Del mismo modo que en los dos reales decretos leyes de respuesta a la guerra de Ucrania una de las medidas estrella era el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes, en el tercer paquete anticrisis, el que el Consejo de Ministros aprueba este próximo martes, 27 de diciembre, la iniciativa de mayor impacto será la que esté orientada a atajar la escalada de los precios en la cesta de la compra. La decisión estratégica está anunciada y tomada, pero lo que aún no ha concretado el Ejecutivo es cómo. Qué hará para contener la subida de los alimentos, que según consignó el Instituto Nacional de Estadística en noviembre, se disparó hasta el 15,3% en el último año, apenas una décima menos de la variación récord del 15,4% mostrada en octubre, la mayor tasa de la serie histórica. El Ministerio de Hacienda se inclina por una bajada del IVA, alternativa rechazada por Unidas Podemos.
Los morados defienden un cheque de unos 300 euros para ocho millones de familias, pero a esa salida le ponen precisamente pegas desde el departamento de María Jesús Montero. La razón es que, aunque esa ayuda pueda suponer un alivio para muchos hogares, ahogados por el creciente mayor coste de la cesta de la compra, no es seguro que contribuya a bajar la inflación. Y eso es lo que persigue el Gobierno, que esgrime que las medidas desplegadas desde abril sí han logrado rebajar el IPC, hasta el 6,8% —el 6,6%, según el dato armonizado de Eurostat, y es el más bajo de la eurozona—, gracias en buena medida al control de los precios de la energía y de los carburantes.
El ministerio de Montero defiende que bajar el IVA es universal y fácil de aplicar. No valdría trasladar la arquitectura de la ayuda a la gasolina
Esto es lo que explica que Hacienda prefiera una bajada acotada del IVA, porque así actuaría sobre los precios. Además, así compensaría la subida del IPC que se produciría si se suprime finalmente el descuento universal de 20 céntimos por litro de combustible. En el equipo de Montero, sin embargo, no dan más precisión acerca de cómo podría ser esa reducción del IVA para los productos de la cesta de la compra. Hoy, se aplica el impuesto superreducido (4%) para el pan, las harinas panificables, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. El resto de alimentos están gravados al tipo reducido del 10%.
En Hacienda indican que el recorte del IVA sería una solución universal —y, por lo tanto, tiene el problema de no ser progresiva— y fácil de implantar. Como lo era el descuento de la gasolina. Explican que trasladar la misma arquitectura de la bonificación a los carburantes no sería posible para los alimentos. Entre otras razones, por la dificultad de acceder a los negocios de proximidad, más allá de los súper y las grandes distribuidoras.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya aseguró hace una semana que rechaza «la propuesta de bajada generalizada de impuestos», porque «no arregla el problema de la cesta de la compra» y solo serviría para «ensanchar los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras». «Si me dice específicamente bajar el IVA del pescado al 4%, le diría que sí», precisó la también ministra de Trabajo.
Díaz no comparte la rebaja generalizada de impuestos porque ensancharía los márgenes de las grandes superficies
Es decir, que ella es partidaria de rebajas específicas, de bienes seleccionados, y sobre todo apuesta por acordar con las grandes superficies su adhesión voluntaria a cestas de la compra de precio moderado. «Si cooperativas y pequeños supermercados son capaces de facilitar una cesta de la compra [a precios asequibles], ¿por qué no lo pueden hacer las grandes distribuidoras?», se preguntó Díaz.
La parte socialista del Gobierno, sin embargo, sigue sin mostrarse receptiva a esta propuesta que la vicepresidenta lleva meses defendiendo, porque ese acuerdo de los supermercados no ha cuajado. Topar los precios de los alimentos está absolutamente descartado porque rompería con las reglas de la libre competencia, recuerdan en Hacienda.
El cheque no podría ser finalista
El ministerio también rechaza de plano una fórmula planteada por Podemos (pero no por Díaz): un impuesto «sobre los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados –al estilo del logrado para la banca y las eléctricas–, que están obteniendo ganancias récord». Montero ya anticipó que no estaba en la hoja de ruta del Ejecutivo fijar otro gravamen extraordinario y temporal.
El Gobierno tropezaría con la crítica del PP, que lleva meses reclamando una bajada del IVA de los alimentos
La titular de Hacienda sí que no ha descartado el cheque de unos 300 euros a las familias. Fuentes de su entorno señalan que puede ser una idea a estudiar como una subvención más, y que de hecho estaría en línea con la ayuda que se aprobó en julio de 200 euros para las personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio que fueran asalariados, autónomos o desempleados. Además de la dificultad de controlar así la inflación, tiene la objeción, para el sector socialista, de que no podría funcionar como un cheque finalista, ya que sería imposible verificar que se destina «a comprar lechugas, leches o huevo».
