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Todas las investigaciones sobre ‘Pegasus’ naufragan un año después de la crisis

La crisis que originó el espionaje a través de ‘Pegasus’ se llevó por delante a la que fuera directora del CNI Paz Esteban quien, paradójicamente, ha sido la más colaboradora en la investigación que se abrió sobre este caso en la Audiencia Nacional. Cuando se va a cumplir un año del escándalo por el que se supo que hasta el móvil del presidente del Gobierno había sido infectado con el spyware israelí, ninguna de las causas abiertas ha logrado esclarecer ni una sola duda.

Esteban fue destituida un 10 de mayo y algo menos de un mes después, el 3 de junio, se sentó delante del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para contar todo lo sabía sobre ‘Pegasus’. Este software que vende la empresa NSO con sede en Israel, solo se oferta supuestamente a gobiernos y es capaz de meterse en un dispositivo móvil y robar toda la información que hay en su interior. La polvareda que se levantó cuando el CNI reconoció haber espiado al menos a 18 políticos y activistas independentistas -incluido el president Pere Aragonès- a través de este método, provocó que repentinamente el Gobierno reconociera que entre sus miembros también había víctimas.

El ministro de la Presidencia Félix Bolaños convocó una rueda de prensa un día festivo y reveló que el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el del presidente, Pedro Sánchez, habían sufrido ataques entre mayo y junio de 2021. Todas las miradas se pusieron en Marruecos, un país con el que para entonces España tenía un conflicto migratorio de primer orden por la frontera de Melilla. Pero todo se ha quedado ahí, en meras especulaciones. La investigación no ha logrado aún esclarecer nada, según las fuentes consultadas.

La Abogacía del Estado (de parte del Ejecutivo) interpuso una querella en la Audiencia Nacional y Calama no solo escuchó a Esteban, sino que quiso conocer la versión de todos los perjudicados. Pero los intentos del juez por escucharlos han sido infructuosos. A pesar de que Calama pidió que fuera presencial o, en su defecto, que se hiciera a través de videoconferencia porque así las repreguntas se hacían más sencillas y los matices se captaban mejor, ni Bolaños, ni Marlaska, ni Robles aceptaron esta petición. Contestaron por escrito y, en la mayoría de casos, vaguedades o pocos detalles que pudieran esclarecer lo sucedido, señalan diversas fuentes. Entre las preguntas del magistrado -y las pocas que escribió la Fiscalía- se pretendía saber cómo pudo entrar el malware en el teléfono, si pincharon algún enlace, si les llegó algún mensaje, etc.

El togado solicitó al Centro Criptológico Nacional (CCN) que guardara el volcado de los dispositivos por si, con el tiempo, se pudiera llegar a saber qué se robó concretamente y no sólo la cantidad de datos. Pero prácticamente nada ha dado resultados. La última diligencia ha consistido en repetir la petición de información a Israel. El juez envió en los primeros días una comisión rogatoria en la que pedía trasladarse al país para entrevistarse con miembros de NSO-group. Nadie contestó y nada parece indicar que en este recordatorio enviado hace unas semanas vaya a tener un mejor destino.

Tampoco hay éxito en Cataluña

El problema no reside únicamente en la investigación de la Audiencia Nacional. Los políticos catalanes también presentaron diversas querellas en juzgados de Barcelona y de Madrid para aclarar hasta dónde llegó este espionaje del CNI y si fue el único organismo que accedió a sus teléfonos. Igualmente inútil.

La querella que interpuso el president de la Generalitat lleva un año entero a vueltas con la competencia sin que nadie haya ni siquiera empezado a investigar. El asunto recayó en el juzgado de instrucción número 29 y el juez lo reenvió a la Audiencia Nacional por creer que las competencias eran suyas. A su vez el abogado de Aragonès recurrió esta decisión a la Audiencia Provincial de Barcelona y está a la espera de que la Sección 9 de este órgano resuelva el recurso. El caso se ha difuminado en una cuestión de competencias.

Algo similar le ha ocurrido al abogado Gonzalo Boye que presentó a título propio una querella en los juzgados de Madrid para saber por qué y cómo había sido espiado él, pues su teléfono daba positivo en el virus. El juez le pidió que entregara su móvil en sede judicial para analizarlo, pero el letrado se negó y ha recurrido la decisión a la Audiencia provincial de la capital. Tampoco aquí se ha practicado una sola diligencia más.

La misma suerte corrían el diputado de ERC Josep María Jové y la eurodiputada Diana Riba en el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, pero la Audiencia Provincial de la ciudad condal sí ha dado un paso adelante obligando al juez instructor a practicar una serie de diligencias. Ambos han sido citados el próximo 26 de mayo a declarar y el juez ha cursado una petición al Consejo de Ministros para que desclasifiquen la información que sea necesaria ya que debe llamar a declarar a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Si se tiene en cuenta lo que contestó el Gobierno cuando el juez de la Audiencia Nacional pidió lo mismo («no hay nada que desclasificar»), tampoco las expectativas en esta investigación están demasiado altas.

El rapapolvo de Europa

Y mientras, Europa mira de reojo. El pasado mes de marzo una misión visitó Madrid y reconoció que «las víctimas» se encontraban «atascadas en el sistema». «¿Qué pasó? Estamos teniendo dificultades para establecerlo porque hay pocas, si no ninguna, información oficial», denunció la eurodiputada Sophia In’t Veld. Los órganos de Bruselas han advertido en diversas ocasiones del grave peligro para los derechos fundamentales que tienen este tipo de programas de espionaje.

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