El Gobierno no quiere que haya malentendidos. Su advertencia es clara: si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no retira directamente la proposición de ley de PP y Vox en el Parlamento regional que pretende regularizar un millar de hectáreas de regadíos ilegales en la corona norte de Doñana, no habrá ninguna negociación posible. Nada. Es condición sine qua non. Porque además el Ejecutivo se siente «engañado» por Moreno, ya que reactivó una iniciativa que considera «ilegal» después de que se mantuviera la interlocución en los últimos meses. No hay más margen.
Las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no podían ser este martes más duras. Lo llevan siendo en los últimos días y semanas, porque el Gobierno siente que este es un poderoso eje de campaña del 28-M y que ha de explotar el tropiezo de Moreno. «Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la Unesco y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ellos», con la Junta de Andalucía, señaló Ribera a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Pedro Sánchez no se va a apear de su presión a Moreno, y tiene toda su confianza depositada en la vicepresidenta tercera, considera autoridad en la materia y valor segurísimo de su Gabinete.
Ribera presentó este martes el informe de situación de Doñana, pero su presencia se justificaba por la voluntad expresa de los socialistas de centrar el foco, en este último tirón de la precampaña del 28-M, en la emergencia climática y en la supervivencia del parque nacional, uno de los humedales más grandes de Europa, patrimonio mundial de la Unesco desde 1994 y parte de la Red Natura desde 2000. Ayer lunes, el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se reunió con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, y tras la cita el Ejecutivo comunitario mostró su «profunda preocupación» por la proposición de ley andaluza, que iría «en sentido contrario» a la obligación de proteger Doñana —obligación que España no ha atendido y por la que fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021— y podría «degradar» el humedal.
Pacheco subrayó este martes en varias entrevistas radiofónicas que hay «margen de mejora» en la iniciativa y reclamó al Ejecutivo de Sánchez que se siente a buscar una solución de consenso, y contrapuso la actitud de la Comisión, que «en cinco días» se ha reunido con la Junta para analizar la proposición de ley, con la del Gobierno, que solo busca, alegó, sacar rédito electoral mientras se niega a un nuevo encuentro.
Ribera insistió a los periodistas, como hiciera ayer lunes, tras el encuentro en Bruselas de la Junta y la Comisión, que no cabe negociación: «Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al Plan Hidrológico del Guadalquivir [aprobado el pasado enero], que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los ríos Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales».
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