En España apenas se construye un 10% de las viviendas protegidas de las que se levantaban en el año 1997. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado buena parte de la campaña electoral en la vivienda pública para alquiler a precios asequibles y también para facilitar la compra por parte de los jóvenes a través de avales públicos. Pero la situación actual dista mucho de ser la que existía en la década de los ochenta y noventa.
La última década, tras la crisis de 2008, ha supuesto un auténtico declive que ahora comienza a remontar y que la nueva ley de Vivienda publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pretende reimpulsar. La construcción de vivienda protegida apenas representa un 10% del total de casas que se construyen en estos momentos, frente al 8% que marcaba a comienzo de la primera legislatura de Sánchez.
Eso sí, su construcción ha experimentado un crecimiento de 87% desde el año 2017, un ejercicio que marcó el mínimo de las últimas décadas. En 1985 se llegaron a levantar 114.067 viviendas protegidas, lo que suponía un 67,2% sobre el total de vivienda construida. Es decir, la producción de vivienda protegida llegó incluso a superar la construcción de vivienda libre. Pero su volumen se contrajo en 1991 un 50%. Tras seis años más de repunte, empezaron de nuevo a caer hasta quedarse en el umbral actual, con valores mínimos en los últimos cuarenta años.
Los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) permiten ver cómo en 1997 se levantaron más de 84.000 viviendas protegidas, frente a las apenas 9.200 del pasado 2022. Se trata de apenas un 10% de las que había por aquel entonces. Hay que tener en cuenta que el total de vivienda construida es en estos momentos mucho menor. El año pasado se terminaron 89.156 viviendas frente a las 309.360 de aquel entonces.
La nueva Ley argumenta que en estos momentos «existen importantes desequilibrios entre la nueva construcción y la actividad de rehabilitación y entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler«. A ello se suma -dice la norma- el hecho de que «los parques públicos de vivienda en alquiler sean del todo insuficientes para atender la necesidad de aquellas personas y hogares que tienen más dificultades para acceder al mercado por sus escasos medios económicos».
El 31,5 % de las viviendas construidas entre 1962 y el año 2020, fueron viviendas protegidas, es decir, unos 5,7 millones de viviendas que se promovieron al amparo de algún régimen de protección pública. Pero al mismo tiempo, «en su mayoría y pese al importante esfuerzo público realizado en su promoción y construcción, han dejado de estar sujetas, en plazos relativamente cortos, a ningún tipo de límite de venta o alquiler», alerta la nueva ley.
Los poderes públicos apostaron durante este tiempo por la vivienda en propiedad, mientras que el alquiler social tenía un papel minoritario. Tenemos uno de los parques de viviendas más grandes per cápita de toda la Unión Europea, aunque con una ratio ínfima de pisos públicos por habitante.
Cuando se implantó el Plan de Vivienda 2013-2016, los ajustes presupuestarios vinculados a la política de austeridad implicaron que las calificaciones de protegidas cayeran a valores anecdóticos. Se produjo entonces un freno definitivo a la construcción de viviendas protegidas en favor de la rehabilitación y el alquiler privado. Y algunas comunidades autónomas decidieron vender los activos al sector privado.
«Hace 15 años se construían diez veces más VPO que hoy. Tan brusca reducción lleva a añadir que se necesita perentoriamente un cambio profundo en la política de vivienda. (…) La política de vivienda ha de actuar con la finalidad de favorecer a las familias que dedican al gasto en la vivienda el 40% de sus ingresos», declara un informe del Defensor del Pueblo publicado en 2019.
El último boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo (dependiente del Mitma) dice que España se encuentra en la posición número 18 de la Unión Europea con un 2,5% de vivienda social con respecto al total de las construcciones en el país en 2020. El parque de vivienda social de titularidad pública existente en España está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales, según se recoge en el citado boletín. De ellas, 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal.
Además, recoge la relación entre los precios de la vivienda libre y la vivienda protegida. «Se observa que el precio medio de la primera es actualmente un 51% superior al de la segunda», remarca el texto.
«Un sinfín de propietarios pudieron apropiarse y especular con los recursos públicos que, en su momento, se destinaron para fomentar la construcción de sus viviendas protegidas; y lo que es peor, ello impidió que el sector público pudiera dotarse de recursos residenciales con lo que poder atender las necesidades de las generaciones venideras», explica un estudio de la Fundación Alternativas.
El nuevo texto aprobado con la oposición del PP blinda que las viviendas protegidas no puedan venderse durante un periodo mínimo de treinta años salvo en casos excepcionales. Además, la ley aumenta del 30 al 40% la reserva obligatoria de suelo para vivienda protegida en terrenos urbanizables y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
La nueva ley introduce también el concepto de vivienda asequible incentivada, «como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo». «Se trata de un novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles», explica la norma.
Se consideran así aquella vivienda de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, a cuyo titular la Administración otorga beneficios de urbanísticos, fiscales u otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado».