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El PSOE hace del acuerdo sobre la ley de vivienda la marca de su convención municipal en Valencia

Quizá ya sea la última ley relevante de esta apretada XIV Legislatura. Y, desde luego, es el texto que ha dado más vueltas en los últimos cuatro años. La ley de vivienda, la primera con carácter estatal de la democracia, verá con seguridad la luz tras el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con sus socios de ERC y EH Bildu. Una norma icónica para la izquierda y fundamental en la carpeta de acuerdos cumplidos de una coalición que ha atravesado todo tipo de tempestades. Y una iniciativa que podría estar aprobada por Congreso y Senado antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo —o, como máximo, antes del verano— y que se convertirá, por sí misma, en un importante eje movilizador para el electorado progresista.

Así lo creen los dos miembros del Ejecutivo y así lo hará valer el socio mayoritario, el PSOE, en la convención municipal que se abre este sábado en Valencia (sin los barones) y que tuvo este viernes un pequeño prólogo, con el tardeo de la número dos, la ministra María Jesús Montero, con Juventudes Socialistas. La vivienda ya iba a ser un elemento protagonista de la conferencia organizada por Ferraz y que el domingo clausurará Pedro Sánchez, una piedra clave en el programa marco municipal, pero ahora sube de rango, como confirmaban fuentes de la dirección. «Lo que nos diferencia del PP es que nosotros tenemos una idea municipalista. Sabemos cómo queremos que sean las ciudades y los pueblos. Para el PP estás elecciones son un incordio. No saben lo que es el municipalismo«, esgrimen en el cuartel general.

El Gobierno quiso que fueran ERC y Bildu los que explicasen los detalles del acuerdo para que también lo capitalizasen, aunque eso restó foco a los socios de la coalición

El pasado jueves, cuando el secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, presentó la estructura de la convención en Valencia, ya remarcó que el capítulo de vivienda sería nuclear en la oferta electoral que el partido haría a los ciudadanos el 28-M, y avisó de que también quedaba a expensas de la aprobación de la ley estatal. La dirección ya sabía que el pacto estaba al caer. A falta de los últimos flecos. El propio Sánchez, desde Cáceres, por la tarde, mostraba su convencimiento de que habría ley. Y este viernes, el acuerdo se selló.

El Gobierno dejó que fueran ERC y Bildu, los protagonistas del último tramo de las negociaciones, los que explicaran con detalle los contenidos de la norma para que ellos pudieran apuntarse también el tanto. Especialmente una cuestión que se convirtió en la clave de bóveda de las conversaciones: la actualización de los alquileres. Los socios querían que se estableciera un tope del 3% permanente, un punto más que el que está vigente este 2023 por el plan anticrisis motivado por la guerra de Ucrania. Finalmente, ese 3% será el límite de subida que operará en 2024, y a partir de 2025 entrará en funcionamiento un nuevo índice que elaborará el INE y que garantizará que las subidas de los arrendamientos queden siempre por debajo del IPC.

«Vivienda digna por ley»

Pero esa foto de los diputados Pilar Vallugera (ERC) y Oskar Matute (EH Bildu) también tenía el sentido de recordar que sin ellos no habría ley. Como ambos recalcaron en su comparecencia conjunta en el Congreso, son sus 18 votos los que harán posible esta norma, dado que otros socios de legislatura como el PNV se apearon desde el principio del barco por entender que el texto invadía las competencias autonómicas.

El despliegue de la ley será limitado en lo que afecta a las zonas tensionadas porque las CCAA del PP pueden no activarlo: el PSOE espera que reciban el «reproche social» por no aplicarlo

La escenificación restaba protagonismo al PSOE, pero también quitaba foco a Podemos, que ha sido muy exigente con esta ley desde el arranque de la legislatura y cuya líder, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, celebraba después un acuerdo «histórico». El paso más importante que «se ha dado en toda la democracia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda», y que ha sido posible, dijo, gracias al concurso de Bildu y ERC. Un énfasis nada casual, porque perseguía mostrar al PSOE que ese es el lado del tablero al que debe mirar. Justo a pocos días de que el pleno del Congreso vote la reforma de la ley del sí es sí, que prosperará gracias al voto del PP. Por eso, que el pacto en vivienda llegue ahora goza de una enorme trascendencia, porque ayuda a galvanizar la coalición y fortalecer la entente con los republicanos y la izquierda abertzale a muy pocas semanas ya del 28-M. La dosis que los socialistas necesitaban para empujar a su electorado a las urnas.

«Vivienda digna por ley», escribió Sánchez desde su cuenta de Twitter. «Alcanzamos un acuerdo histórico para aprobar la primera ley de derecho a la vivienda de nuestra democracia. Damos respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzamos nuestro Estado del bienestar». La norma, apostilló también en una declaración sin preguntas la portavoz del partido, Pilar Alegría, apuntala «el quinto pilar del Estado del bienestar», junto con sanidad, educación, pensiones y dependencia, y se suma a otras leyes que «protegen» a la ciudadanía generando nuevos derechos. Es un ejemplo, sostuvo, de la «política útil», que sitúa España «a la vanguardia» y hace de ella «un país mejor».

