El Gobierno vasco vio ayer cómo por sexta vez la Audiencia Nacional anulaba la concesión de un tercer grado a un preso de ETA. La revocación del régimen de semilibertad al histórico preso de ETA José María Arregi Erostarbe, alias ‘Fiti’, ha sido valorada hoy por la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, quien ha acusado a la Audiencia Nacional de estar actuando con «excepcionalidad penitenciaria» y no con la actitud constructiva que requiere el momento actual: «Estamos en otro proceso y es necesario seguir construyendo y trabajando», ha apuntado Artolazabal.
El Ejecutivo vasco, que en octubre del año pasado asumió la gestión de las tres cárceles vascas en las que cumplen condena más de un centenar de presos de ETA, ha detallado que en el caso de Erostarbe la concesión del tercer grado se acordó por, entre otras, «razones humanitarias». La avanzada edad del preso, 76 años, así como la larga condena de 31 años que lleva cumplida, así como su comportamiento en prisión completaron parte del argumentario en el que se basó el informe de la junta de tratamiento y la decisión final.
Ahora la Audiencia Nacional ha decidido revocar la decisión. Se trata del sexto caso en el algo más de un año en el que Euskadi gestiona las cárceles. Hasta el momento se han otorgado 32 progresiones a tercer grado a presos de la banda terrorista. De ellos, en doce casos no ha existido ningún tipo de recurso a los mismos y se han llevado a cabo con normalidad. En seis casos, tras ser recurridos por la fiscalía están pendientes de resolverse y en otros ocho aún están en plazo de poder ser recurridos por el Ministerio Público.
Por «razones humanitarias»
Artolazabal ha reconocido que en el caso de Erostarbe la revocación sí se concluye en una primera decisión pero ha aclarado que también se sugiere la aplicación del artículo 114.5 del reglamento penitenciario en el que se apela a la concesión de un régimen de semilibertad por razones humanitarias, en este caso por razones de edad.
El Gobierno vasco ha asegurado que seguirá trabajando con la Audiencia Nacional y la fiscalía para evitar que este tipo de revocaciones de progresiones de grado se produzcan. «Estamos trabajando desde un punto de vista técnico», ha señalado la consejera. Artolazabal ha defendido en reiteradas ocasiones el «rigor» con el que se elaboran los informes y se lleva a cabo la toma de decisiones en estos casos. Incluso ha subrayado que son funcionarios de prisiones amenazados por ETA y que sufrieron la acción de la banda en primera persona quienes realizan este tipo de informes.
En los autos de resolución de la Audiencia Nacional en muchos casos lo que se cuestiona es la insuficiente reconocimiento del daño causado que se acredita en los presos, con documentos tipo, o incluso el bajo nivel de cumplimiento de sus responsabilidades civiles.
La consejera también se ha referido a la situación de las prisiones vascas. Actualmente apenas una veintena de presos de la banda cumple condena fuera del País Vasco. Artolazabal, al contrario de lo que apuntó inicialmente, ha señalado que no son razones de capacidad en los centros penitenciarios lo que ha impedido que también se integren en prisiones vascas. En este sentido, ha reconocido que «razones técnicas» y de no cumplir los requisitos de arraigo suficientes son los que están detrás de los cinco casos de traslado de presos de ETA rechazados.