho Penal, con un informe de un gabinete jurídico muy prestigioso que hubiera podido decirle fehacientemente esto va a pasar. Cuando vi que las dudas se cumplían, sentí mucha angustia.
P: ¿Cuál fue la reacción de la ministra?
R: Positiva, como le digo. De incredulidad. Francamente, la vi muy sincera y ella no podía imaginarse que esto fuera así. ¿Qué creo que pasó? Me intento poner en la piel de otras personas cuando toman decisiones y pienso: ¿si a mí como ministra me hubiera venido una consejera que tampoco es experta en la materia, con un informe que tampoco es muy sesudo jurídicamente hubiera hecho caso? Pues no lo sé.
P: ¿En ese momento ya había abogados penalistas, entre ellos por ejemplo el abogado de uno de los condenados en la sentencia de La Manada que veían posibilidades en lo que se conocía de la ley para pedir rebajas de penas y revisiones de sentencia?
R: Creo que ha habido mucha confusión con esto porque, al principio de los principios, cuando arranca la redacción de la ley, nos remiten el primer borrador a las comunidades autónomas y nos ofrecen la posibilidad de presentar alegaciones. El Instituto de la Mujer las presenta. En ese primer informe les dijimos que nos preocupaba el carácter retroactivo de la norma más favorable al reo en las penas máximas. Esto sí se corrige. Lo advierten otros muchos informes, el Consejo General del Poder Judicial, y se corrige. De las penas mínimas no tengo la seguridad de que advirtieran otras instancias. Ojalá se hubiera sabido, se hubiera reaccionado a tiempo. Lo que creo que es más penalizable políticamente es no haber reaccionado antes.
Pienso que si lo hubiera sabido el presidente del Gobierno esto no hubiera pasado
P: ¿No le llama la atención que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, diga que nadie, ni en el Gobierno ni en el Congreso podía saber lo que iba a ocurrir?
R: Yo creo en la honestidad de Félix Bolaños. Pienso que si lo hubiera sabido el presidente del Gobierno esto no hubiera pasado y por tanto sí pienso que en Moncloa no estaban avisados de que esto pudiera pasar ni el grupo parlamentario tampoco. Que hubiese algún experto, algún informe jurídico que de fondo, muy sesudamente y muy cualificadamente advirtiera, tampoco lo sé. Sé lo que viví. Que me obsesioné con este tema, que me parecía un error garrafal y que expresé las dudas con bastante humildad, porque como digo no soy experta. Y que es una pena, un drama, haber acertado.
P: ¿Insistió? Porque dice que se obsesionó con este tema. ¿Insistió en una segunda reunión con la ministra de Igualdad?
R: No, me obsesioné en el sentido de que como la tramitación de las leyes es larga, empezamos con el primer informe de alegaciones en el año 2020. Finalmente eso se subsana, volvemos a leer la ley, yo tenía muchas pegas con la ley, con cosas que veía que se podían mejorar. De manera más oficiosa, después de esa reunión, había otros asuntos, no estaba sólo el de la rebaja de las penas. Pero yo me obsesioné con este asunto y por eso desde esas primeras alegaciones y hasta el final, siendo que no es algo de mi competencia y quizá un atrevimiento que una consejera pida una cita con la ministra en un asunto así, cogí, como decimos en los pueblos nuestros la linde y seguí.
P: ¿Cuáles eran los otros asuntos que podían dar problemas?
R: Esto se subsanó al final. Los centros 24 horas de atención integral a las víctimas de agresiones sexuales al principio estaban definidos muy contradictoriamente en la norma. En varios artículos se regulaban estos centros y en algunos artículos se hablaba y en otros no de atención sanitaria y médica. Además, se hablaba de que la financiación sería a cargo de las comunidades autónomas con la obligación de estar abiertos 365 días, 24 horas, y con todo este equipo de médicos y profesionales. Yo estaba también muy preocupada con esa redacción y con hacerle saber a la ministra que la atención sanitaria debe prestarse en el sistema público de salud, por supuesto una atención integral, jurídica, psicológica y social sí se puede prestar en estos centros, pero que si tenemos la ambición de tener un centro por provincia, lo debía financiar la Administración General del Estado. Básicamente estas dos cuestiones y la rebaja de las penas fue lo que motivó el informe y la visita.