En cualquier caso, no habrá una sola medida, probablemente, encaminada a contener el alza de los precios de los alimentos. Serán «tres o cuatro» iniciativas, tal y como adelantó el titular de Agricultura, Luis Planas, orientadas al mismo fin, para «ayudar especialmente a las familias más vulnerables y al conjunto de la sociedad». Planas cree que hay que actuar sobre las «causas que motivan el incremento de los precios», y no tocar una cadena agroalimentaria que «funciona bien». El problema «no es de márgenes empresariales«, sostiene, impugnando la receta de la vicepresidenta segunda.
Si finalmente se acomete una bajada del IVA, el Gobierno tropezará con la crítica segura del PP por haberse negado a implantar esa misma medida antes, tal y como Alberto Núñez Feijóo viene reclamando desde hace meses. Según esgrimían fuentes de Hacienda esta misma semana, los populares lanzan distintas propuestas «para ver si con alguna aciertan» y así poder acusar al Ejecutivo de «copiárselas». Pero la reducción del IVA a los productos básicos no es una medida más, porque Génova ha hecho caballo de batalla de ella desde septiembre, considera que es la más eficiente para atajar la inflación. Por eso mismo los morados recelan de esta alternativa que, además, no discrimina por renta.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, evitaba el pasado viernes en La hora de La 1 de TVE concretar las medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo para rebajar el coste de la canasta de la compra, con el argumento de que no estaban concluidas. Sí dejaba más claro que se retirará la ayuda generalizada a la gasolina, para que a partir del 1 de enero se beneficien de la bonificación solo determinados sectores. La ministra indicó que se está valorando cómo se puede seguir atendiendo a aquellos más afectados por los precios de los combustibles, como los transportistas.
Presión de los morados
El nuevo paquete anticrisis desplegará, por tanto, nuevas medidas y revisará otras que están ya en vigor. Pero también está sometiendo a prueba las costuras de la coalición. Podemos mostraba el viernes su «preocupación ante la falta de avances en la negociación de la prórroga del escudo social» diez días después de que la secretaria general del partido y titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, remitiera a la parte socialista del Ejecutivo sus propuestas.
Podemos pide un «paquete ambicioso» y que se actúe en materia de vivienda: congelación de alquileres y las cuotas de las hipotecas variables
Los morados piden un «paquete ambicioso» que ayude a las familias a afrontar sus principales gastos, como la cesta de la compra y la vivienda, y recuerdan que otras iniciativas suyas, como el tope al gas o la rebaja del transporte público se han probado «exitosas para contener la subida de los precios». Podemos reclama, además del cheque para ocho millones de familias y el impuesto a los grandes supermercados, destinar «fondos adicionales para reducir el precio de los comedores escolares».
En materia de vivienda, el partido plantea la congelación durante 2023 de las cuotas de las hipotecas variables, extremo al que hasta ahora se niega Economía, que ya alcanzó un acuerdo con la banca para aliviar la carga hipotecaria de hogares «vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad». El Código de Buenas Prácticas se transformó en real decreto ley y fue convalidado por el Congreso el pasado 15 de diciembre con 289 votos a favor, ninguno en contra y 60 abstenciones. Los morados quieren que el Gobierno congele por un año los alquileres, medida adoptada durante la pandemia y «que contribuyó a rebajar los precios». Este mismo domingo, Belarra incidía en estos dos últimos puntos. «Necesitamos que el PSOE entienda que este es el principal gasto de la mayoría de familias», escribió en su cuenta de Twitter.
El celo del Ejecutivo respecto a los contornos concretos del decreto anticrisis —que habrá de convalidar el Congreso en un plazo de 30 días hábiles— ha sido máximo. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, fue preguntado el jueves por los periodistas en la copa de Navidad ofrecida por la Moncloa y no quiso adelantar nada: «El martes lo veréis».
El presidente hará balance del año este martes y abrirá con él una nueva pantalla, marcada por el rumbo electoral de mayo y diciembre de 2023
Él será quien comparezca tras el Consejo de Ministros, en una rueda de prensa que servirá de balance del año. Ya en junio, y tras el desastre de las andaluzas, fue él quien comunicó las novedades del segundo paquete anticrisis que echó a andar el 1 de julio y que expira el 31 de diciembre. Lo que sí está claro es que durante todo 2023 seguirá funcionando la gratuidad del transporte de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, porque está incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, aprobados definitivamente por el Senado el martes pasado. Hacienda reservó 700 millones de euros para financiar el coste de los abonos. Montero ya avanzó que se está sopesando mantener durante todo 2023 las ayudas al transporte público autonómico.
La comparecencia marcará otro punto de inflexión en esta complicada legislatura para el Ejecutivo. Sánchez pretende recuperar oxígeno con el decreto ley, marcar la entrada de 2023 después de un final de año en el que se fijó como objetivo resolver la tramitación de las leyes más conflictivas para despejar el camino hacia las urnas autonómicas, municipales y generales. Y es que este tercer paquete rezumará aroma electoral y permite al presidente retomar la iniciativa.