Cuatro meses. Son los que tiene el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para terminar la reforma de las pensiones que inició el año pasado, y que deberá estar lista antes de que finalice el año si quiere cumplir con lo prometido a Bruselas.
Cuatro meses en los que el equipo de José Luis Escrivá deberá volver a trabajar a contrarreloj justo tras el parón vacacional porque las dos reformas que quedan pendientes no son nada fáciles, según vaticinan en el diálogo social, y porque el Ministerio pretende consensuarlas con sindicatos y patronales. Y hasta ahora eso nunca ha sido sencillo.
Seguridad Social ha prometido adecuar el periodo que sirve para el cálculo de la pensión de jubilación «a las nuevas carreras profesionales» y también adaptar también las bases máximas de cotización del sistema. La letra pequeña es la que aún no está clara y deberán abordar las tres partes en próximas reuniones que todavía no han arrancado ni tienen fecha programada.
Escrivá querría haber comenzado esta negociación antes de que las vacaciones, pero la del nuevo sistema de cotización de los autónomos ha llevado más tiempo de lo previsto -incumpliendo, incluso, el plazo prometido a la Comisión Europea-. No fue hasta el día 20 de julio, y tras semanas en las que el acuerdo parecía inminente, cuando las tres organizaciones de trabajadores por cuenta ajena con las que negociaba el Ministerio dieron su visto bueno al borrador de la ley que por fin se aprobó en consejo de ministros el 26 de julio.
Ahora, fuentes del Ministerio afirman que en septiembre su departamento convocará a sindicatos y organizaciones de empresarios para empezar a negociar estos cambios. Aseguran también que se trata de la parte más fácil de toda la reforma del sistema de pensiones, que incluía tanto su vinculación con el IPC como los cambios en el sistema de cotización de los autónomos, el impulso de los planes de pensiones de empresa o empleo y la creación de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que garantice la sostenibilidad del sistema.
No creen que lo que queda por delante vaya a ser especialmente polémico ni complicado, a pesar de la controversia que ha generado esta parte durante los últimos años. Hace menos de dos meses, una diputada de Podemos provocó un gran revuelo al anunciar por error que su formación había llegado a un acuerdo con el PSOE en el seno del Gobierno de coalición para destopar las pensiones públicas, y eso que esta es la parte que en principio debería ser la más sencilla de lo que queda por negociar.
Lo prometido a Bruselas
Por un lado, el Gobierno ha prometido a Bruselas aumentar la base de cotización máxima de forma gradual a lo largo de los próximos 30 años. No es lo que se conoce como «destopar» las cotizaciones ni las pensiones, puesto que esto supondría eliminar los límites por arriba.
Este es el error que cometió Isabel Franco, diputada de Unidas Podemos y portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que rápidamente enmendaron desde el Ministerio. Lo previsto es aumentar los máximos que ahora existen a lo que deben pagar empresarios y trabajadores a la Seguridad Social. Algo que, en consecuencia, subirá las pensiones máximas.
En principio no se prevé que esta reforma encuentre demasiados impedimentos, aunque siempre dependerá de la propuesta que haga el Ministerio en la mesa de diálogo social. El cambio permitirá, como se detalla en el componente número 30 del Plan de Recuperación -el enviado a Bruselas para recibir 70.000 millones de fondos europeos- «reforzar los ingresos del sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad».
Más difícil sí se antoja el cambio en el periodo de cálculo de las pensiones de jubilación. Aunque sobre esta reforma aún hay muy poco claro, las declaraciones que ya ha hecho el ministro han llevado a algunas voces a prever que perjudicará a multitud de pensionistas, sobre todo mujeres, y a posicionarse en contra de la misma.
Lo prometido por ahora es «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación». El texto enviado a la Comisión apunta que podría contemplarse «la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional».
Pero no está claro si afectará a todos los pensionistas o solo a algunos o hasta qué punto el trabajador podría escoger qué años saca del cálculo. Todo dependerá de la negociación.
¿Para qué se hace? El Ministerio recuerda que desde 1985 todas las grandes reformas de pensiones han ido aumentando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Antes de 1985 era de dos años y se extendió a ocho; en 1997, a 15 años, y en 2011, a los 25 últimos años de cotización en 2022.
La idea, mantiene el Gobierno, es «reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales». Pero también puede tener efectos negativos para los pensionistas.
«Por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización», reconocen también en el Plan de Recuperación. Según Escrivá, la reforma está pensada «para aquellas personas en las que los últimos años de vida laboral no son precisamente los mejores», como aseguró en agosto en una entrevista con La Sexta.
La reforma previsiblemente traerá consigo choques en el Gobierno de coalición, con Podemos presionando para que el cambio permita elegir entre calcular la pensión en base a los últimos 35 años cotizados o los 25 mejores, lo que de media supondría una mejora en la pensión del 6%. Pero esa opción también implicaría un aumento del gasto en pensiones del 0,67% del PIB en 2050, según cálculos del economista de IU Carlos Sánchez-Mato, en un momento en que gasto en pensiones ya va a dispararse por su revalorización con el -desbordado- IPC, así que no parece probable.