La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentó medir al máximo sus palabras —previsible, tras la apertura de expediente por parte de la Junta Electoral Central (JEC) la semana pasada—, pero lo contó al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Sin valoraciones políticas añadidas. No hacían falta porque el gesto en sí ya era significativo: el Ejecutivo acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid que, a su juicio, limita el ejercicio del derecho a la eutanasia. Es decir, que el Gabinete de Pedro Sánchez lleva a Isabel Díaz Ayuso ante el TC a menos de tres días del arranque de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y lo hace porque entiende que el Gobierno regional desborda sus competencias e invade las del Estado. Para el equipo de la presidenta, se trata del intento de Sánchez «de meter la eutanasia en campaña electoral».
La norma autonómica que el Gobierno impugna ante el TC es la ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. El texto quedará suspendido provisionalmente —el Gobierno tiene la potestad de pedir esa congelación al Constitucional, y esta es automática—, a la espera de lo que luego decida el alto tribunal. «La norma autonómica —explicó Rodríguez— realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica, se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica». El Ejecutivo entiende que afecta a «una ley en vigor, como es la ley de eutanasia [en vigor desde 2021], limitando los requisitos para acceder a los derechos que garantiza esta ley de eutanasia».
La ministra no lo dijo durante su intervención inicial, y después no se le preguntó por ello, pero fuentes de su entorno incidieron en que aunque hubieran preferido presentar el recurso después de los comicios del 28-M no era posible. El artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional concede un plazo de tres meses, desde la publicación del texto impugnado, para interponer el recurso. La norma madrileña se publicó el 17 de febrero de 2023, así, que el plazo se consumía el 17 de mayo, en plena campaña. Y el aval favorable del Consejo de Estado, recordaban las mismas fuentes gubernamentales, se recibió el 27 de abril. O sea, que no se decidió después de los actos del Dos de Mayo que visibilizaron un nuevo enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno.
El Ejecutivo impugna la disposición adicional segunda de la norma madrileña que «cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial».
(Noticia en ampliación)