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La activista nicaragüense Tamara Dávila se reencuentra con su hija en Estados Unidos tras dos años sin poder verla

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Es una de los 222 presos políticos desterrados por el régimen sandinista

Tamara Dávila, en una imagen de 2021.JORGE TORRESEFE

“Finalmente pude reencontrarme con mi hija en libertad, después de un año y ocho meses de estar separadas”, anunció Tamara Dávila, activista nicaragüense y una de los 222 presos políticos desterrados por el régimen sandinista a Estados Unidos. De rodillas junto a la sala de desembarque aeroportuario, entre lágrimas y emociones desatadas, la madre abrazó a la pequeña de siete años como si no quisiera soltar nunca más en un hecho recibido con alborozo por el exilio nica.

Dávila protagonizó la semana pasada un conmovedor alegato ante los embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Convertida en la voz de todos los excarcelados, la sobrina de Ana Margarita Vijil, una de las líderes de la disidencia sandinista, dejó claro que “en Nicaragua el terror continúa” y que “la dictadura mantiene rehenes a nuestras familias”.

“Agradezco profundamente al Gobierno y al pueblo de EEUU por facilitar esta reunificación, que espero pronto llegue para todas las familias de personas excarceladas políticas”, añadió la ex prisionera política, de 42 años, quien durante 22 meses de reclusión sufrió los horrores de la dictadura, desde la tortura psicológica al aislamiento total.

Pese a ello, la mayor crueldad fue la separación de su niña, quien presenció su detención violenta en 2021. “Fue la peor tortura que sufrimos”, reconoció Dávila, tras más de 50 días de permanencia en EEUU sin conseguir que las autoridades sandinistas permitieran el viaje de su hija. En julio de 2022, la opositora realizó una huelga de hambre para que permitieran el acceso de su hija a la prisión donde estaba encarcelada y sin verla por más de un año.

“Jamás debieron de estar separadas por una dictadura como la de Nicaragua, que destruye el país y separa familias”, denunció Arturo McFields, ex embajador nicaragüense ante la OEA, destituido por Ortega tras denunciar los horrores de la dictadura.

Las autoridades de Managua impiden estos reencuentros al negar o ralentizar la entrega de los documentos, tanto pasaportes como cédulas de identidad, a los familiares de los “traidores a la patria”. Y no sólo eso: partidas de nacimiento, pensiones de vejez, registros académicos y documentos del Registro Civil también han desaparecido. Una espada de Damocles de muchos filos con la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo prolonga su persecución y represión contra excarcelados y sus familias.

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