Roberto Sotomayor, candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, ha cargado este lunes contra el Gobierno por dejar «sola» a la ministra Irene Montero en la polémica del ‘sí es sí’.
Sotomayor ha denunciado que la derecha política y judicial ha «doblegado» al PSOE a tenor de su propuesta de reforma de la Ley solo ‘sí es sí’ y ha reprochado a los socialistas dejar sola a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la polémica por las resoluciones que rebajan penas cuando antes presumían de la normativa.
«Era una de coalición de Gobierno. La ley de coalición de Gobierno y de Pedro Sánchez, ¡qué bonito! Y ahora cuando vienen jueces interpretando la norma y rebajando penas no; ahora es la ley de Irene Montero y la dejamos sola a la ministra. Me parece muy poco serio pero yo digo sí, es la ley de Irene Montero y de todo el movimiento feminista», ha zanjado, informa Europa Press.
Lamentable Pilar Llop
Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Sotomayor ha tildado de «lamentables» las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuando dijo la semana pasada que demostrar la violencia en una agresión sexual era sencillo con una herida.
El aspirante al Consistorio de la capital ha criticado que los socialistas, con su propuesta de cambio, quiere volver al modelo anterior del Código Penal que propició la polémica sentencia de La manada y que entrañaba un «calvario probatorio» para las víctimas de agresión sexual, algo que precisamente Unidas Podemos pretende evitar.
Es más, ha recalcado que en la iniciativa del socio mayoritario de la coalición, formalmente se llama a todo agresión pero se vuelve a las horquillas de penas y a la redacción que se hacía antes, que diferenciaba el abuso y la agresión. De esta forma, ha defendido que el consentimiento, ante cualquier reformulación de la ley, debe ser el «corazón y el centro de la ley».
Además, ha argumentado que la Ley solo sí es sí ha pasado muchos filtros antes de ser aprobada, contó con un amplio apoyo del Congreso y tiene el aval de estamentos como Naciones Unidas y el Parlamento europeo.