Yolanda Díaz se ha desmarcado del resto de sus compañeros del Gobierno asegurando que su «estilo» político es «llegar a acuerdos» y afirma que así lo demuestran los 14 «grandes acuerdos sociales». «Podría haber legislado sola como hacen el resto de ministros y no lo he hecho», ha apostillado.
Estas han sido las palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social durante su participación en València en uno de los actos enmarcados en el X aniversario de eldiario.es, en el que ha defendido que la vivienda es un «derecho humano», ha abogado por la congelación de las rentas de arrendamiento y ha señalado que el Gobierno trabaja para conseguir un acuerdo de fijación de precios de los alimentos.
«Debemos actuar en materia de vivienda, es fundamental», ha urgido, al tiempo que ha indicado que se continúa negociando para prorrogar el tope del dos ciento de revalorización de las rentas del alquiler, así como para congelar las precios de arrendamiento. «Queremos una política de vivienda que no dé tranquilidad a los fondos de inversión, sino a las familias a la gente con problemas para pagar el alquiler o la hipoteca», ha resaltado.
En este sentido, ha aseverado que la subida de los salarios es una «gran preocupación en el mundo actual». «No solo el salario mínimo, sino los salarios en conjunto, porque existe un riesgo elevado de morosidad», ha apuntado, y ha expresado que «de eso va la política, de democracia y no de fondos de inversión».
La ministra de Trabajo ha lamentado que España es una «anomalía» en Europa en materia de vivienda, pues el país tiene «el mayor número de propietarios en muy pocas manos» y «una diferencia sustancial en política pública con respecto a la mayoría de países europeos».
«Deciden los ciudadanos, no los fondos»
Asimismo, ha afirmado que «centenares de miles» de viviendas están vacías y ha defendido la necesidad de «emprender una política pública de vivienda de reutilización del parque existente y de rehabilitación de las mismas» y de «apostar por el alquiler social y de calidad». «Hay que actuar», ha manifestado.
«Este problema trae causa desde la transición, pero se hizo singular con la expresión de Aznar que se convirtió en un política pública decidida por la que ‘toda España era urbanizable’», ha subrayado, y ha destacado que la vivienda en España presenta un «problema grave» a nivel «social, ambiental y económico».
En esta línea, ha remarcado que «la vivienda es la herramienta que complementa al empleo». «No contemplamos dar satisfacción a los fondos de inversión», ha aseverado, y ha reivindicado que «esto es una democracia, deciden los ciudadanos, no los fondos».
Los márgenes de las grandes empresas de alimentación
Por otra parte, ha criticado que en España el 50% del mercado de los alimentos se concentra en tres grandes distribuidoras con «márgenes empresariales muy grandes«. «Las grandes empresas en España han mejorado su facturación en un 45% y sus márgenes han crecido por encima del 62%», ha indicado, a la vez que ha denunciado que se ha producido una «transferencia de rentas desde ciudadanía a las entidades financieras».
«No comparto esta mala praxis», ha declarado, y ha hecho un llamamiento a «escuchar a la gente en los supermercados para ver que la alimentación es hoy un gran problema». Pese a ello, se ha mostrado «segura» de que «las grandes empresas distribuidoras del país van a estar a la altura, como están Javi y Maite» -propietarios de una pequeña tienda de alimentación que ha impulsado una cesta con 28 productos básicos a 29 euros.
Así, ha remarcado que el Gobierno trabaja por un acuerdo para establecer unos límites a los precios de la alimentación. «Sánchez ha dicho que fomentará todo tipo de acuerdos y corresponsabilidades y todas las entidades de consumidores del país están pidiendo que se haga», ha argumentado.