Irene Montero falta a la verdad. Se sigue manteniendo el consentimiento en el centro
P: ¿Cree que queda margen para que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo para reformar la ley conjuntamente cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, se mantiene en que sólo volviendo al modelo de penar más gravemente las agresiones con el subtipo de violencia e intimidación suben las penas mientras que la de Igualdad, Irene Montero, considera que esto perjudica a las mujeres porque tienen que demostrar lo que ella llama ese calvario probatorio?
R: Irene Montero falta a la verdad. No se ha leído la proposición de ley y si se la ha leído falta a la verdad. Primero porque sólo hay que leerse el artículo 178 para ver que los tres puntos con los que cuenta se mantienen íntegramente. En el primer punto se habla de qué es una agresión sexual, el atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Ahí en ese mismo apartado se define qué es el consentimiento. En el segundo se dice que siempre será agresión sexual cuando haya violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Esto lo decía la ley del sólo sí es sí. ¿Qué modificación introduce la proposición del PSOE? En este segundo caso, que la pena será más alta, en este caso en lugar de uno a cuatro años, de uno a cinco. Estamos hablando de agresión sexual que no tiene por qué ser violación, con penetración. En el 179, donde sí se define lo que es la violación, la ley del sólo sí es sí recogía que tendrá una pena de cuatro a 12 años. En la proposición de ley se introduce un texto en el que se dice que será de seis a 12, recuperando la pena antigua. En el 180, la redacción es básicamente la misma que la de la ley del sólo sí es sí pero agravando las penas, porque se introducen una serie de circunstancias que hacen más grave la agresión sexual como un ataque en manada, aprovechar la vulnerabilidad de la víctima que puede ser la discapacidad o que sea una niña o un niño, que se utilicen sustancias químicas o alcohol para anular su voluntad, que se utilicen armas contra ella o una violencia extrema. Son agravantes que ya introducía la ley del sólo sí es sí pero que lo que hace la proposición del PSOE es agravar las penas en esas circunstancias más claras, lo que garantiza seguridad jurídica para las mujeres y para los operadores jurídicos. Pero no cambia la filosofía de la ley. Es que no es verdad. Luego, la proposición hace otras cosas muy necesarias de las que no se está hablando, como poner en coordinación las penas cuando los agresores son mayores de edad y menores de edad porque con la ley del sólo sí es sí, al rebajarse las penas, se habían quedado las de para menores de edad más altas desproporcionadamente respecto a los mayores de edad. Pero cuando la víctima era menor y mayor de edad igualmente estaban desconectadas. Entiendo que es una proposición de ley que da donde tiene que dar, que va al objetivo y no entiendo la discusión de si hay o no consentimiento porque es una falacia. Se sigue manteniendo el consentimiento en el centro.
P: Es decir, ¿no ve otra posibilidad que la propuesta del PSOE?
R: A ver, técnicamente igual hay otras opciones. Ya le digo que no soy experta ni pretendo serlo. He leído la proposición y me parece correcta pero si se puede mejorar mediante enmiendas, si se puede negociar, por supuesto. A lo que digan los grupos, a lo que diga Podemos siempre y cuando se consiga el objetivo que ya no va a ser evitar revisiones ni retrotraer las que ya se han revisado. Pero sí servirá para que en el futuro las penas no sean más bajas.
P: ¿Cree que la ley trans también traerá problemas de aplicación a futuro por el reconocimiento de cambios de género sin informes psicológicos previos de disforia?
