«Eres un orgullo, has convertido Barcelona en un referente internacional, gracias por estar aquí». Con estas palabras se refería Yolanda Díaz en la presentación de Sumar a Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona se ha convertido en el referente favorito de la aspirante a ser «la primera presidenta de España» cuando se trata de ejemplificar su modelo de política. La regulación de la vivienda y la movilidad son las banderas de Colau con las que Yolanda Díaz se identifica. Pero no todos comparten el entusiasmo de la vicepresidenta segunda del Gobierno por los resultados de esas políticas.
Ada Colau llegó en 2015 a la alcaldía de Barcelona con la promesa de 4.000 nuevos pisos de vivienda pública por mandato. Llega al final del segundo mandato con un balance que se queda muy lejos y aún así es infinitamente mejor que el del Gobierno o la Generalitat. En ocho años de gobierno de los comunes Barcelona habrá ganado 4.600 pisos para el parque público de alquiler, según el balance presentado por la propia Colau en febrero.
De ese total, 1.500 son viviendas de nueva construcción, a las que cabe sumar 600 que se terminarán este semestre, según el consistorio. Otros 1.500 son los que se han comprado o han sido cedidos por grandes tenedores como la Sareb o bancos. Los mil restantes son pisos de particulares que se han acogido al plan del Ayuntamiento para ofrecer precios asequibles a cambio de avalar los alquileres.
Fracasa la reserva del 30%
Hasta aquí los éxitos. Pero la agresiva política de vivienda de Colau cuenta también con sonoros fracasos. Para empezar, la reserva del 30% de todas las promociones y rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados, con la que el Ayuntamiento esperaba ampliar en 334 viviendas anuales el parque público.
Según el informe «La vivienda y su importancia económica y social» presentado por Foment del Treball y la Asociación de Promotors de Catalunya (APCE) en noviembre de 2022, desde la aprobación de dicha medida a finales de 2018 solo se han concedido 11 licencias de obra que incorporan su reserva del 30% de VPO. Lo que se traduce en tan solo 52 viviendas en cuatro años.
Promotores y constructores han denunciado, además, que la medida ha provocado un parón en la construcción de nueva vivienda en la capital catalana. Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso, reclamaba hace unas semanas «una revisión profunda de la política de vivienda en Barcelona».
Tope al alquiler
El tope a los alquileres que se aplicó en Cataluña durante el año y medio de vigencia de la ley de contención de rentas aprobada por el Parlament se saldó con una caída del 15% de la oferta de pisos y una reducción de los precios de alrededor del 5%, según un estudio de la UPF. La medida entró en vigor en septiembre de 2020 y fue anulada en marzo de 2022 por sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la competencia del Parlament en esta materia.
«Limitar los alquileres no funciona», concluyó el autor del estudio, el profesor Josep Maria Raya, que instó a las administraciones públicas a aumentar la oferta de pisos y, sobre todo, los de alquiler social, para resolver el problema del acceso a la vivienda. Sin embargo, tanto Podemos como los Comunes y Yolanda Díaz presionan al sector socialista del Gobierno para recuperar ese tope a los alquileres con una ley estatal.
El resultado de estas medidas intervencionistas ha sido un mercado más tensionado, que explicaría el aumento de precios en Barcelona por encima de la media española.
Crece el precio de la vivienda
Durante 2022, el incremento del precio de la vivienda en la Ciudad Condal fue del 3,2% hasta alcanzar los 4.058 euros por metro cuadrad. Son datos recopilados por el portal Idealista que sitúan a Barcelona como la segunda ciudad más cara de España, tan solo superada por San Sebastián (5.123 euros el metro cuadrado). En Madrid (3.939 euros).
Además, en nueve de los diez distritos que conforman la ciudad el precio ha subido en el último año. Tan sólo ha bajado en Sant Martí y lo ha hecho un escueto 0,5%. Incluso, si trasladamos el escenario a los barrios, de los 64 existentes, 45 han subido precios; en dos permanecen estables; y en 17 han bajado. Es decir, que los precios se han elevado durante 2022 en tres de cada cuatro barrios.
Las superillas
El otro gran caballo de batalla de Colau ha sido la movilidad. O más concretamente, la guerra al coche privado, en el que ve el principal agente de la contaminación. Colau se ha propuesto reducir al máximo el espacio para el coche privado y recuperarlo para los peatones con medidas que van desde la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones -la primera en España- a las superillas o, más recientemente, la «tasa Amazon» que penaliza a los vehículos de reparto.
Pero la más polémica es sin duda la creación de superillas. Estos espacios vedados al tránsito rodado se han convertido ya en uno de los prinicpales caballos de batalla de las elecciones municipales. Señal de identidad de los Comunes, Xavier Trias se ha comprometido a revertirlas hasta donde sea posible, mientras los socios de Colau –Jaume Collboni del PSC y Ernest Maragall de ERC- se desmarcan aparatosamente sus últimos avances en el Ensanche barcelonés.
El pasado septiembre se cumplieron seis años de la creación de la primera de ellas, en el perímetro formado por las calles Badajoz, Pallars, Llacuna y Tànger, en el barrio del Poblenou. Poco antes, el 69% de los barceloneses se mostraba en contra de las superillas y el 60% se oponía a la planificación urbanística de Colau, según una encuesta de la asociación Construïm Barcelona sobre movilidad.
Tras la prueba piloto del Poblenou, en 2020 se inició una nueva fase de creación de superillas en el Ensanche. La intención del gobierno municipal, en su segundo mandato, era «establecer 42 nuevos ejes y plazas verdes en un plazo de 10 años». La primera, en el entorno del mercado de Sant Antoni, ha generado un fuerte debate entre vecinos y comerciantes, al tiempo que se disparaban los precios de las vivienda en las calles «pacificadas».
Las elecciones llegarán con las calles Consejo de Ciento y Girona o el entorno de la Sagrada Familia en plenas obras para la construcción de nuevas superillas que según sus detractores dan al traste con el modelo de Ildefons Cerdà y destrozarán la movilidad en la capital catalana.
Tres denuncias
El exarquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Antoni Acebillo, la Cámara de la Propiedad Urbana y la entidad Salvem Barcelona impulsaron tres denuncias para intentaron frenar la superisla del Ensanche. En el caso de Acebillo, remarca que los trabajos en las calles de Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona supondrán un cambio de usos obligado para trabajadores, peatones, comerciantes o usuarios en general del entramado urbano. En otras palabras, se denuncia la demolición del plan Cerdà.
La Cámara de la Propiedad Urbana destacó la tramitación llevada a cabo para los trabajos. «A pesar de su trascendencia y de su previsible impacto, los proyectos aprobados han sido tramitados como simples obras ordinarias de reurbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que, como defiende esta parte obligaban a una modificación previa del planeamiento vigente«.
Salvem Barcelona, que optó por la vía penal, también hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo una modificación del planteamiento urbanístico para materializar los trabajos.