La presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha devuelto el debate sobre las pensiones públicas a la palestra. ¿Deben subir las pensiones tanto como la inflación? ¿Es responsable que así suceda, incluso en un año especialmente complicado por la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y los altos precios?
El Gobierno mantiene que sí, puesto que está aprobado por ley. El pasado diciembre el Congreso aprobó que las pensiones se actualizarán cada mes de enero tanto como hayan subido los precios a lo largo del año anterior. Y ahora al Ejecutivo no le ha temblado la mano al incluir en las cuentas públicas del próximo año que revalorizar las pensiones con el IPC (alrededor del 8,5%) supondrá dedicar 190.687 millones en total a esta partida, 20.547 más que el año pasado.
Pero hay economistas que opinan que la situación actual merece reconsiderar el método y que proponen que al menos las pensiones más altas no suban inmediatamente tanto como los precios. Formalmente, han presentado otras fórmulas tanto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como la escuela de negocios Esade, aunque muchos otros expertos han abogado por esta idea.
Asimismo, desde el diálogo social la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que en julio del año pasado estuvo de acuerdo -y así lo firmó con el Ministerio de Seguridad Social- en revalorizar las pensiones con el IPC, también ha invitado a «hacer una nueva reflexión sobre la sostenibilidad del sistema», así como a «evaluar los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de garantizar su viabilidad». Este artículo recoge las citadas propuestas.
Fedea: subir las pensiones máximas un 2,5% para ahorrar 7.000 millones
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sugiere aumentar las pensiones mínimas un 11%, en lugar de un 8,5%, a costa de que las más altas solo suban un 2,5% de forma inicial, aunque después recuperen ese poder adquisitivo perdido. Mantiene que con su fórmula se podrían ahorrar 7.000 millones de euros el próximo año, y que en 10 años supondría un ahorro de 75.000 millones, que propone destinar a reducir la deuda pública y a invertir más en educación y en vivienda.
En una tribuna en El País, el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense y subdirector de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz y el también investigador de la fundación Manuel Díaz Mendoza exponen la propuesta, que también expuso el primero en el programa de televisión La Sexta Noche, de La Sexta. «El sistema debería tener válvulas de escape para que esto, que parece razonable, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, en situaciones de extrema complicación se pueda hacer de una forma más razonable», planteó.
Bajo este prisma, las pensiones mínimas (de unos 800 euros al mes) subirían no un 8,5% (la inflación media prevista para este año), sino un 2,5% extra, «porque son quienes peor lo están pasando». Las pensiones bajas, de hasta 1.000 euros, se incrementarían lo mismo que la inflación, y que el resto experimentarían una revalorización inferior hasta llegar a que las más altas (39.500 euros al año, casi 15.000 euros superiores al salario medio en España) solo suban un 2,5%, lo mismo que van a subir los sueldos de los empleados públicos este año, «pero con un compromiso de recuperación del poder adquisitivo durante los próximos años».
«No es que sea una lucha intergeneracional, es que los jóvenes tienen todas las batallas perdidas. Cada vez son menos, ahora hay 9,5 millones de personas de más de 64 años y 5 millones de jóvenes menores de 30 años. O somos conscientes de que debemos mirar a los jóvenes o nunca va a haber margen fiscal para ayudarlos. De los 26.000 millones que hay de aumento del gasto social este año, 20.000 van a los mayores y solo 1.200 a los jóvenes. Alguien tiene que pensar que por cada euro adicional que vaya a los mayores tiene que ir un euro adicional a los jóvenes», defendió Conde-Ruiz.
Desde Fedea resaltan que actualmente se está pidiendo a los trabajadores que pierdan poder adquisitivo para evitar que la inflación se retroalimente, y sostienen que, en consecuencia, se debería exigir también este esfuerzo a los jubilados con pensiones más altas, ya que la inflación media de este año no tiene igual: España no ha visto una cifra así desde 1983. Para la fundación, esta es una propuesta más eficiente y más justa tanto para los pensionistas más vulnerables como para los jóvenes.
Esade: aumentos progresivos para redistribuir la riqueza
En la escuela de negocios Esade también opinan que revalorizar todas las pensiones por igual es regresivo. En un artículo firmado por el economista y ex portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso Toni Roldán, Jorge Galindo y Ángel Martínez Jorge (Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones), proponen que los pensionistas con menos renta vean revalorizadas sus prestaciones con el IPC, y que ese porcentaje baje progresivamente hasta llegar a un aumento del 2% para el 10% de los jubilados con mayores ingresos.
Con esta propuesta extraordinaria, como la han calificado, el Estado ahorraría 5.500 millones de euros y se conseguiría un «impacto distributivo sustancialmente mayor». En cambio, si todas las pensiones suben lo mismo, el efecto en términos distributivos sería prácticamente neutro, sostienen. Desde la escuela, además, llaman la atención sobre que la revalorización de todas las pensiones por igual llevará a que el 30% más pobre de los jubilados recibirá solo el 13% del montante total, mientras que el 10% más rico lograría un 21%.
Conocidos economistas de renombre han apoyado estas fórmulas. El exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, reconocido economista, compartió esta semana su amparo a la de Fedea, defendiendo que se trata de «una situación excepcional».
En esa línea también se ha expresado el economista José Carlos Díez, que ha criticado la subida de las pensiones en varios tuits, tanto por el efecto que asume que tendrá sobre la inflación como por el aumento del déficit que suponen. El propio asesor del Gobierno Daniel Sánchez también ha opinado en Twitter que el criterio debería ser la renta y la vulnerabilidad de cada individuo, no su estatus laboral. «Ahí nos hacemos trampas», ha asegurado.