Las indemnizaciones por despido están exentas del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por importe de hasta 180.000 euros. En 2022, este beneficio fiscal tuvo un perjuicio para las arcas públicas de 612 millones de euros. Por su relevancia económica, el Ministerio de Hacienda ha incluido esta exención en su análisis de beneficios fiscales y ha puesto el foco sobre las consecuencias que tiene para el mercado de trabajo.
Hacienda se comprometió en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a realizar un análisis de al menos 15 incentivos fiscales que se irían publicando durante el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024. La labor del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Dirección general de Tributos (DGT) es la de continuar con la evaluación del gasto público que ya realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Este es un debate recurrente cuando se habla de gasto público. El aumento de la deuda pública durante la crisis del coronavirus reactivó la preocupación sobre la eficiencia del presupuesto que el Estado destina a diferentes partidas, entre ellas, los beneficios fiscales. En este sentido, la AIReF reitera que se debe analizar que los incentivos cumplan con los objetivos que se fijaron y, para ello, es necesario estudiar cuáles están siendo las consecuencias de aplicarlos.
En el análisis elaborado por el IEF y la DGT en marzo de este año, se analizan 10 beneficios fiscales. Tres de ellos son relativos al impuesto sobre Sociedades y siete tienen que ver con el IRPF. Solo por detrás de las exenciones de las prestaciones de invalidez, que costaron al Estado 1.177 millones de euros en 2022; y de la reducción por tributación conjunta monomarental, que supuso 1.014 millones de euros, las exenciones de las indemnizaciones por despido son el beneficio fiscal más costoso de entre los analizados.
Cabe destacar que en el análisis de tanto la reducción por tributación conjunta como de las prestaciones de invalidez, Hacienda concluye que cumplen con los objetivos de redistribución de la riqueza y de complementar las rentas de personas en riesgo de exclusión. Sin embargo, las conclusiones para las exenciones para las indemnizaciones son menos positivas.
El despido «más favorable» de la OCDE
Hacienda cifra en 737.775 contribuyentes los que se beneficiaron de la exención fiscal para las indemnizaciones por despido, una cifra ligeramente superior a la de 2021 (737.192) pero por debajo de la de 2020 (786.054), año en el que se produjo un cambio en la metodología que incrementó el cálculo de personas.
Las indemnizaciones media varían en función de la antigüedad, pero también de la edad de los trabajadores. Para los trabajadores de entre 16 y 19 años que fueron despedidos en 2021, las indemnizaciones fueron de media de 292 euros, mientras que para los que tenían entre 45 y 54 años, alcanzaron los 15.114 euros. Los españoles que recibieron una indemnización por despido y tenían más de 55 años, obtuvieron una compensación de 21.705 euros de media. Se puede observar que la exención fiscal tiene un baremo muy elevado, en comparación con las indemnizaciones medias.
El análisis de beneficios fiscales califica de «más favorable» para el trabajador la regulación sobre el despido que existe en España y de «generosa» la exención fiscal. «La OCDE sitúa a España en el quinto país con los costes de despido más elevados para los trabajadores que acumulan una antigüedad de 4 años, y en el tercer país para los trabajadores con una antigüedad de 20 años. En 2020, España tuvo los costes de despido, como porcentaje del PIB, más elevados de Europa, solo por detrás de Chipre e Italia», añade el documento.
Consecuencias para el mercado de trabajo
Hacienda concluye que esta exención fiscal también tiene consecuencias para la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que resultaron despedidas. El informe precisa que para los trabajadores que recibieron indemnizaciones inferiores a los 180.000 euros, la probabilidad de participar en el mercado laboral es de entre el 60 y el 80%. Si la indemnización es superior a esa cifra, la reincorporación es «notablemente inferior».
Si se observan los años posteriores al despido, «parece que en el corto plazo, en los dos o tres años posteriores al cobro de la indemnización, el aumento de la indemnización supuso un claro desincentivo a la participación en el mercado de trabajo, mientras que a partir del cuarto año el efecto no parece estar tan claro», describe el análisis.