Que la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2023, prevista para este enero, no se haya anunciado ni tampoco aprobado a tan solo siete días de que termine el mes dificultará que llegue a las nóminas de los trabajadores. Así lo advierten sindicalistas y abogados laboralistas, que aseguran que las empresas suelen presentar resistencia a aumentar los sueldos más bajos con efectos retroactivos, aunque así lo recoja la ley.
Del mismo modo, desde las gestorías advierten de que las nóminas de este mes están cerradas o casi cerradas, y no tardarán en enviarse a las empresas. Habitualmente, el Gobierno suele negociar la subida del salario mínimo en diciembre y aprobarla ese mismo mes, antes de que termine el año, para que las empresas apliquen el incremento en las nóminas de enero.
Pero durante los últimos años el aumento ha llegado algo más tarde: en el año pasado, el salario mínimo no se fijó hasta el 22 de febrero; en 2021, no llegó al BOE hasta el 28 de septiembre, e incluso en 2020 lo hizo algo más tarde de lo habitual, el 4 de febrero, aunque aún no había estallado la pandemia.
En esta ocasión, la medida está tomando un rumbo similar, puesto que a unos días de que termine enero no hay noticias sobre el tema. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, protestó este lunes por ello: «Hay que resolverlo inmediatamente [la subida del SMI] porque las nóminas tienen que estar ya actualizadas».
«Alrededor de un 80% de las empresas no actualiza el salario mínimo hasta que el trabajador lo reclama, y entonces dicen ‘¡ay, disculpe!’, lo actualizan y no pagan los atrasos devengados», asegura el abogado laboralista de CNT Valencia Antonio Ruiz. «Es una cosa habitual, siempre suele haber resistencia a subir el salario mínimo», apuntan también fuentes de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).
«Las nóminas de enero desde luego que están cerradas o casi cerradas en todas las empresas», apunta el secretario confederal de UGT, Fernando Luján, quien es más optimista con respecto a que llegue a los trabajadores. Él espera que gracias a los datos de las bases de cotización con los que cuenta la Seguridad Social se llame la atención a las empresas que no incrementen los salarios más bajos conforme recoja la ley, detectando qué empresas no están pagando cuotas en línea con el salario mínimo.
Pero que se retrase la subida del salario mínimo perjudicará, sobre todo, a aquellos trabajadores cuyos contratos terminen este mismo mes. En CCOO ven complicado que los empleados que ya han firmado un finiquito, y por tanto terminado su relación con la empresa, puedan reclamar esa cantidad. En CNT, en cambio, creen que sí existe esa posibilidad por un «resquicio legal», pero al tratarse de cantidades tan bajas ven complicado hacerlo por la vía legal, puesto que no merecería la pena invertir tiempo y dinero en el proceso.
Cómo reclamarlo
En caso de que la empresa no actualice el sueldo de un trabajador con salario mínimo cuando el Estado lo sube, los abogados laboralistas recuerdan que el trabajador está en su derecho de reclamarlo. Primero, aconsejan comunicarlo por escrito a la empresa para que modifique el sueldo y pague los atrasos, y, en caso de que no surta efecto, animan a iniciar un proceso judicial que arrancaría presentando una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de su comunidad autónoma.
Los trabajadores tienen un año para llevar a cabo estas reclamaciones, por lo que si el Gobierno aprobase una nueva subida del salario mínimo la próxima semana y una empresa no actualiza la cantidad a sus trabajadores, estos pueden reclamarlo legalmente hasta diciembre de este año, siempre a través de los servicios de mediación de sus comunidades autónomas.
La negociación del SMI se retrasa
Sin embargo, este enfoque es optimista. A estas alturas del mes, el Gobierno no ha decidido cuánto subir el salario mínimo, y desde los sindicatos ya no esperan que lo haga antes de que termine enero. Trabajo convocó en diciembre a las principales organizaciones de trabajadores y empresarios para consultarles al respecto, como exige la Constitución, y ambas partes manifestaron sus posturas.
Los sindicatos UGT y CCOO pidieron aumentarlo hasta los 1.100 euros al mes en 14 pagas, frente a los 1.000 euros mensuales brutos actuales. De su lado, CEOE y Cepyme propusieron subirlo hasta 1.040 euros pero con la condición se que viniera aparejado con deducciones para la agricultura, entre otras exigencias. Después, el Ministerio de Trabajo no ha vuelto a convocar a los agentes sociales.
No hay fecha para una nueva reunión, aunque las partes esperan que se produzca. La última noticia, este lunes, cuando Yolanda Díaz declaró a los medios que ella es partidaria de subirlo «hacia el tramo alto», esto es, hasta los 1.082 euros que recomendó su comité de expertos. Pero no concretó cuándo llevará a cabo este incremento ni por qué se ha retrasado la decisión, aunque ella misma insistía en el mes de enero. «Claro que vamos a subir el SMI sin lugar a dudas (…) Es la mejor medida y la más eficaz para mejorar la precariedad laboral», se limitó a asegurar.
El Gobierno no está obligado a pactar con los agentes sociales la subida del salario mínimo, sino tan solo a consultarles, por lo que no se entiende la demora. El retraso podría tener que ver con discrepancias en el seno del Gobierno, con el Ministerio de Asuntos Económicos apostando por un incremento más bajo que el del Ministerio de Trabajo, como ya sucedió en anteriores ocasiones.
Estas diferencias ya se manifestaron en el propio informe de los expertos sobre la subida del SMI que Trabajo distribuyó a los medios, en el que Economía incluyó un anexo que apuntaba por un incremento hasta los 1.030 euros, por debajo, incluso, de los 1.046 euros que los expertos recomendaban como subida mínima en el mismo estudio. Lo que los agentes sociales ahora temen es que Economía busque ligar el salario mínimo a la subida general de los precios, una negociación mucho más abierta y larga de gestionar.