R: Yo creo que hay que ver la evolución de la ley trans. Es un debate muy complejo, que se ha envenenado mucho y creo que habría que haberlo afrontado con menos sectarismo y con más voluntad de realmente responder a un problema que tienen las personas transexuales, que es que cuando inician el tránsito de cambio de sexo, tanto físico como hormonal y administrativo, es un auténtico calvario. La ley pretende proteger a las personas de ese calvario, mitigarlo lo máximo posible y hacer que la sociedad comprenda que la transexualidad existe y no es una enfermedad, que hay que respetar a las personas transexuales por su identidad sexual. Esto es lo que establece la ley de Castilla-La Mancha aprobada por unanimidad en mayo del año pasado y acogiéndonos a principios básicos constitucionales, a artículos de la Constitución. ¿Cuál es el defecto que veo yo en esta ley? Habría dos: por un lado, creo que las administraciones públicas haciendo la crítica también de las comunidades autónomas, tenemos que pertrecharnos de equipos psicológicos suficientes para acompañar en el proceso a aquella persona que lo necesite, que suelen ser todas, porque han sufrido mucha ansiedad, muchas situaciones muy críticas. Y debemos tener garantizada esa atención psicológica. No porque sea una enfermedad la transexualidad, sino porque aunque la persona llegue completamente madura a la decisión y absolutamente estable, el proceso que inicia es muy complejo. Y dos, para evitar confundir, sobre lo que hay que informar no es de que se tiene disforia de género, sino de que esa persona tiene estabilidad mental, que no tiene ningún problema que le hace confundirse. Quizá tendríamos que darle la vuelta al sentido de las cosas. La transexualidad no es una enfermedad. Cuando se habla de disforia de género, hay expertos que siguen utilizando esta expresión y es respetable porque se hace desde lo científico y no desde el intentar agredir a nadie, pero también hay que entender que hay personas a quienes les ofende porque se ha utilizado para patologizarlas y convertirlas en enfermos. Son asuntos que hay que tratar con mucha sensibilidad por parte de todo el mundo. Y creo que en este asunto concreto se ha mirado más el coger el derecho de las personas para el rendimiento político que coger el derecho de las personas para protegerlo. Creo que al final iremos a un camino de mayor acompañamiento psicológico a las personas para garantizar un tránsito que no sea un calvario y que iniciar ese tránsito, que a veces es a edades muy tempranas, francamente lo inicie porque sea lo mejor y no porque sea fruto de un trauma o de una experiencia brutal.
P: Cuando habla de que se ha abordado la ley con sectarismo, se refiere al partido que la ha impulsado, a Podemos, o al debate en general?
R: Me refiero al debate en general, porque he oído más ruido que argumentos. No estoy en ninguna de las posiciones más extremas. Soy feminista, siempre lo he sido y me moriré siéndolo, pero comprendo los argumentos del Ministerio de Igualdad y el de las feministas que dicen: ‘Cuidado, no puede ser que abramos una puerta sin que haya pasos que dar previamente’. Es como si usted y yo nos vamos a casar y vamos al juzgado sin haber iniciado el expediente. Hay que iniciar un expediente previamente y eso se quedó resuelto en la ley, porque pasó de ser un mero trámite de ir al Registro Civil a ser un proceso con expediente y tres meses de reflexión. Pero habría que dar esa vuelta en positivo que es dejar claro que estas personas no son enfermas, están muy sanas y saben muy bien lo que están haciendo. Eso evitará tránsitos que no sean adecuados para responder a las necesidades de esa persona y también evitará fraudes, porque la ley tiene que intentar evitar el fraude que aunque sea minoritario hay que intentar evitarlo siempre.
P: Esta ley ya se ha llevado al Senado. ¿Ha llegado allí sin estar pulida?
R: Desde mi punto de vista, no soy jurista experta ni psicóloga, me he metido a este asunto detenidamente porque en Castilla-La Mancha redactamos nuestra propia ley, la hemos hecho de la mano de los colectivos LGTBI, pensando verdaderamente en sus derechos, hemos hablado mucho esta ley con muchísima gente, a veces con posiciones muy encontradas, y ha sido imposible dar satisfacción a las dos posiciones. Pero escuchando posiciones encontradas puedes encontrar la transversal que aglutine a la mayoría. Sobre todo, pensando en la gente. Cuando haces una ley no tienes que pensar en la victoria política, porque si piensas en la victoria política la podrás tener o no, pero no mereces la confianza. Cuando haces una ley tienes que pensar en el colectivo al que te diriges y al resto de la población. Si con honestidad piensas en eso, seguramente tienes más posibilidades de éxito.
