«Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas». El párrafo está contenido en la proposición de ley que los socialistas presentaron en mayo del año pasado para perseguir la prostitución, y que, en un principio, quisieron incluir en la ley del «sólo sí es sí».
Dicha proposición ha vuelto a la palestra tras el estallido del caso «Tito Berni», dado que los miembros de la trama eran proclives a acabar sus encuentros en prostíbulos o bien en contratar los servicios de prostitutas en los hoteles donde se alojaban, tal y como atestiguan las fotos que han ido trascendiendo y que constan en el sumario judicial. Estos días se ha destacado cómo el que fuera diputado del PSOE por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, votó en junio del año pasado a favor de la proposición de ley de su grupo al tiempo que, supuestamente frecuentaba locales donde se ejercía la prostitución.
Pero desde su toma en consideración no se ha avanzado nada. Fuentes parlamentarias señalan que todavía no se ha convocado ni la ponencia, cuyos trabajos son previos a su debate en comisión, a lo que hay que unir la presentación y votación de enmiendas en el pleno del Congreso antes de su aprobación definitiva. Pero a poco que dichos trabajos se retrasen, la proposición socialista puede correr el riesgo de no salir adelante en la presente legislatura.
El Grupo Socialista trabaja para recabar más apoyos
Fuentes del Grupo Socialista indican a El Independiente que la proposición, respaldada por el PP, pero no así por los grupos que habitualmente sostienen al Gobierno, «está en tramitación parlamentaria y trabajamos para obtener los apoyos y aprobarla esta legislatura». En cambio, los populares dudan que haya tiempo para sacarla adelante, primero porque es «otro tema de fricción del Gobierno con sus aliados» y, segundo, porque no se avanzará en ella «hasta que se solucione la ley del ‘sí es si’» que, como poco, se adentrará en el mes de abril, en plena precampaña de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.
Hasta Unidas Podemos es crítica con la iniciativa socialista por la presencia de un sector del feminismo próximo a los morados que, lejos de ser abolicionista, aboga por la regulación de la prostitución y de la pornografía. También acusaban a los socialistas de perseguir a las prostitutas, algo que la propuesta socialista niega bajo el siguiente redactado: «En ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución».
PSOE y PP han ido de la mano en esta propuesta, que no comparte Unidas Podemos
Las grandes novedades que incluye el texto registrado por los socialistas en mayo del pasado año es el castigo del proxenetismo aún en el caso de que no quede acreditada la explotación de la persona prostituida y haya consentimiento. Los jueces hicieron llegar a los grupos de PSOE y PP las dificultades para que una mujer explotada reconociera dicha condición -la mayor parte de las veces por ser amenazadas- lo que les ataba de manos a la hora de dictar sentencia.
De ahí la intención de articular «la necesaria respuesta penal, optándose por castigar el proxenetismo de manera general en el artículo 187, sin exigir la relación de explotación, que conduce a una restricción indeseada del alcance del tipo». Además, de prosperar la proposición de ley, pasará a castigarse también la «tercería locativa». Este término alude a los que «con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento».
Estos dos aspectos estaban ya transaccionados con los populares, pero además, el PSOE incorporó un tercer elemento sustancial, clave, siguiendo el modelo de países como Suecia, esto es, la persecución penal del putero. De modo que «convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses». Además, en el caso de que «la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses». De haber estado en vigor esta reforma penal, a «Tito Berni» se le hubieran puesto las cosas aún más complicadas.
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