Este domingo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar centrará la atención mundial y pondrá el foco en este Estado del golfo Pérsico, millones de personas verán los partidos y vibrarán con sus selecciones y este pequeño país, de una extensión similar a la Comunidad de Murcia, mostrará al mundo cómo es capaz de organizar un evento deportivo de esta relevancia. Todo el mundo contemplará estadios impresionantes, con aire acondicionado, instalaciones tecnológicamente vanguardistas… Un país abierto al mundo, gracias al fútbol.
Lo que seguramente no nos muestre Qatar sea la difícil situación de las personas migrantes que han hecho y que harán posible el Mundial. Desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del campeonato a este país, miles de trabajadores migrantes -incluidas trabajadoras del sector doméstico, las grandes olvidadas- siguen sufriendo diversos abusos, como robos de salario, trabajo forzoso y explotación.
Pero el trato que reciben los trabajadores y trabajadoras migrantes sólo es una de las violaciones de derechos humanos que conforman el inquietante historial de derechos humanos de este Estado. Las autoridades de Qatar reprimen la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación; los juicios sin garantías siguen siendo preocupantes; las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica; y las leyes siguen discriminando a las personas LGBT.
Libertad de expresión y libertad de prensa
Actualmente, las autoridades qataríes usan leyes abusivas, como la Ley para Combatir el Terrorismo o la Ley de Delitos Informáticos, para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos y ciudadanas qataríes o trabajadores y trabajadoras migrantes. Amnistía Internacional ha documentado casos de personas de nacionalidad qatarí que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al gobierno, y condenadas después de juicios injustos.
En Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos
Es el caso de Malcolm Bidali, de nacionalidad keniana, guardia de seguridad, bloguero y activista de los derechos de las personas migrantes, que trabajó en Qatar, fue objeto de desaparición forzada y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante un mes por poner de manifiesto la difícil situación de la población trabajadora migrante.
Por otra parte, en Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos. Las autoridades limitan la libertad de prensa imponiendo restricciones a los operadores de medios de comunicación, entre ellas prohibir filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y viviendas privadas.
Libertad de asociación y reunión
Los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En cambio, se les permite formar comités conjuntos, una iniciativa dirigida por los empleadores para permitir su representación. Sin embargo, hasta la fecha esta iniciativa no es de obligado cumplimiento y sólo cubre al 2% de la población trabajadora, cifra que dista mucho de hacer efectivo el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse.
Además, tanto las personas de nacionalidad qatarí como trabajadores y trabajadoras migrantes sufren consecuencias por ejercer su derecho de reunión pacífica: en agosto de este mismo año, cientos de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados por las autoridades estatales tras protestar en las calles de Doha por los reiterados impagos de salarios de su empresa.
Derechos de las mujeres
Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica en Qatar. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón —por lo general, su esposo, padre, hermano, abuelo o tío— para cuestiones tan básicas como contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países si tienen menos de 25 años, y acceder a atención de la salud reproductiva.
El derecho de familia qatarí también discrimina a las mujeres, imponiendo dificultades para acceder al divorcio y desventajas económicas más graves si lo hacen, en comparación con los hombres.
Derechos de las personas LGBT
El colectivo LGBT es otro de los grupos perseguidos y discriminados en Qatar. El artículo 296.3 del Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y establece posibles penas de cárcel para toda persona que “impulse o induzca o incite a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o licencioso”. De igual modo, el 296.4 establece sanciones para toda persona que “induzca o incite a un hombre o una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o que sean ilegítimos”.
Hace tan solo un mes, en octubre de 2022, varias organizaciones de derechos humanos documentaron casos en los que las fuerzas de seguridad habían detenido a personas LGBT en lugares públicos —basándose únicamente en su expresión de género— y registrado sus teléfonos. Incluso algunas de las mujeres transgénero que fueron detenidas tenían la obligación de asistir a sesiones de terapia de conversión como requisito para ser puestas en libertad.
Derechos laborales
Sin duda, a raíz de la concesión de la organización de la Copa del Mundo, la presión internacional ha puesto el foco en el sistema laboral de Qatar, un sistema responsable de la multitud de abusos producidos en estos últimos años. Gracias a esa presión, las autoridades qataríes han puesto en marcha varias iniciativas legislativas y, aunque las condiciones han mejorado en algunos casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia, mientras que las muertes de miles de trabajadores siguen sin investigarse.
A día de hoy, el trabajo forzoso y otras formas de abusos continúan, especialmente en el sector de la seguridad privada y en el caso de las trabajadoras domésticas, con jornadas interminables y sufriendo abusos verbales y físicos.
El primer paso sería comprometerse públicamente a crear un fondo para indemnizar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo
Por último, el pago de exorbitantes comisiones de contratación para conseguir empleo sigue siendo generalizado, con cantidades que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares estadounidenses. Muchas personas necesitan meses o incluso años para pagar la deuda, lo que provoca que se vean atrapadas en un círculo vicioso de explotación. Aunque un fondo ha comenzado a pagar cantidades considerables a trabajadores a los que se han robado salarios, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes siguen sin recibir indemnización por los abusos laborales que han sufrido en los últimos 10 años.
Mientras tanto, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha escrito una carta a las 32 naciones que competirán por la Copa Mundial, instándolas a que “se centren en el fútbol” y dejen a un lado los problemas de derechos humanos. Tiene razón cuando dice que “el fútbol no existe en el vacío”; cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han sufrido abusos para hacer posible este torneo y sus derechos no pueden ser olvidados ni ignorados.
Merecen justicia y compensación, no palabras vacías, y el tiempo se está agotando. Si Gianni Infantino desea que el mundo “se centre en el fútbol”, la solución es muy sencilla: La FIFA podría empezar a ocuparse por fin de los problemas graves de derechos humanos en vez de barrerlos debajo de la alfombra. El primer paso sería comprometerse públicamente a crear un fondo para indemnizar a los trabajadores y las trabajadoras migrantes antes de que comience el torneo.
Carlos de las Heras (@carlisevic) es responsable de deporte y derechos humanos en Amnistía Internacional.