P: O sea, ¿que cree que esta ley no estaba completa y habiendo contado con todo el mundo para llevarla al Parlamento?
R: Yo no soy quien para juzgar eso así. Ojalá la ley resulte perfecta y responda a las necesidades y no pase nada de lo que se está advirtiendo por parte de algunos sectores. Ese verdaderamente sería mi deseo. Pero sí creo que falta esa parte de acompañamiento psicológico. Ahí tenemos que hacer una reflexión de los sistemas públicos de salud que no solamente afecta a la transexualidad, sino a la calidad de vida emocional y la salud mental de las personas. Ahora estamos viendo casos donde no se está dando respuesta, y francamente creo que es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo y eso hubiera sido idóneo acometerlo desde una financiación básica del Estado con financiación para las comunidades autónomas. Es ahí donde yo veo más que hay que mejorar.
El periodo de Irene Montero al frente del Ministerio ha tenido sus sombras y sus luces
P: Como consejera de Igualdad, ¿qué valoración hace del periodo de Irene Montero al frente del Ministerio?
R: Sus sombras y sus luces. Precisamente la ley del sólo sí es sí, siendo una ley integral que en términos generales supone un avance para las mujeres, porque hace que todas las administraciones nos impliquemos, miremos la violencia sexual desde una perspectiva mucho más integral y con profesionalidad, haciéndonos cargo de un asunto que no es en absoluto privado, que es público, haciéndonos cargo de que sólo el 8% de las agresiones sexuales son las denunciadas en nuestro país, por lo tanto es la punta del iceberg la que estamos viendo nada más, y que hay que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y en eso, la ley es buena, nos da instrumentos, tiene una filosofía muy positiva, pero se han equivocado con las rebajas de las penas y sobre todo con la actitud a la hora de asumir un error que entendemos que nadie quería, especialmente el Ministerio.
Con la ley trans, creo que se podría haber afrontado el debate con mayor tranquilidad, sin haber dividido al feminismo. Creo que siendo una conquista de derechos de personas que se merecían ser escuchadas y atendidas, al mismo tiempo se podía haber hecho de la mano, con diálogo, de la mayoría del feminismo. Esto lo veo como una sombra.
Sí ha habido luces. Sé que ahora mismo nos da la sensación a todo el mundo de que estamos fracasando contra la violencia machista, y muchas veces se pone el foco muy injustamente contra la ministra Montero como si fuera la culpable de los asesinatos, y no lo es. No es ella ni ninguna administración de los asesinatos gobierne quien gobierne. Los culpables son los asesinos. Es verdad que el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos por mejorar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en lo que se refiere a la dotación económica, y de hecho las comunidades autónomas vamos a recibir un 30% más y los ayuntamientos también de financiación para poder proteger a las víctimas, sensibilizar mejor y tener más medios para proteger a las víctimas de violencia sexual y eso es una luz por más que la sombra sea que tenemos un problema estructural cuya expresión más grave es el asesinato que no deja de encoger nuestros corazones. Pero quiero hacer una valoración también moderadamente positiva de la situación desde que se aprueba la ley integral de 2004. En 2001, 2002, 2003 había una media de 70 u 80 mujeres asesinadas al año y ahora tenemos una media de entre 40 y 50 mujeres asesinadas. Una sola mujer asesinada es un drama, así que imagínese medio centenar. Pero hemos reducido prácticamente un 30% los asesinatos y eso es un éxito colectivo. Lo que no es achacable al Ministerio de Igualdad de ninguna manera y veo como una auténtica sombra y un riesgo es el discurso negacionista que está haciendo mucho daño, empoderando a los maltratadores y debilitando a las víctimas. Hay cosas con las que no se puede jugar en política y esto es jugar con fuego.
