«Con el contrato que yo tengo y estas condiciones, nadie puede vivir de esto. En julio me han llamado casi todos los días y no me habrán pagado ni 300 euros». Al otro lado del teléfono, Esperanza (nombre ficticio utilizado en este reportaje para para preservar su identidad real) ‘jura en arameo’ por sus condiciones laborales como empleada de Ofilingua SL, una de las empresas que con más frecuencia suele resultar adjudicataria en las licitaciones de los ministerios de Justicia e Interior para la prestación de servicios de traducción en juzgados y comisarías: contrato fijo discontinuo y 8,96 euros (netos) la hora.
Filóloga de formación, ella decidió aceptar el trabajo hace unos meses tras regresar del extranjero. Ahora está a la espera de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le comunique en qué ha quedado la denuncia que presentó meses atrás contra la compañía granadina, a la que acusa de hacer un «uso fraudulento» de la modalidad de contrato que tiene.
En la cláusula primera, la empresa hace constar que el objeto del contrato no se encuentra justificado en una contrata o concesión administrativa determinada, sino que se acredita por la actividad de naturaleza intermitente con periodos de ejecución ciertos indeterminados que es propia de Ofilingua». Ésta deja por escrito que el llamamiento pueda realizarse «en el mismo día que surja la necesidad de prestación del servicio» a través del teléfono móvil o de la dirección de correo electrónico que el empleado facilite.
«Me he asesorado en CCOO y con un profesor de Derecho laboral y me dicen que, en nuestro caso, el contrato fijo discontinuo es ilegal ya que no se ha concertado para la realización de trabajos de naturaleza estacional, vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados como establece el Estatuto de los Trabajadores. Los llamamientos se hacen vía telefónica con un preaviso mínimo, llegando a ser para el mismo día incluso con la exigencia de acudir inmediatamente», expone.
El pasado mes de mayo, la Inspección puso en marcha un plan de choque de lucha contra el fraude en la contratación que incluye por primera vez supuestos de posible uso irregular de contratos fijos discontinuos. En respuesta a una pregunta escrita formulada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno informó a mediados de julio de que había enviado 83.619 cartas, de las que 14.601 correspondían a este posible tipo de incumplimiento.
«Trabajo a demanda»
El organismo estatal vigila que esa modalidad no encubra relaciones laborales que en realidad son de carácter indefinida ordinaria, sin que haya trascendido si Ofilingua es una de las firmas que han recibido la misiva. Este periódico ha intentado hablar con la dirección de la compañía, pero las reiteradas llamadas telefónicas realizadas no han tenido respuesta.
El hecho de ser fijo discontinuo no es la única queja que trasladan los empleados con los que ha hablado este periódico para elaborar el reportaje. «En el contrato aparece que la duración de la actividad será ‘según las necesidades del servicio’, haciendo llamamientos sin previsión, sin tener en cuenta horarios, llamando a cualquier hora (incluso sábados), siendo realmente un ‘trabajo a demanda’. Esta práctica se traduce en que se debe tener disponibilidad total a pesar de estar contratada sólo tres horas a la semana, impidiendo así la posibilidad de compaginarlo con otro trabajo a tiempo parcial por la incertidumbre del llamamiento», relata Esperanza en su denuncia ante la Inspección.
Si el empleado rechaza seis servicios encomendados con menos de seis horas de antelación en un plazo de dos meses, Ofilingua lo interpreta como una negativa a acudir al puesto de trabajo y ello supone la pérdida de la condición de fijo discontinuo y la baja voluntaria en la empresa, lo que impediría acceder al cobro de la prestación por desempleo. Si le han encargado el trabajo con más de seis horas «no podrá» negarse salvo causas «debidamente acreditadas», estipula la cláusula segunda.
Empleados advierten de que no les han hecho ningún tipo de prueba para acreditar su nivel pese al carácter sensible del trabajo que prestan
El precio es otro de los motivos principales de crítica. Según aseguran, la hora de servicio se las están abonando a 8,96 euros, pese a la formación universitaria con que cuentan muchos de los trabajadores. Esa cantidad, se quejan, contrasta con la que la empresa recibe cuando la Administración le adjudica un contrato. «Nos están explotando», termina otra empleada.
En noviembre de 2020, la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia adjudicó a Ofilingua seis de los nueve lotes en que licitó el servicio de interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a diversas gerencias territoriales por un plazo de dos años. En concreto, la empresa granadina se hizo con los correspondientes a Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla por 1.999.256 euros (impuestos incluidos).
Según los términos de su oferta, la compañía se ofrecía a realizar el servicio por 40 euros la hora en la modalidad presencial (0,66 euros por minuto cuando la prestación es vía telefónica), lo que llevó al organismo encargado de la licitación a pedirle que justificara la propuesta por ser anormalmente baja. Según detalló Ofilingua en su respuesta, para calcular el precio partía del mínimo fijado en el convenio colectivo para la actividad de oficinas y despachos, a lo que sumaba cuatro conceptos más hasta llegar a un 66 % del coste de la tarifa: desplazamiento de profesionales, costes de gestión (16 %), mantenimiento e infraestructura (4 %) y beneficio industrial e imprevistos (14 %). La Administración dio por buenas las explicaciones y formalizó el encargo.
En el último contrato adjudicado por la Dirección General de la Policía a Ofilingua -en UTE con Seprotec- para la traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos del castellano, cuya prestación se prolongará hasta finales de 2023, el presupuesto de licitación fijaba la hora en 22,99 euros la hora.
Información sensible
Tampoco pasan por alto el carácter sensible de la información a la que acceden, lo que les obliga a firmar una cláusula de confidencialidad. «Yo traduzco en juzgados, dependencias policiales y centros de refugiados. Son temas delicados sobre violencia de género, tráfico de drogas o enfermedades. No debería prestar el servicio alguien que se encuentra en estas condiciones de precariedad», opina Esperanza.
En la memoria justificativa del contrato antes citado para la interpretación y traducción en los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia resalta que ser asistido por un intérprete competente constituye un «instrumento de salvaguarda del derecho individual de las personas a un juicio justo», por lo que una prestación inadecuada puede generar indefensión al acusado. «Poner los servicios de interpretación judicial en manos de personas sin la formación suficiente implica el riesgo de obtener un servicio deficiente y, por lo tanto, viciar la posible defensa del acusado. Esto puede ocasionar unos enormes costes cuando la labor de traducción se realiza inadecuadamente y en consecuencia hay que invalidar la instrucción de una causa o repetir algún acto procesal, lo que puede tener consecuencias muy graves sobre la operatividad de los juzgados y, por ende, sobre la impartición de justicia a la ciudadanía», razona la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
En este sentido, también llaman la atención sobre el hecho de que nadie de la empresa les haya realizado una prueba antes de empezar a prestar servicio a fin de determinar si están capacitados para realizar el trabajo. «Hay gente que trabaja para Ofilingua y que está muy preparada; tienen el título de Traducción o de Filología e incluso algún máster. Pero otras lo único que tienen es que son nativas de la lengua que traducen. Hay personas que no tienen ni el bachillerato», destaca una empleada.