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La estrategia ‘de Estado’ del PP con las listas de Bildu da vía libre a Vox para agitar el voto más radical

La reanudación de la actividad política tras el puente y los primeros actos de campaña ya con ésta inaugurada ha tenido, no obstante, la continuidad del debate sobre las listas electorales presentadas por EH Bildu como gran objeto de atención. En la jornada del martes, los siete exetarras [de un global de 44 exmiembros de ETA integrados] condenados por delitos de sangre han publicitado su baja de las candidaturas, algo que en la práctica no podrá realizarse hasta una vez conocido el escrutinio y con baja voluntaria al estar ya consolidados los listados. Y sobre ello, los principales grupos políticos se han pronunciado. Desde la consideración de que esto es una victoria de las víctimas como ha declarado el Ejecutivo central o el PP [que insiste en la necesaria salida de los 37 candidatos restantes que militaron en ETA], hasta la de que el gesto de los abertzale no cambia nada y se requiere una ilegalización de la fuerza vasca, según Vox.

El Congreso de los Diputados ha sido epicentro del debate entre la derecha con los portavoces Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros como protagonistas y con Moncloa, por la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, y Alcorcón, donde Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un mitin junto al candidato local y diputado Antonio González Terol, como vértices secundarios de la cuestión. Y es que, aunque con diagnóstico similar, de que el marco del terrorismo puede ser el motor de oposición al Gobierno en este 28-M para condenar igualmente sus pactos con independentistas, PP y Vox hacen lecturas diferentes.

Los primeros optan por una respuesta de Estado al hecho, mientras que los segundos por agitar las arengas más duras de su ideario y pedir la ilegalización de EH Bildu. Ello, a su vez, supone un enfrentamiento entre populares y ultraconservadores por la capitalización del mayor número de votantes del mismo espacio ideológico posibles. Lo que puede determinar primero mayor o menor presencia en los feudos autonómicos y locales; y después mayor o menor dependencia mutua para pactos postelectorales como el de Castilla y León.

La posición de los populares se mantiene intacta desde el domingo. Y es la de que debe ser el Gobierno quien mueva ficha en primera instancia para abordar que 37 exintegrantes condenados de ETA sigan integrando las listas para las elecciones municipales vascas del próximo 28 de mayo. Y frente a valoraciones como la de Vox, de censurar a la formación de Arnaldo Otegi, el PP se mantiene firme: «vamos a seguir exigiendo que se cumpla con la legalidad y se utilicen los instrumentos» del Estado. Así lo indican fuentes populares, que continúan la línea marcada por Feijóo y profundizada desde la sala de prensa de las Cortes por Gamarra este martes.

«Cualquier presidente daría instrucciones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para conocer lo que está pasando. Pero Pedro Sánchez no lo hace porque se trata de Bildu, a quien ha convertido en su socio y de quien parece que va a depender en lugares como Navarra«, reconocen fuentes consultadas del PP. Aunque María Chivite parece desentenderse de los de Otegi en un principio, como ya ocurrió en los pactos autonómicos de 2019. En el PP, frente la la impulsividad de Vox, creen que este asunto debe abordarse de manera sosegada y respetando ciertos plazos establecidos. No entrando de lleno a valorar directamente la norma. Primero, que se «pida un informe» al organismo y después, cuando se consulte, se deliberará «si es necesario que se aplique la ley de partidos», insiste el PP.

El PP demanda un informe de la Abogacía del Estado para que se valore la situación de las listas de EH Bildu y si debe aplicarse la ley de partidos. Vox quiere ilegalizar ya a los abertzale al apreciar irregularidades notorias»

En Génova, como mando central de la campaña del 28-M, quieren poder acceder a un escrito de valoración de la Abogacía del Estado, pero ello solo puede hacerse vía Gobierno. Y lamentan que esta acción no haya sido iniciada como sí procedería de acuerdo a los precedentes históricos. «Cuando se instó una legalización, lo solicitamos PP [desde el Gobierno] y PSOE [desde la oposición]», recuerdan los conservadores en referencia al acuerdo de Estado de 2002 para ilegalizar a Batasuna.

En el PP requieren que, en contraste con otras cuestiones en las que no se ha podido colaborar, como en Seguridad y Defensa de cara a la cumbre de la OTAN [por citar alguna de las propuestas tendidas por Feijóo tras tomar relevo de Pablo Casado], en temas como el terrorismo, que «siempre ha sido clave», Gobierno y primer partido de la oposición sigan yendo de la mano para preservar el espíritu de la ley de partidos. Y aunque en principio valoran como «legal» la inclusión de estas personas en las candidaturas de EH Bildu, lo definen como «inmoral».