P: Esta semana el Ministerio del Interior ha anunciado que serán ellos quienes canalicen los avisos a las víctimas de violencia de género de delincuentes reincidentes. ¿Cree que esta medida será efectiva?
R: Creo que es de muy difícil aplicación. Cuando nos expliquen los detalles sabremos algo más. Entiendo la medida y la desesperación del Ministerio del Interior de tener en el sistema VioGen integrados creo que son unos 60.000 maltratadores reincidentes con dos parejas o más. Lo que veo complejo es cómo la administración puede saber quién es la pareja de quién. Eso lo veo muy complicado. En un pueblo pequeño, donde nos conocemos todos, puede ser que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un momento les salte la alerta de que María Fernández es pareja de Paco Pérez. Él agredió a su pareja anterior y vamos a avisarla. Esto, en un pueblo pequeño puede ser algo muy eficaz. En una gran ciudad no veo cómo se puede articular. Pero si se puede articular y pudiéramos con eso salvar a una sola mujer ya merece la pena.
Lo que no puede ser es tratar a todos los animales como si fueran mascotas y por supuesto los animales no son seres humanos, tenemos que tenerlo claro
P: Por último, me gustaría preguntarle por otro tema de actualidad, la ley de Bienestar Animal que acaba de ser aprobada. ¿Por qué era tan importante para Castilla-La Mancha que se excluyera a los perros de caza?
R: Bueno, a los perros de caza y a los animales auxiliares del trabajo en el campo. Se focaliza en la caza porque desde Podemos se quiere criminalizar la caza y aquí es un elemento que no soportamos porque es prepotente pensar que un cazador o cazadora es de izquierdas, de derechas, de medio centro o lateral izquierdo. Es absurdo. Y mucho más pensar que es un maltratador por ser cazador. Es un prejuicio que no hay más que venir a nuestros pueblos para ver que no es en absoluto verdad y que hay muchísimos cazadores que no son solamente respetuosos con el medio ambiente sino que hay equilibrio y biodiversidad en muchas zonas de nuestra tierra gracias a la existencia de cotos y del sector cinegético y genera mucho empleo. Habría pueblos en Castilla-La Mancha que sin la caza estarían despoblados. Pregunte usted en el Campo de Montiel a ver qué opinan. O en Cabañeros, la zona no del parque sino de influencia del parque a ver qué opinan de la caza. Aquí, nuestro caballo de batalla ha sido esencialmente porque, primero, maltratar a un animal es un delito. Lo es antes de esta ley, desde hace muchos años. Maltratar, vejar, no darle de comer, abandonarlo…Todo esto ya es maltrato animal en el Código Penal. Por lo tanto, esta ley no viene ahora a inventarse la protección animal, ya está inventada. El Código Penal no ha nacido de repente con Podemos, es un concepto adanista de la política. Nosotros decimos que hay una serie de condicionantes que limitan. Por ejemplo, el dueño de una reala que vive de ir a cazar o ir a monterías con sus perros de reala, tiene que poder criar sus animales. Si le obligamos a comprar sus animales, ese hombre o esa mujer que sobrevive no va a poder continuar con ese negocio. Estamos hablando muchas veces de economía de supervivencia que no son conscientes muchas veces de la M-30 para dentro como le gusta decir a nuestro presidente, a García-Page. En ese sentido, nuestra obsesión de excluirles es que están protegidos, van a continuar estando protegidos porque el maltrato animal siempre es delito sea cual sea el animal. Ahora bien, lo que no puede ser es tratar a todos los animales como si fueran mascotas, porque no todos son mascotas, y por supuesto los animales no son seres humanos, tenemos que tenerlo claro. Sé que es un debate complejo, pero aquí estamos pegados a la realidad, al territorio, sabemos lo importantes que son los careas para los ganaderos, por ponerle un ejemplo concreto, o los galgos o cualquier tipo de perro de caza que son muy importantes para desarrollar la actividad.