El tirón del empleo, desde el año pasado en niveles superiores a los previos a la crisis del coronavirus, ya se nota en la relación entre cotizantes y pensionistas. La ratio de dependencia, fundamental para garantizar estas prestaciones públicas, ha alcanzado este verano su mejor cifra desde que estalló la pandemia: ahora hay 2,38 trabajadores por cada jubilado que recibe una pensión.
La relación entre el número de ocupados y el de pensionistas es clave para la Seguridad Social. Se considera que el mínimo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es de dos por uno. Y aunque las cifras actuales quedan lejos aún de las registradas cuando comenzó la crisis de 2007, momento en que había 2,7 ocupados por pensionista -teniendo en cuenta los que cobran toda clase de prestaciones-, la tendencia es ascendente.
Es así pese a que la jubilación de la generación del baby boom está presionando la tasa. En febrero de 2020 la relación era de 2,32 cotizantes por cada pensionista, algo inferior a la relación actual, que en julio fue incluso superior a la de agosto, de 2,39. Si los próximos meses continuase con la senda actual, la ratio crecería por tercer año consecutivo, si no tenemos en cuenta los dos (2020 y 2021) de la pandemia.
Durante agosto, un mes tradicionalmente malo desde el punto de vista del empleo por la fuerte estacionalidad que rige al mercado laboral español, el número de cotizantes cayó en 190.000 personas. Es el peor dato desde 2019, y supone una caída del empleo del 0,93% frente al mes anterior.
Aun así, el ratio cotizantes-pensionistas aguantó y se mantuvo mejor que el de los últimos ocho años, ya que 2011 fue el último que se mantuvo por encima del 2,38 registrado este agosto. Por tanto, la relación entre trabajadores y pensionistas mejora incluso por encima del inicio de la recuperación, en 2013.
Seguridad Social no publica los datos de 2020 y 2021
La mejoría del empleo se está viendo reflejada en la relación entre afiliados-cotizantes y pensionistas, aunque es complicado prever cuánto durará, con un otoño que se antoja complicado en el plano energético por las restricciones de Putin al gas que llega a Europa. Unas dificultades que previsiblemente llegarán al empleo, cuando se pondrá a prueba la efectividad de los nuevos ERTE permanentes.
Hay que apuntar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejó de publicar durante la pandemia el ratio entre cotizantes y pensionistas, y no ha vuelto a dar a conocer esta cifra hasta el mes pasado. No es posible, por tanto, conocer hasta dónde bajó la tasa durante los peores meses de la crisis del coronavirus. Por eso, el dato que que aparece en el gráfico de 2020 es el de febrero de ese ejercicio, el último conocido, aunque en el resto de años se haya tomado el de diciembre. También es la razón por la que no aparezca ninguna cifra relativa a 2021. Este medio ha solicitado esas cifras, pero desde el Ministerio han apuntado que han decidido no hacerlos públicos.
La reforma de extranjería busca atraer empleados
Lo previsible, sin embargo, es que el ratio empeore en los próximos años, cuando se retiren del mercado laboral los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970. Para evitarlo, el Ministerio está trabajando en cómo encontrar más empleados, sobre todo para aquellos puestos que se quedan vacantes mes tras mes en España.
En esa línea, Seguridad Social impulsó la reforma de la ley de extranjería, que se aprobó en agosto. Los cambios permitirán a estudiantes compaginar formación y trabajo. Aquellos que hayan vivido dos años en España podrán regularizar su situación si se forman, algo que beneficiará tanto a inmigrantes irregulares ya presentes en España como a futuros trabajadores que puedan ser contratados en sus países de origen.
En total, en España ya hay 20.151.001 afiliados a la Seguridad Social (10.771.093 hombres y 9.379.908 mujeres), 334.174 afiliados más que a principios de año. Si se eliminan factores estacionales, este agosto se habrían sumado 62.135 afiliados trabajadores, aún por encima de los 20 millones, todo siguiendo el método del Ministerio de Asuntos Económicos que también aplica Seguridad Social.
El riesgo de ligar pensiones al IPC a las puertas de la jubilación de los baby boomers
El mayor riesgo a largo plazo, ahora, es la jubilación de la generación del baby boom. Según las últimas proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este fenómeno demográfico llevará el número de pensionistas a cerca de los 15 millones de personas en 2048. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una reducción de entre 7 y 5 millones de personas. Por su parte, el Banco de España estima que en 2050 habrá 1,5 personas en edad de trabajar por cada pensionista, frente a los tres que había en el año 2,7 de 2007.
Aun así, el Gobierno actualmente confía en poder seguir sosteniendo el sistema de pensiones, y también revalorizándolas cada año tanto como suban los precios (con el IPC) gracias a los cambios que introdujo el año pasado. Para el Ministerio del ramo, con los incentivos para retrasar la jubilación y el «castigo» a los retiros anticipados que se aprobaron en diciembre, más el aumento de las cotizaciones, será suficiente para mantener el equilibrio.
Pero no opinan igual importantes instituciones económicas como el Banco de España y el FMI, que han advertido desde que se aprobó la mencionada reforma de que no es bastante, y que faltan ajustes para que conseguir el equilibrio del sistema. «En su fase inicial, la reforma de las pensiones ha priorizado la aceptabilidad social y la suficiencia, pero persiste la inquietud sobre la sostenibilidad en caso de que no se implementen medidas adicionales», apuntó el organismo con sede en Washington en diciembre.
El FMI cree que la indexación de las pensiones de forma permanente a la inflación del IPC incrementará el gasto anual en pensiones un 3,5% del PIB de aquí a 2050. El cálculo del Gobierno, en cambio, es que ligar las pensiones al IPC llevará a aumentar el gasto hasta 2,5 puntos de PIB en 2050, según aseguraron fuentes del Ejecutivo en julio.
Pero, a la vez, cree que conseguirá retrasar la jubilación de millones de españoles y eso reducirá la anterior cifra a la mitad -1,3 puntos de PIB-. Es algo que prevé conseguir gracias a los nuevos incentivos para quienes prolonguen sus carreras profesionales más allá de la edad legal de jubilación -con cheques de hasta 12.000 euros para quienes retrasen su salida del mercado laboral- y a las mayores penalizaciones a quienes se jubilen anticipadamente de forma voluntaria solo uno, dos o tres meses antes de llegar a la edad legal.