El 14 de enero de 2020, poco antes de las 19 horas, un tanque de 20 toneladas de lo que entonces se creía que era óxido de etileno explotó en el Polígono Sur de la petroquímica de Tarragona con consecuencias fatales. El accidente provocó tres víctimas mortales -dos trabajadores de la planta y un vecino muerto por el impacto de una plancha de acero de 800 kilos que voló 2.500 metros a una velocidad de 550 km/h- y siete heridos. Además una obligada revisión de todos los sistemas de alerta de la zona.
Sin embargo, tres años después, pocas cosas han cambiado. Así lo explican Toni Orensanz y Rafa Marrassé en «La gran explosión. Corrupción, peligro y dejadez en la petroquímica más grande del sur de Europa».
Los polígonos de Tarragona son 1.200 hectáreas ocupadas por 33 grandes compañías multinacionales. El 25% de la producción química española sale de este polígono, en el que se producen la mitad de los plásticos de España. Y esto implica «un riesgo de explosión en cadena por la concentración de depósitos químicos». Un riesgo que estuvo muy presente en el accidente de Iqoxe.
En los años 80 el Ayuntamiento de Tarragona pidió un estudio a una consultora francesa sobre ese riesgo. El resultado de una explosión en cadena de los depósitos existentes entonces hubiera sido equiparable a la bomba de Hiroshima, explica. Y la petroquímica no ha dejado de crecer. Solo la empresa Asesa concentra 12 depósitos de Nafta, que se suman a los depósitos de óxido de etileno que fabrica Iqoxe.
El jefe de bomberos «tenía muy presente el riesgo de una explosión en cadena» si el incendio se hubiera extendido a los depósitos de óxido de etileno próximos al origen del incendio destaca Orensanz. «El bombero de Iqoxe estaba obsesionado por refrescar determinados depósitos».
El accidente
La instrucción judicial de la pieza principal de la explosión de Iqoxe se ha cerrado, según avanzó la fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, a María José Osuna, a finales de noviembre pasado. Ahora, la macro causa que investiga las causas del accidente está pendiente de juicio.
Ese día, «todo falló» apunta el periodista, «tiene un punto tragicómico, de película de Berlanga». En primer lugar, se estaba fabricando un producto nuevo, en unas proporciones nuevas, sin haberlo testado previamente. Además se habían silenciado las alarmas de seguridad sonoras, y no había nadie vigilando las pantallas de producción. Estaban faltos de personal y alguien pensó que eso no era importante.
Cuando se produce la explosión, los bomberos tardan 25 minutos en localizar la empresa accidentada. El servicio de emergencias confundió el aviso de Iqoxe con un incendio en Vila-seca. Los bomberos entran en el lugar del siniestro sin saber qué productos se van a encontrar ni apoyo médico. El SEM tenía órdenes de no acceder porque la zona no estaba asegurada. Protección Civil tarda una hora en localizar a un responsable de Iqoxe para saber a qué se enfrenta.
Los servicios de emergencias «estaban totalmente superados, y la población expuesta» concluye Massarré, porque durante ese tiempo Protección Civil aseguraba que no había riesgo para los vecinos.
Los planes de autoprotección de todos los municipios colindantes estaban caducados. Protección Civil no tiene planos actualizados del interior de cada planta del polígono, ni información fidedigna y actualizada de lo que fabrica cada empresa. El resultado: «los bomberos entraron a ciegas».
De hecho, los primeros días solo se hablaba de óxido de etileno, un producto que Iqoxe solo fabrica en su planta de Tarragona. Pero lo que realmente se estaba produciendo en el momento de la explosión era MPEG500. «El pato lo paga la población con una falsa sensación de seguridad» concluye Massarré.
Normalizar el peligro
«Se ha normalizado una situación completamente anómala» concluye Rafa Marrassé. «No se percibe la peligrosidad del polígono» añade Orensanz, lo que genera «pasividad de las administraciones» que deriva en una «falta de control» sobre lo que sucede en estas industrias.
