«Para realizar algún secuestro, sí que había que consultarlo con la Dirección y recibir la autorización de los miembros de la misma», confesó uno de los testigos protegidos que formó parte de ETA. Las revelaciones de este y de otro exmiembro de la banda que han comenzado a colaborar con la Justicia se han adjuntado ya a causas en la Audiencia Nacional como el asesinato de Gregorio Ordóñez y el de Miguel Ángel Blanco. «Contra políticos sí que había informaciones que nos dieron. Esas informaciones ya venían elaboradas y venían de nuestro responsable del comando, en Francia», aclaró.
Un ‘Informe de Inteligencia’ de la Guardia Civil del pasado 10 de marzo detalla el relato en el que, de forma excepcional, dos integrantes de la banda comienzan a cooperar para explicar cómo funcionaba la cúpula de ETA. Esto es relevante porque la política de la organización terrorista, incluso después de su disolución definitiva en 2018, siempre ha sido el silencio. «Contra guardias civiles o fuerzas de seguridad no había que consultar, ya que anteriormente la Dirección dio vía libre para llevar a cabo este tipo de acciones», expone la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.
Así, el testigo protegido 1 y el 2 revelaron cómo para algunos crímenes necesitaban el beneplácito de los jefes y en otros casos no era necesario: «En acciones específicas, como las cometidas contra varios camiones de empresas por no pagar el impuesto revolucionario, sí que había una autorización previa por parte de los miembros de la Dirección».
La Comisaría General de Información de la Guardia Civil emitió este informe el pasado 10 de marzo. Posteriormente, ambos declararon ante el juez que indaga en el caso de Ordóñez, y ahora el juez del ‘caso de Miguel Ángel Blanco’ también lo ha adjuntado a su causa porque el testigo protegido 1 dio detalles relevantes sobre el crimen al exconcejal del PP de Ermua en 1997. «Bajo mi punto de vista, yo pienso que el Comité Ejecutivo podría haber evitado la comisión del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. Prácticamente Blanco Garrido estaba sentenciado desde su secuestro», confesó.
Estas declaraciones son de vital trascendencia para el esclarecimiento de cómo funcionaba la banda, puesto que no dejaba nada por escrito y vienen a consolidar las conclusiones de la Guardia civil en las que se decía que fue la cúpula la que dio la orden de secuestrar, primero y asesinar después al político del PP por la relevancia mediática y estratégica de la decisión.
Por su parte, el testigo protegido número 2 (que actuó entre 1993 y 2001) manifestó que en su etapa también era «la Dirección» la que «emitía las órdenes para llevar a cabo las acciones terroristas» y la responsable de hacer esa mediación humana «en nuestro caso era ‘Anboto’».
Igualmente, esclareció quiénes integraban la banda en esa época: María Soledad Iparraguirre (alias ‘Anboto’), José Javier Arizcuren (‘Kantauri’), Mikel Albisu (‘Antza’), Ignacio Gracia Arregui (‘Iñaki de Rentería’) y Javier García Gaztelu (‘Txapote’).