El 2022 fue el año de la gran pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores españoles. Al menos, el peor de los últimos 20 años, puesto que la enorme subida de precios que se experimentó en todo el país no se correspondió con incrementos salariales equivalentes, ni cercanos a eso. En el conjunto de 2022, los precios aumentaron de media un 8,4%, casi el triple de lo que lo hicieron en 2021 (3,1%) y más de lo que nunca lo han hecho en los últimos 36 años.
En cambio, los sueldos pactados entre empresas y trabajadores a través de la negociación colectiva tan solo subieron un 2,8% en todo el año. Es decir, que aumentaron tres veces menos de lo que lo hizo la inflación, en lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo desde que hay estadísticas disponibles. Los únicos que vieron equiparadas sus rentas con el IPC fueron los pensionistas, gracias a la nueva ley que vincula estas prestaciones a los precios, y los perceptores del ingreso mínimo vital, puesto que así se pactó de cara a los presupuestos generales del Estado de 2023.
La propia OCDE venía a apuntalar estos datos la semana pasada, cuando publicó un informe que recogía que España es la gran economía del euro donde más bajaron los salarios reales en 2022 (un 5,3%). Señalaba también que los trabajadores españoles perdieron diez veces más poder adquisitivo que los franceses y más del doble que los italianos, hecho ensanchado por la negativa del Gobierno a adaptar los tramos de IRPF.
En este contexto cabría esperar que las protestas de los trabajadores españoles multiplicasen, pero los datos de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, muestran que la protesta apenas consiguió reunir más asistentes que el año pasado en Madrid, y que quedó en línea con otros años como 2018. En el caso de Barcelona y si se tienen en cuenta los datos de los propios sindicatos, la jornada reunió a 25.000 personas menos que en 2019, el año previo a que estallase la pandemia, y apenas 2.000 más que el mayo pasado, tal y como se observa en el gráfico.
«La CEOE tiene que sentir el aliento de las calles de nuestro país», aseguraba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la rueda de prensa previa a la manifestación del día de trabajador. Sin embargo, el estancamiento de la asistencia a la convocatoria fue claro.
Si se tienen en cuenta los datos que proporcionó cada año la delegación del Gobierno, el recuento sale parecido, puesto que según la hemeroteca en Madrid este año y el pasado se contabilizaron 10.000 asistentes, en 2019 «varios miles» y en 2018 unos 10.000, algo superior en 2017, de 12.000. Es decir, que este año no habría superado las cifras de estos cuatro ejercicios, sin tener en cuenta los años de la pandemia. En el caso de Barcelona, la Guardia Urbana también suele contabilizar menos de la mitad que los sindicatos, recogiendo 2.000 asistentes a la manifestación de este año,1.000 en la de 2022, 8.000 en las de 2019 y 2018 y 5.000 en la de 2017.
En otras recientes manifestaciones la convocatoria ha tenido mucho más éxito, pero ninguna estaba relacionada con los salarios ni la inflación. Por ejemplo, en la manifestación por la sanidad que tuvo lugar en Madrid en noviembre, se reunieron 200.000 personas según la delegación del Gobierno y 670.000 según los convocantes, y en la de febrero los primeros apuntaron a 250.000 asistentes y los segundos a un millón de personas.
El tirón del empleo
La razón por la que se entiende que los trabajadores no están saliendo a la calle pese a la fuerte devaluación de sus salarios es que el empleo está resistiendo. En 2022 la población trabajadora perdió dinero, pero al mismo tiempo se crearon 470.000 puestos de trabajo y el paro terminó el año bajando hasta los 2,8 millones de personas, la cifra más baja desde 2007.
Ese tirón del empleo vino acompañado de una pequeña destrucción del tejido empresarial, del 0,2%, sobre todo de empresas de menos de cinco trabajadores. Así, la buena marcha de la economía española -el PIB creció un 5,5% en el conjunto del año, lo mismo que durante el ejercicio anterior- se vio reflejada en el mercado de trabajo, acompañada también de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que entró plenamente en vigor en abril de 2022.
Son datos de empleo y paro que quedan muy lejos de los que datan de cuando se celebraron las últimas grandes huelgas generales, como las de 2012. Entonces, la tasa de paro era del 24% (ahora es del 13%) y acababa de aprobarse una reforma laboral que, entre otros, abarataba los despidos y facilitaba a las empresas cambiar jornadas, funciones y salarios. Por eso, y pese a que la mesa de negociación de los salarios (AENC) está bloqueada, ahora los sindicatos UGT y CCOO no se plantean convocar una huelga general.
«En España hay mucha gente que lo está pasando muy mal, mucha gente con problemas para llegar a fin de mes, pero se han protegido 18 millones de rentas», explicaba la pasada semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo, al ser preguntado por la falta de movilización. «La gente está viviendo con angustia la pérdida de salarios, pero no con el dramatismo de otros momentos», argumentó, señalando también que el país ha asistido a algunas manifestaciones laborales de gran intensidad durante el último año, como la de los metalúrgicos de Cantabria.