Marrassé denuncia, en este sentido, el «crecimiento de la ciudad hacia la zona industrial». Un crecimiento que se podía entender en los parámetros de los años 60 y 70, cuando la ciudad creció urbanísticamente en torno a su polo industrial. Pero que no tiene sentido en pleno siglo XXI.
El Ayuntamiento está proyectando la urbanización de una nueva zona residencial, con un centro comercial e incluso un hospital a menos distancia de la que recorrió la plancha de acero que salió despedida tras la explosión y mató a un vecino. Otro tanto sucede con el proyecto hotelero Hard Rock, reactivado con el pacto de presupuestos catalán, que se localiza en una zona de riesgo, según sus detractores.
«Después del accidente nadie se plantea el riesgo» lamenta Marrassé. «Tampoco es normal la convivencia entre la petroquímica y el turismo», dos sectores que han crecido de forma paralela en Tarragona a un ritmo impensable en cualquier otro lugar.
«La plancha de acero voló 2.500 metros, esto debería obligar a una reflexión» sobre estos proyectos urbanísticos, insiste Orensanz. También en actividades como el mercado ambulante del vecino municipio de La Canonja, señalan los autores, que cada domingo reúne a centenares de personas a menos de dos kilómetros de la petroquímica.
El poder de la industria
La petroquímica genera 5.500 puestos de trabajo directos, otros 5.500 indirectos y unos 35.500 inducidos, según la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Además de enormes inversiones, no solo en las plantas sino también el entorno, como en la Universidad Rovira i Virgili, recuerda Massarré. Esta industria representa el 30% del PIB de la comarca del Camp de Tarragona.
Un poder que se multiplica en los municipios colindantes. El 50% del presupuesto municipal de La Pobla de Mafumet, donde se ubica la refinería de Repsol, proviene de la petrolera. Los estudios de calidad ambiental de la instalación los paga la propia Repsol, de modo «el relato sobre la seguridad lo tiene la patronal» advierte el periodista.
La petroquímica «es el paisaje cotidiano de muchas familias, de generaciones; la gente asume como normal una actividad peligrosa». El problema, añaden, no es la industria en sí sino la falta de medidas de seguridad arbitradas por las diversas administraciones.
Ese es «el pecado original» de la relación de Tarragona con la petroquímica, señala Orensanz. «Es lo más importante, la necesitamos, y esa convicción hace que cualquiera que se cuestione mínimamente la situación» sea apartado.
Una Administración «laxa»
Durante décadas, la administración ha sido «laxa» en el mejor de los casos, señalan. «Da miedo pensar en la calidad del aire que respiramos, porque no han querido medirlo», apunta Massarré. «Hay miedo a saber, y se ha construido un dogma de fe» sobre la seguridad de esta industria.
Pero «es inadmisible» que no existan medidores para monitorizar la calidad del aire. Ahora, tras el accidente, se han instalado para alertar de fugas que pongan en riesgo la salud, explican, pero no se monitoriza el día a día del aire que respiran los vecinos de la petroquímica. Ni sus trabajadores.
Lo peor, explican, es que esta cuestión «ni siquiera existe en el debate político«. El Ayumtamiento de El Morell es el único que está haciendo mediciones de contaminación del aire con los componentes utilizados en la petroquímica de los cinco consistorios afectados. «Todo para no incomodar a la industria» concluye Orensanz.
Los últimos accidentes
El último accidente, antes de mandar el libro a imprimir, fue la fuga de Nafta de la empresa ASESA. «La peste llegó al Maresme», al norte de Barcelona pero la Fiscalía cerró la investigación concluyendo que no hubo peligro para la población. Los CAP de Tarragona atendieron esos días a 90 personas con afecciones respiratorias asociadas a la fuga, relata Massarré, pero el informe de la Fiscalía solo consignaba un afectado. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat tardó 16 horas en hacer las primeras mediciones del aire.