Tanto Alegría como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la responsable que ha estado al frente de las negociaciones, intentaron lanzar un mensaje de sosiego para los votantes más templados: la norma, dijeron, «no va en contra de propietarios ni de arrendadores«. Lo que busca es incentivar la vivienda protegida en alquiler a precios limitados, establece mecanismos de contención de precios en las zonas tensionadas, mejora la regulación de los desahucios —para que tengan día y hora prefijada—, estipula incentivos y beneficios fiscales para que los pequeños dueños mantengan o bajen los precios del alquiler, redefine el concepto de gran tenedor y crea un sistema potestativo para las entidades locales, a través del IBI, para favorecer la movilización de viviendas vacías.

El despliegue de la ley, cuando entre en vigor, no será sin embargo homogéneo, porque queda en manos de las comunidades autónomas la activación de la declaración de zonas tensionadas. Y las lideradas por el PP, caso de Madrid, ya han advertido de que no lo harán. Pero ese hecho no preocupa especialmente al PSOE, porque entiende que podrá ser un elemento de contraste en la batalla electoral por delante. El razonamiento lo resumió Matute durante la larga rueda de prensa este viernes en la Cámara baja: «Si viviera en una comunidad que no lo aplica, me plantearía de qué me sirve tomar cañas si no puedo pagar mi alquiler porque mi Gobierno decide no declarar una zona tensionada y bajarlo». El dirigente de Bildu se refería, obviamente, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que hizo girar su campaña de 2021 en la defensa de la «libertad» —libertad también para irse de cañas— en un momento de agotamiento de los ciudadanos por las restricciones de la pandemia. Aquellos que no lo apliquen recibirán un «reproche social», abundó la ministra Raquel Sánchez.

«Callejeros feministas»

La vivienda será uno de los ejes del programa marco municipal que se debatirá este sábado en la convención, en Valencia, y que aprobará el domingo el plenario. Un manifiesto que contendrá 80 medidas concretas. Entre ellas, que el parque público de vivienda de los ayuntamientos sea «principalmente de alquiler» y «con un sistema público de precios de referencia», asunto que precisamente contiene la nueva ley. También los socialistas plantean la regularización de los pisos turísticos o ceder suelo público para el cohousing (vivienda colaborativa), destinado a personas mayores y «a precio asequible».

El programa marco comprende 80 propuestas concretas, en las que la vivienda, la igualdad y la sostenibilidad tendrán un peso capital

Pero otro pilar del programa serán las políticas de igualdad. Aquí, los socialistas proponen puntos violeta rotatorios —y que sean espacios seguros de denuncia de agresiones— o fomentar el urbanismo con perspectiva de género. ¿Cómo? Por ejemplo, explicó De Celis, con luminarias que permitan a las mujeres pasear seguras por sus municipios. También se impulsarán «callejeros feministas«. Según la Universidad Pablo de Olavide, recordó, solo un 13% de las calles de España llevan nombre de mujer. Una desproporción que para el PSOE urge «revertir y equilibrar». Su propuesta es que a partir de ahora las vías queden rotuladas «prioritariamente» con nombre de mujer.

Dar vida a ciudades «más sostenibles» es otro de los objetivos del partido. Y ahí engarza con otro de los debates públicos que han colonizado esta semana: Doñana, el plan de la Junta de Andalucía para dar cobertura a un millar de hectáreas de regadíos ilegales.

La convención, que presidirá Carolina Darias, exministra de Sanidad y candidata por Las Palmas, será inaugurada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y por la vicesecretaria general del partido y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Se celebrarán cuatro comisiones: sobre municipios sociales, solidarios y saludables, coordinada por Abel Caballero, alcalde de Vigo; municipios sostenibles, dirigida por Antonio Muñoz, regidor de Sevilla; municipios sabios, smart cities y seguros, pilotada por Reyes Maroto, aspirante a la alcaldía de Madrid, y municipios sin brecha de género, comandada por la primera edil de Toledo, Milagros Tolón.

La conferencia se abre en un clima de prudente optimismo en el PSOE, de sensación de resistencia frente a un PP que «no para de recoger cable»

También se exhibirán las «buenas prácticas» que los socialistas quieren implementar en sus ayuntamientos y habrá una mesa redonda sobre mujer y poder local, que dirigirá la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y a la que iba a acudir Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que finalmente no viaja a España por las protestas por las reforma de las pensiones en la capital francesa. El domingo, la clausura correrá a cargo del anfitrión, el president Ximo Puig; la aspirante a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, y el presidente Sánchez.

La convención se abre en un clima de optimismo prudente en el partido, con la sensación de que la contienda será ajustadísima pero que el PSOE está resistiendo mejor de lo previsto la ola mientras que el PP, aseguran en Ferraz, «no para de recoger cable«, de rebajar expectativas. Los socialistas han recuperado autoestima tras unos meses muy duros de tensión.

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