Durante el confinamiento por la pandemia del Covid -19, el Gobierno puso en marcha una serie de mecanismos para evitar que el paró pudiera pasar factura a la economía del país. Uno de ellos fue los créditos ICO con aval del Gobierno. Sin embargo, ahora empiezan a surgir los problemas por cómo se articularon estos créditos y por cómo se comercializaron por parte de la banca, en referencia a quién respondía en caso de impago o insolvencia por parte de la pyme. Actualmente, hay unas 340 pymes que han demandado a las entidades bancarias por cómo era la información de estos créditos.
El despacho de abogados Fieldfisher, encargados de llevar las denuncias en este caso, han creado un plataforma de afectados. La acción defendida por ellos se basa en el error al que se habría llevado a los firmantes en el momento de la suscripción de los avales personales “pues tanto la información pública como la prestada por las entidades bancarias aseguró a los avalistas que solamente responderían del 20% no cubierto por el ICO”.
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha señalado que no tienen constancia ni han detectado ninguna mala praxis, con carácter general, aunque ha recordado que hay 1,2 millones de operaciones, en referencia al gran volumen que se ha movido. No obstante, el presidente, que habló en una comida de CEAPI tras la asamblea anual de socios del organismo, se ha defendido asegurando que “el empresario tiene suficiente cultura financiera y sabe que las deudas se pagan y que se devuelven”.
Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria de Fieldfisher, explica que en el contrato del crédito ICO que se ofrecían durante el confinamiento del coronavirus señalaban que la pyme tendría avalar el 20% del préstamo mientras que el otro 80% estaba avalado por el Gobierno a través del ICO. De esta manera, según Ruiz de Villa se entendía que si no pagaba el empresario, el ICO se haría cargo del otro 80%. Sin embargo, explica que las entidades financieras están exigiendo a los avalistas de los préstamos impagados el 100% del importe avalado.
El socio de Fieldfisher señala que el problema no viene por pagar la deuda, porque el empresario y la pyme saben que tiene que pagarla, sino por el aval y cómo se responde a esa deuda. “En un momento en el que no se podía salir de casa, el banco empezó a comercializar estos préstamos en un momento de estrés y están firmados con un aval diferente al que dicen ahora”, asegura. Por ello, el objetivo que se marcan, aunque reconoce que el proceso será largo, es que se anule ese aval del 100% por parte de la pyme o que se vuelva a lo firmado del 20% de aval de la empresa y el 80% del ICO.
Jordi Ruiz de Villa no considera que haya habido malicia, sino que el ICO lo ha modificado en cuando llegó la guerra en Ucrania y vio que podría haber más problemas por parte de las pymes. “Cambiaron de opinión y en un momento dado cambiaron las condiciones. La banca les diría que no le dejasen colgada”, apunta el abogado. El presidente del ICO ha explicado que estos préstamos se dieron con la normativa financiera y con las mismas condiciones que se producirían financieramente como si no hubiera crisis. “Ese objetivo se consiguió para que en unas condiciones en confinamiento pudieran mantener la liquidez como si fueran préstamos normales y todos sabemos como son las obligaciones”, explicó el presidente del ICO, es decir, estos préstamos tienen las mismas obligaciones que el resto.
De hecho, Ruiz de Villa asegura que de haber sido así, que la pyme tenía que avalar el 100% del préstamo y responder si no se pagaba con su patrimonio, no se hubieran firmado ningún crédito ICO. Según datos que ha facilitado García de Quevedo se movilizaron 140.000 millones de euros y el Banco de España estima que unos 23.000 millones de euros de créditos ICO son dudosos o en vigilancia especial.
El abogado explica que esta situación se ha dado en todas las entidades, aunque la primera demanda que pusieron fue en Lérida contra el BBVA. Además, señala que el goteo de nuevas demandas es constante y se irán incrementando. Ruiz de Villa es consciente de que es un proceso largo, pero «cuando tienes la razón te la acaban dando».
José Carlos García de Quevedo señala que la morosidad de las líneas de crédito a través del ICO está alineada con los datos de dudosos del crédito que publica el Banco de España. La estadística del organismo para el mes de octubre, arrojó una morosidad del crédito del 3,7%, tanto para saldos avalados como no avalados. Y se espera que esta tendencia se mantendrá. Para 2023, se espera que la morosidad del crédito se sitúe en el 3,5%.
Tanto autónomos como empresas tenían la posibilidad de solicitar la ampliación del plazo de amortización de los préstamos avalados hasta 8 o 10 años después del 30 de junio, una vez expirado el Marco Temporal de la Unión Europea. De este modo, esta medida se añadía a las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas, que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público y que estará vigente hasta junio de 2023 para la solicitud de transferencias.