En esa fuga «volvieron a fallar los avisos a la población» añade Massarré. También en el incendio de azufre que se produjo meses antes. «Son las mismas reacciones insuficientes que se produjeron la noche del accidente» de Iqoxe, concluye. La sirenas no sonaron, y Twitter fue la vía utilizada por los vecinos para recabar algo de información.
Solo cuando el mal olor provocado por la fuga era insoportable, Protección Civil lanzo un mensaje a través de su cuenta en Twitter para avisar de que se había producido una fuga en Asesa. Habían pasado doce horas desde el inicio del incidente y nadie había avisado a la población.
Sanciones ridículas
EL accidente de Iqoxe no ha sido el primero en la petroquímica de Tarragona, aunque sí el más grave. Pero las consecuencias, hasta ahora, han sido prácticamente nulas para las empresas implicadas. Hay sanciones que parecen ridículas, como las que recibió la propia Iqoxe por vertidos en el mar. Un expediente de 2014 certifica que la concentración de la DQO (demanda química de oxígeno) de les aguas vertidas era de 1.574 mg/l, cuando la concentración permitida era de 700 mg/l. La multa fue de 200 euros.
Otra gran multinacional, BASF, tuvo que pagar 1.400 euros per un vertido que mostraba concentraciones de materias inhibidoras más de tres veces por encima del límite legal. Algo más oneroso para la alemana fue el vertido de 5,5 toneladas de hidrocarburos en un terreno que no estaba impermeabilizado. Esa vez fueron 16.500 euros.
Clariant fue multada con 960 euros por verter al mar un 50% más de nitrógeno del permitido. Kemira, tuvo que pagar 3.005 euros por multiplicar por 150 el vertido de aluminio total permitido, multiplicar por 200 las materias en suspensión (MES) permitidas y presentar una DQO que duplicaba el máximo establecido. Son solo algunos de los ejemplos recogidos por los autores para ejemplificar esa laxitud de la administración.
Urbanismo desatado
Si el carácter de las industrias concentradas en los polígonos de Tarragona entraña un riesgo, ese riesgo se multiplica por la densidad demográfica de la zona. Que miles de personas veraneen y vivan a poca distancia del polo químico más importante del Sur de Europa, con una gran presencia de industrias dedicadas a la fabricación productos «tóxicos» o «muy tóxicos» según la normativa internacional.
En primera línea, municipios como La Canonja, La Pobla, o Vila-seca de Solcina, junto a los barrios tarraconenses de Campclar, Torreforta y Bonavista. Más de 50.000 personas viven en esos núcleos, que no cumplían la legislación franquista que obligaba a una distancia de 2 kilómetros entre viviendas y petroquímica, cuando éstas se construyeron. Paradójicamente, la legislación actual reduce esa distancia a 500 metros.
A partir de 1961 empezó la construcción del polígono que se convertiría en la petroquímica de Tarragona. Entre 1961 y 1965 se instalan allí: Pirelli SA, Unión Española de Explosivos SA, la Compañía de Jesús, el Instituto Nacional de Previsión, Ángel Llaneza Zapico, Sociedad Petrolífera Española Shell SA, DISA, DOW Chemical, CEPSA, DOW Unquinesa, Minas de Río Tinto SA, Industrias José Albors, Rodal SA i Imperial Azanón SA.
La consagración del polo químico llega a principios de los 70, con la construcción de la refinería de Repsol. Pero por aquel entonces también había explotado el potencial turístico de la Costa del Sol. Y el sector turístico presiona para conseguir que la refinería no se sitúe a pie de playa, sino unos kilómetros hacia el interior. Aquí nace el Polígono Norte.
En ese mismo periodo, la población de Tarragona se dobló. Había trabajo pero no vivienda, y se extiende el barraquismo dando lugar a nuevos barrios en el entorno del polígono. De modo que las empresas y entidades financieras empiezan a construir vivienda y se urbanizan los nuevos barrios en el entorno del Polígono Sur.
En una década la industria química y su infraestructura prácticamente igualaba en extensión a una ciudad que había tardado setecientos años en alcanzar esa envergadura.