Pero, por el momento el PP no percibe voluntad en el PSOE. Es más, apuntan al último cara a cara de Feijóo con Sánchez para aludir que éste «prefiere criticar al PP» que a los de Otegi, que son quienes «evocan» a ETA. Esta actitud «puede reventar la campaña» al Gobierno, consideran los populares. Instantes después del cierre de la sesión de control al Ejecutivo, en los pasillos del Senado, voces autorizadas de Génova se lamentaban. «Sánchez ha obviado a concretar si renuncia a acuerdos parlamentarios y a los votos de EH Bildu. Esto demuestra que mantiene vigente su alianza (…) y la presencia de asesinos en las listas parece que tampoco le quita el sueño». Además, las mismas afeaban que el presidente intente «enfangar» la trayectoria de lucha y «defensa de la libertad» en el País Vasco de «un partido constitucionalista». Algo que también «deshonra» el legado del PSOE.

Vox sitúa al PP de perfil frente a EH Bildu

En este juego en el que el PP se intenta constituir como única opción de Estado y de respeto de los mecanismos constitucionales para acumular el mayor respaldo posible entre votantes moderados [incluido los decepcionados con el PSOE], Vox ha vuelto a cargar contra su estrategia de partido. Más, después de que no haya interferido en la última reunión de la Mesa del Congreso, donde la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet ha optado por rechazar la tramitación de urgencia de una iniciativa para ilegalizar a EH Bildu. Eso no deja posibilidad de debate plenario antes del 28-M. Por lo que el partido ya a anunciado que intentará otras vías jurídicas como la anulación de los resultados, de poderse hacer, o de trabajar para que la prohibición de la agrupación esté vigente antes de las generales.

Espinosa de los Monteros, desde el Congreso instaló en el mismo plano a PP y PSOE, en el de la falta de «voluntad» para «ilegalizar» a los abertzale pese ha haber «motivos». Recurrió, en definitiva, a el enfrentamiento de una dicotomía clásica: nosotros vs. ellos. Un reproche que cimenta, precisamente, en la ausencia de acuerdo como el producido en 2002 para combatir a Batasuna. Directo. Esta reducción de los populares al mismo plano que los socialistas, cuando buscan un pronunciamiento conforme a los «instrumentos del Estado» es una técnica que ya vienen desarrollando los de Santiago Abascal con cada oportunidad: la última el aborto. Y cada una de ellas, es acompañada por la coletilla: «el PP es el PSOE con diez años de retraso».

El PP defiende que la forma correcta de hacer frente a la inclusión de exetarras en las listas de EH Bildu son los mecanismos del Estado, lo entienda o no la ciudadanía»

Mientras que en una campaña económica Vox tendría complicado competir con el PP, las cuestiones más ideológicas y de corte nacionalista como lo fue la crisis catalana para su impulso político, le son determinantes. Y aunque no hay datos tangibles por el momento [tampoco en el último CIS, que sitúa el terrorismo como una de las menores preocupaciones de la ciudadanía] de a quién beneficia más abordar el problema del terrorismo, cuando se trata de cuestiones de este estilo, Abascal siempre acaba saliendo favorecido. Sobre todo cuando las cuestiones son complejas y requieren de intervención de elementos terceros como son los contrapesos del Estado. Que el PP requiera el respeto de esos procedimientos y una coordinación con el PSOE es ‘vendido’ como «falta de voluntad» por Vox.

La inseguridad y el perjuicio territorial da estabilidad en Bambú. Hay varios antecedentes. El ejemplo más reciente es el del debate de la sedición y la malversación, que estuvo ligado directamente con el procés: mientras que Feijóo abogaba por recuperar el estado del Código Penal previo, Abascal instaba a la acción por vía judicial y parlamentaria. Por todos los medios posibles. Eso, en las semanas siguientes entre noviembre y diciembre, produjo un incremento de Vox en los sondeos y derivó en la moción de censura que también fortaleció al grupo. Como contraste, en este tipo de campaña, partidos moderados como Ciudadanos, muy críticos con la cuestión, carecen de oportunidad de hacerse un hueco. Porque la reducción es la siguiente: o bien tomas medidas contundentes, o estás tolerando la situación.

Preguntado por el doble filo que supone para el partido centrar la campaña en EH Bildu y cuestiones como el terrorismo, en el que se entremezclan lo racional y lo emocional, otras fuentes del PP hablan de corrección. Ante una amenaza electoral como es Vox, concretan que hay ocasiones en las que se deben «hacer las cosas de forma correcta lo entienda la ciudadanía o no. Al menos los partidos de gobierno». «Los que no aspiran a gobernar pueden decir lo que sea, y los populistas aún más», sostienen desde el PP, que llama a preservar las formas y los instrumentos clásicos empleados hasta el momento. Recurrir a la Abogacía del Estado sin entrar a interpretar la ley de partidos de forma autónoma es esencial, aseguran.

Vox, por su parte, insiste en que la ley de partidos no deja duda. Alude al artículo 2, y a que los promotores de partidos no pueden estar condenados por terrorismo; al artículo 6, en el que se señala que una fuerza no puede proceder de otro grupo ilegalizado, en este caso Batasuna. Y también apelan a puntos como el 9.3, en el que la repetición de estas conductas pueden ser motivo de prohibición. En este caso, la inclusión reiterada de condenados por terrorismo. La próxima oleada de sondeos perfilará si Feijóo salen indemnes o si Vox se refuerza de cara a las urnas.

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