Vocales del denominado bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierten de que si los miembros del grupo progresista deciden presentar una dimisión en bloque para forzar la renovación del órgano incurrirían en delito.
Este viernes, los vocales progresistas se reúnen después de que el vocal propuesto por el PSOE para el cargo, Álvaro Cuesta, planteara una dimisión conjunta dos semanas después de que la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez, presentara una carta de renuncia al presidente del consejo de jueces, Rafael Mozo.
La propuesta de Cuesta se ha interpretado en el sector conservador como una operación acordada con el partido del Gobierno para forzar al Partido Popular a renovar ya el órgano de gobierno de los jueces que lleva cuatro años y cuatro meses en funciones por la falta de acuerdo político de renovación entre los dos principales partidos del Congreso.
En caso de que los miembros del bloque minoritario decidieran dimitir juntos -alternativa propuesta por Cuesta que de momento no parece compartir el resto de su grupo-, los vocales conservadores advierten de que estarían incurriendo en un delito de abandono previsto en el artículo 409.2 del Código Penal, en el que se especifica que «las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses», según trasladan a El Independiente.
«La Comisión Permanente puede cumplir las funciones»
Las fuentes consultadas recuerdan que en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) modificada en dos ocasiones por los partidos del Gobierno, una para retirar al consejo la función de realizar nombramientos mientras esté en funciones y otra para devolverle la función de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, se especifica que hay responsabilidades que no se pueden retirar al órgano de gobierno de los jueces por su función esencial.
Lo que no cabe en la cabeza de nadie es querer descabezar un poder del Estado con tal acción de comando
En este sentido, si los vocales deciden dimitir en bloque, ven claro que podrían ser objeto de una querella. Quien impulsara la dimisión, podría ser querellado por el punto 1 del citado artículo: «Las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Desde el bloque conservador también rechazan que una dimisión en bloque provocara la disolución del consejo de jueces porque «la Comisión Permanente, en caso de urgencia o necesidad, puede cumplir todas las funciones», especifican. Desde que se les retiró la de los nombramientos estas son pocas, básicamente los nombramientos internos del Consejo y la emisión de informes.
En caso de que dicha dimisión en bloque se acordara antes del Pleno de la próxima semana, el resultado sería que dicha reunión de los miembros no podría producirse porque no habría suficientes miembros, consideran las fuentes consultadas, «pero eso no significaría la disolución de nada». «Lo que no cabe en la cabeza de nadie es querer descabezar un poder del Estado con tal «acción de comando», rechazan.