Hace apenas seis años que los últimos economatos públicos echaron el cierre y pasaron a manos privadas. La empresa pública Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa) logró desprenderse en 2017 de los 12 establecimientos que tenía como parte del beneficio social de sus empleados en Asturias y que, con los años, acabaron abiertos al público general.
Pero con el ocaso de la minería y la labor extractiva, la empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), optó por ahorrar costes dentro de su proceso de reconversión, pues le costaban cerca de 3 millones de euros al año. Así, acabó por traspasar los economatos al grupo privado El Arco, tras un largo proceso de venta que se alargó durante años y en el que mostraron su interés cadenas como Masymas, Alcampo -a través de su filial Simply Sabeco- y el grupo Santagadea.
Numerosas empresas públicas como Renfe establecieron los economatos como parte de los beneficios sociales para sus empleados. Llegó a haber uno en cada capital e incluso un tren especial que los llevaba a cada rincón del país. «Pero en cuanto llegaron los súper y los hipermercados se deshicieron de ellos en cuando pudieron porque nos les salía rentable», recuerdan fuentes del sector de la distribución.
Lo habitual es que en estos establecimiento se vendieran productos a un precio inferior al del mercado. El de los economatos de la hullera pública o de la empresa ferroviaria son ejemplos similares a la última propuesta electoral de Podemos, que ve posible poner en marcha una cadena de supermercados públicos como solución a la subida del precio de los alimentos y como una manera de «hacer frente al oligopolio de la alimentación liderado por el capo Juan Roig«, en referencia al presidente de Mercadona.
Al margen de las experiencias extranjeras en países de Latinoamérica como Cuba o Venezuela, desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) recuerdan que ya hubo en Españas otras dos experiencias de cadenas de supermercados en manos públicas que acabaron teniendo que ser traspasadas al sector privado.
Una de esas fue la aragonesa Dirsa (Distribuciones Reus S.A). Tras su nacimiento en 1981 y una expansión que le llevó a tener 600 establecimientos -muchos de ellos bajo franquicia-, fue adquirida en un 75% por la empresa pública Tabacalera por 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros).
Tras el cambio de cúpula de la compañía estatal, la aventura empresarial terminó naufragando. Así, bajo el gobierno socialista de Felipe González, la cadena fue de nuevo traspasada a manos privadas. A pesar de que Tabacalera ya había formalizado un precontrato con Centra, se vendió al banco BBV (ahora BBVA) y los grupos Continente y Promodès. Así, la cadena acabó en 1996 en manos de lo que hoy es el grupo Dia.
Otra de las experiencias fue la de Jobac, que toma el nombre del fundador y dueño de la cadena, José Bacete Cardós -fallecido en 2009-. La compañía valenciana nacida a finales de los cincuenta como una tienda de barrio llegó a tener más de 1.300 trabajadores en 80 locales y mantuvo la propiedad familiar hasta su venta en 1988 a la firma pública Mercasa -que ahora gestiona la red de mercados públicos-.
Pero nuevamente, la aventura pública duró poco tiempo frente a la oferta privada. Y en 1991, Jobac se traspasó a la emergente cooperativa Consum, contribuyendo a reducir la deuda de la firma pública. El precio a pagar fue de 6.500 millones de pesetas (más de 39 millones de euros).
El director general de la organización patronal de distribuidores y fabricantes, José María Bonmartí, rechazó el pasado martes la idea de los morados y aseguró que «no aportaría nada en un sector de enorme complejidad donde intervienen muchos eslabones y teniendo en cuenta que es un sector con mucha competencia».
Según explican fuentes del sector a El Independiente, empezar ahora una cadena de cero sería directamente «imposible», mientras que la opción de comprar una en marcha por parte de los poderes públicos supondría un gran reto para lograr algo de rentabilidad. Todo ello sin olvidar los posibles problemas de competencia que podría suponer la incursión del Gobierno en este ámbito de la distribución alimentaria.
Por contra, El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, sostuvo esta semana que la propuesta de crear una red de supermercados públicos es «perfectamente viable» y bueno para la economía. Según los cálculos expuestos por el partido morado, su puesta en marcha generaría 50.000 puestos de trabajo, sin contar los empleos indirectos que acarrearía su actividad.
Según Echenique, la cadena de súper públicos podría extenderse con divisiones a varios escalones la cadena alimentaria como la logística. «Hasta hace poco teníamos una línea aérea, Iberia, o una gran empresa de telecomunicaciones como es Telefónica y hasta hace pocos años en España había bancos públicos», se esforzó en defender Echenique sobre la propuesta electoral.
En todo caso, aclaró que se trata de iniciativa pensada para el medio plazo. Frente a la actual situación, los morados ya han propuesto otras medidas que también encuentran fuertes problemas de competencia, como topar la cesta básica de la compra, o aplicar bonificaciones parciales para que los hogares puedan amortiguar el impacto de la inflación en sus bolsillos.
El portavoz morado abundo en que su propuesta electoral también perseguiría proteger «a los pequeños y medianos productores del campo que muchas veces se ven obligados a vender a pérdidas o a vender a precios muy bajos por el abuso de posición dominante que las grandes cadenas». Aunque no dio ninguna clave sobre cuál es la fórmula que usarían para hacerlo sin que la propuesta naufragase o fuera altamente deficitaria.