La presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, Dori Majali, ha señalado este sábado, cuando se cumplen 19 años del atentado terrorista que dejó 193 víctimas mortales en Madrid, que sólo falta un año para que los hechos prescriban, por lo que están impulsando reuniones con diferentes grupos parlamentarios para lograr que el Gobierno aclare si a día de hoy hay alguna diligencia abierta.
En una entrevista a Europa Press, la presidenta de esta asociación, que reúne a más de 600 víctimas de diversos atentados yihadistas, ha explicado que carecen de información «concreta y seria» sobre si hay material que pudiera ser susceptible de impulsar la causa para conocer los autores intelectuales y financieros de los atentados. Les consta que hay información clasificada, pero lamentan que cuando llegue el momento de la desclasificación de esos secretos pueda ser tarde porque se hayan cumplido los 20 años que estaban fijados para la prescripción en el momento de las explosiones.
En este sentido, Majali ha recordado que la propia sentencia de la Audiencia Nacional, de 2007, y la del Tribunal Supremo no señalaban a los autores intelectuales o financieros, y apunta que ahora «a partir de 11 de marzo de 2024, si prescribe, en el momento en el que haya indicio o cuestión que pueda señalar a esos autores ya no podrán ser juzgados».
Ese día de marzo de 2004, a primera hora de la mañana, diez de las trece bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de Cercanías de Madrid en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez, dejando un total de 192 víctimas mortales. Otra víctima, que estaba en coma, murió años después.
Esta asociación considera que en cualquier momento puede conocerse algún dato o indicio que por fin resuelva las incógnitas que giran en torno a esa tragedia, y su presidenta advierte de que en el yihadismo terrorista las redes operan a nivel internacional por lo que en otros juicios como el de la Sala Bataclán o el de los atentados de Bélgica «no es descartable que surja información que conecte con los autores del 11-M». Añade que si ese hallazgo «surge tras el 11M de 2024, –los autores– quedarán impunes».
‘Doctrina Miguel Angel Blanco’
A pesar de que el reloj corre en su contra en la prescripción del delito de terrorismo -si hubiera ocurrido hoy, con la reforma del Código Penal de 2010 ya no prescribirían-, la presidenta indica que existe una segunda vía distinta a la apertura de diligencias antes de 2024, y es la «doctrina Miguel Ángel Blanco«.
Así, ha explicado que la asociación se ha personado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional en la que se investiga al ex jefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y otros dirigentes etarras como autores intelectuales del asesinato del concejal de Ermua.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció por primera vez sobre esa doctrina impulsada por el abogado de la asociación Dignidad y Justicia en un auto en el que respaldó la decisión del juez Manuel García Castellón de mantener imputado a ese etarra al considerar que aún no era el momento procesal oportuno para aclarar si los delitos habían prescrito para él, subrayando que tal decisión correspondería al tribunal que en su día juzgue el caso.
Para Marjali, esta doctrina impulsada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, que también es letrado de esta asociación, «abre la puerta» a declarar la imprescriptibilidad de los atentado del 11-M. Según la tesis del abogado, todos los asesinatos terroristas que no hubieran prescrito cuando España declaró imprescriptible dicho delito –2010– ya no podrán caducar nunca.
Los jueces «no fueron capaces»
El experto internacionalista se apoya en el Convenio Europeo sobre la Imprescriptibilidad (CEI) de 1974, pero vigente desde 2003, el cual declara la no prescripción de los crímenes de guerra, lesa humanidad y «otras conductas de naturaleza comparable» a las que el Estado quiera dar tal categoría.
En su artículo 2.2 establece que cuando el Estado miembro en cuestión (España) incorpora el convenio a su ordenamiento interno debe aplicarlo a todos los crímenes que tuvieran dicha consideración, incluidos los que se hubieran cometido antes, siempre que su plazo de prescripción aún estuviera abierto.
En cualquier caso, Majali ha apuntado que la intención de esta asociación no es criticar el trabajo del tribunal que juzgó los atentados sino que sólo quieren saber «quién lo hizo, cómo se pagó y por qué se hizo». «A cualquiera que haya sufrido un acto violento en su familia y entorno (…) buscará saber quién lo hizo y por qué», ha añadido, para sumar que «no es de recibo que quienes idearon y pagaron para matar a 193 personas no hayan sido señalados».
Al hilo, ha citado la investigación sobre el 11-M que realizó el investigador Fernando Reinares, que en su último libro apuntaba a un supuesto autor intelectual. «¿Por qué un investigador señala a una persona y nuestros jueces no fueron capaces (…)? Hay cuestiones pendientes de resolver desde el momento en el que no nos dicen quien ideó y pagó el atentado», ha añadido.
La Asociación de Víctimas del 11-M ha hecho además a través de una nota de prensa un llamamiento para recabar fondos por medio de donativos a través de su web ‘www.ayuda11m.org‘ con los que sufragar el coste de abogados para mantener su personación en causas como la de Miguel Ángel Blanco.