Fueron los primeros objetivos del espionaje de Pegasus. Antes de que fuera usado para escudriñar a mandatarios españoles, franceses o argelinos, el software de fabricación israelí en manos de los servicios secretos marroquíes sirvió para sembrar el terror y el silencio puertas adentro, en los despachos y las redacciones de Marruecos. Ahora las víctimas marroquíes de Pegasus unen fuerzas para constituirse como colectivo y presentarse como acusación particular en el proceso que en Bruselas investiga el Qatargate, la trama de corrupción en el Parlamento Europeo con implicación directa de Rabat.
“Consideramos haber sufrido graves perjuicios como consecuencia de las acciones de la red de corrupción en el seno del Parlamento Europeo de la que son presuntos miembros Pier Antonio Panzeri, Eva Kaili y Andrea Cozzolino”, establece el comunicado de constitución de un colectivo en el que están integrados algunos de los activistas, abogados y defensores de derechos humanos mencionados en la histórica resolución del Parlamento Europeo que el pasado enero condenó la represión en Marruecos, con el voto en contra de los europarlamentarios del PSOE.
El pasado diciembre la institución, con sede en Estrasburgo, se vio envuelta en un escándalo que forzó la destitución de la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, actualmente en prisión preventiva, tras destaparse la trama de corrupción orquestada por el ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri con la supuesta implicación de Qatar y Marruecos a cambio de influir en decisiones políticas. Entre los firmantes del colectivo, figuran los periodistas Maati Monjib, que tiene prohibido abandonar el país, Omar Brousky y Hicham Mansouri, exiliado en Francia; el reportero encarcelado Soulaiman Raissouni; y el defensor de derechos humanos Fouad Abdelmoumni.
También ha rubricado el manifiesto Mohamed Ziane, el ex ministro marroquí de Derechos Humanos que permanece en prisión desde el pasado noviembre tras criticar al rey Mohamed VI y reclamar su abdicación. Muchos de los firmantes han sido condenados en base a supuestos delitos sexuales que ellos niegan, en una persecución condenada por las organizaciones de derechos humanos internacionales. “El comportamiento de los eurodiputados implicados es escandaloso e inexcusable”, señala en conversación con El Independiente Ali Reda Ziane, abogado e hijo del ex ministro. “En Marruecos hay periodistas y activistas en la cárcel y a ellos lo único que les importó es vender la libertad de la gente por dinero. Nos vendieron por unos euros ¿Es ese el precio de nuestras vidas?”, se interroga.
Demanda civil contra la trama corrupta
El grupo de víctimas ha optado por “presentar una demanda civil en el marco de la investigación en curso ante la justicia belga” contra unos políticos que, según el sumario publicado hasta la fecha, habría recibido dinero en efectivo de Qatar, Marruecos, Mauritania y Arabia Saudí en un episodio que ha dejado al descubierto la exposición del Parlamento y la falta de regulación y control ante las influencias de otros países.
En la trama también están implicados la pareja de Kaili y su asesor parlamentario, el italiano Francesco Giorgi y Niccolo Figa-Talamanca, responsable italiano de una ONG bajo sospecha de realizar pagos a eurodiputados. Están acusados de “organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero”. El pasado 11 de febrero fue detenido, además, el eurodiputado italiano Andrea Cozzolino, quien se halla bajo arresto domiciliario mientras la justicia belga dirime la orden de detención contra él.
Los demandantes marroquíes no sólo se consideran víctimas del aparato de inteligencia marroquí sino también del grupo que orquestó la trama delictiva en Estrasburgo. “Fueron miembros de la comisión de derechos humanos y fueron pagados para no dejar que esa comisión hiciera su trabajo y ayudar a las víctimas de derechos humanos en países como Marruecos. El comportamiento de esta gente fue muy perjudicial para mi padre”, reconoce Ali Reda en nombre de su progenitor, un conocido político marroquí que a sus 80 años se halla entre rejas por expresar en público sus opiniones sobre la élite política del país.
Somos ciudadanos y familiares de los ciudadanos detenidos arbitrariamente
En el escrito en el que constituyen el colectivo, explican que sus nombres fueron “objeto de una resolución del Parlamento Europeo, que los menciona nominalmente para algunos e implícitamente a otros, como víctimas de graves violaciones de sus derechos fundamentales debido a sus actividades como defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y políticos”. El 19 de enero, en la resolución no vinculante, el Parlamento Europeo denunció el deterioro de la libertad de prensa en Marruecos y expresó su “inquietud” por las acusaciones de corrupción contra Rabat. A modo de represalia, Marruecos anunció su intención de «reevaluar» sus relaciones con el Parlamento Europeo y rechazó cualquier «injerencia» en los asuntos del país.
En su opinión, la resolución, que rompió décadas de silencio sobre la monarquía alauí y sus tácticas de persecución y represión, “establece el vínculo entre las graves violaciones de derechos fundamentales de dichos ciudadanos y las acciones de la red de corrupción en el seno del Parlamento Europeo de la que Pier Antonio Panzeri, Eva Kaili y Andrea Cozzolino son presuntos miembros”. “Somos ciudadanos y familiares de los ciudadanos detenidos arbitrariamente, víctimas de las acciones de la red de corrupción en el seno del Parlamento Europeo”, apunta el pliego de fundación de la asociación de víctimas.
Acción legal contra el fabricante de Pegasus
Una reclamación que se suma a la presentada también contra NSO, la propietaria del software Pegasus. El colectivo de víctimas se ha sumado al procedimiento judicial abierto en California a instancias de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras redes sociales tras acusar a la compañía israelí de haber infectado sin su consentimiento a 1.400 clientes a través de un mensaje en WhatsApp.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite la demanda de Meta contra NSO el pasado 9 de enero, tras una petición inicial de NSO de retirar la denuncia presentada inicialmente en octubre de 2019 ante un tribunal federal de California.
Las víctimas marroquíes de Pegasus “recibieron una carta oficial de WhatsApp, propiedad de Meta, advirtiéndoles de que sus teléfonos personales habían sido criminalmente interferidos por el software espía Pegasus a través de la aplicación WhatsApp”, detalla el comunicado. “La intrusión delictiva causó a las víctimas un grave perjuicio, debido a sus actividades como defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y políticos”, agrega la declaración que anuncia su decisión de sumarse al procedimiento en suelo estadounidense.