«Borrón y cuenta nueva, y vamos adelante». Estas palabras, pronunciadas por Daniel Ortega en su autoinvestidura tras el fraude electoral de noviembre de 2021, auguraban una tendencia a la radicalización de la dictadura nicaraguense que había ido acelerándose desde las protestas de abril de 2018.
Las consecuencias sociales de esa huida hacia adelante son, casi un año después, dramáticas. Hoy hay en Nicaragua al menos 195 personas que se reconocen como presos políticos. Muchos de ellos, potenciales candidatos a aquellas elecciones de noviembre, fueron encarcelados y han sido sometidos a torturas y régimen de aislamiento durante más de un año y medio.
Su salud se deteriora entre los muros del Chipote, complejo penitenciario nicaragüense y verdadero centro de suplicios. Estas son algunas de las razones por las que los presos políticos Miguel Mendoza, Róger Reyes, Irving Larios y Dora María Téllez suman hoy más de 22 días en huelga de hambre. Mientras tanto, la represión continúa y se extiende a las familias de los disidentes en un nuevo patrón que pasa del acoso y la amenaza al encarcelamiento de familiares en represalia.
En lo que va de 2022, el régimen de los Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de 2.242 organizaciones de la sociedad civil nicaraguense, además de 147 ONGs extranjeras. Más de 54 medios independientes han sido clausurados desde 2018.
Las heridas de las protestas de abril, mientras tanto, siguen abiertas. Al menos 335 personas fueron asesinadas en ese contexto, y sus familias siguen buscando verdad y justicia. Miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad fueron lesionados y se enfrentan ahora a problemas graves de salud frente al vacío entre un sistema público de salud que les rechaza y unos precios elevados de la sanidad privada a la que tienen dificultades para acceder.
Los Ortega y su aparato dictatorial expulsaron a miles de jóvenes de las universidades, robándoles el futuro. Decenas de miles de nicaragüenses se lanzan a un exilio incierto, sin saber muchas veces si se les permitirá el retorno a una patria de la que el régimen pretende excluirles. Este nuevo patrón, facilitado por la connivencia de las compañías aéreas, deja varados en cualquier escala a los nicaragüenses que deciden regresar. Extranjeros en un país al azar, privados de su patria.
Mientras tanto, la huida hacia adelante también se concreta en el ámbito internacional. La dictadura de los Ortega se sabe con pies de barro y radicaliza también su aislamiento ante una falta de apoyos cada vez más evidente a nivel regional e internacional.
A finales de septiembre, la dictadura declaró persona non grata a la jefa de delegación de la UE en Nicaragua, Bettina Muscheidt. Esta decisión injustificada y unilateral supuso un golpe en la mesa, una rabieta de Ortega en respuesta a los llamamientos europeos para que devuelva de una vez la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense.
La UE respondió esta semana de manera proporcional expulsando a Zoila Müller, representante del régimen nicaragüense ante las instituciones europeas. Este mismo jueves, la UE renovaba las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses, incluyendo a varios hijos de Ortega y a Rosario Murillo.
La OEA aprobó también el pasado 7 de octubre una nueva resolución para condenar la deriva represiva del régimen y ofreció creación de una comisión de alto nivel con el objetivo de discutir «todos los asuntos pertinentes» con Managua.
Hay que seguir haciendo esfuerzos a todos los niveles para ser creativos en la búsqueda de vías de apoyo a la gente que sufre hoy dentro y fuera de Nicaragua. Pero la comunidad internacional no puede caer nunca en la trampa de Ortega. El diálogo con Managua no puede ser a cualquier precio.
Mientras tanto, el dictador sigue estrechando sus vínculos con Rusia. En la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 12 de octubre para condenar la ocupación de territorios ucranianos, tan sólo cinco países votaron en contra. Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, la propia Rusia y… Nicaragua. Otro claro autorretrato de la dictadura. No en vano, tras las protestas de abril de 2018, Rusia se esmeró en señalar que la represión de los Ortega era «un asunto puramente interno». Tan sólo un mes después se firmaría entre ambos estados el Memorando de Intención en Materia de Cooperación Consultiva, abriendo una vía de comunicación más estrecha que incluye también el apoyo militar.
Los Ortega saben algo que también nosotros sabemos: la sociedad civil nicaragüense resiste, vigila, denuncia, informa, investiga»
Esta huida demuestra el miedo de Ortega al futuro, la búsqueda desesperada de aliados que le hagan mantenerse a flote. Los Ortega saben algo que también nosotros sabemos: la sociedad civil nicaragüense resiste, vigila, denuncia, informa, investiga. Pese a la represión, sigue encontrando las vías para organizarse. Nuestro papel es estar a su lado.
Fue la sociedad civil -en particular, el Colectivo 46/2- la que, con su empeño, consiguió el establecimiento de un mecanismo independiente de rendición de cuentas de los crímenes de la dictadura por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reciente anuncio de la apertura de una investigación del Ministerio Público Fiscal de Argentina sobre Ortega, Murillo y los responsables de ordenar o ejecutar la persecución política y religiosa, habilitándose así una vía de jurisdicción universal, es otro triunfo de la sociedad civil que resiste. La justicia tardará, pero llegará. Tarde o temprano, como escribe Gioconda Belli “se ablandará la tierra bajo los pies de los tiranos”.
Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos