Air Europa está a un paso de arrebatar a Air Nostrum el contrato millonario para operar, durante un año y medio, los vuelos para el traslado a sus países de origen de los migrantes que se encuentren en España en situación de repatriación o expulsión. De esta forma, la compañía fundada por Juan José Hidalgo recuperaría un servicio que estuvo prestando hasta finales de 2019.
El Ministerio del Interior está a punto de resolver el concurso que convocó a principios de septiembre y por el que han pujado dos uniones temporales de empresas: una formada por Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA y Evelop Airlines SL -actual prestataria- y otra integrada por Air Europa Líneas Aéreas SA y Swiftair SA, alianza que consiguió el mismo contrato en 2018.
Con un presupuesto máximo de 10.890.000 euros (a una media mensual de 605.000 euros, impuestos incluidos), el contrato consiste en el flete de aviones para llevar a inmigrantes bien a sus países de origen en ejecución de las órdenes de expulsión o bien a otros puntos dentro de España para su ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en ambos casos custodiados por la Policía. El plazo de ejecución es de 18 meses, estando previsto que empiece a contar el próximo 4 de diciembre.
Air Europa-Swiftair ha presentado una propuesta económica ligeramente mejor que la de su rival. Mientras Air Nostrum-Evelop se ha limitado a igualar los precios de licitación en las cuatro capacidades de aviones que se solicitaban, la virtual adjudicataria ha ofrecido una bajada del 9,09 % (1.700 euros menos) por cada hora de vuelo operado con una aeronave de entre 121 y 200 plazas y del 4,96 % (1.200 euros) en la de más de 200 asientos, según se detalla en el acta de la reunión virtual que la mesa de contratación celebró el pasado 13 de octubre. Las otras dos configuraciones requeridas eran hasta 75 butacas y entre 76 y 120, con lo que Interior se garantiza que se pueda operar en todos los aeropuertos nacionales e internacionales (incluido el de Melilla).
Mejor oferta económica
La proposición económica es el criterio con más peso a la hora de seleccionar la oferta ganadora: 85 sobre 100 puntos. De esos 85, los precios unitarios por hora de vuelo -bloque de la oferta en la que Air Europa-Swiftair ha situado su descuento- concentran hasta 60 puntos. La tarifa relativa a los suplementos de posicionamiento de las aeronaves (20 puntos) y por estancias en tierra superiores a cuatro horas (5) suman los 25 restantes.
También es más ventajosa para la Administración la propuesta de la UTE liderada por Air Europa en relación con las eventuales indemnizaciones derivadas de las modificaciones en función de necesidades reales o cancelaciones de órdenes de ejecución de vuelos, al proponer una reducción del 5 % respecto al 10 % de la licitación. Ello le garantiza otros cinco puntos de diferencia, dado que Air Nostrum no ha ofrecido recorte alguno sobre el porcentaje de salida.
El actual contratista sí que obtendrá mejor valoración en el tercer criterio que se tiene en cuenta en la valoración de las propuestas: la mejora por reducción de la antigüedad tope de las aeronaves (hasta 10 puntos). En este caso, Air Nostrum reduce en 13,19 los años máximos de la flota con la que prestaría el servicio (11,81 respecto a los 25 de la convocatoria) frente a los 10 de Air Europa, lo que le permitirá conseguir ocho puntos frente a los seis de la otra licitadora.
El presupuesto de licitación ascendía a 10,89 millones, a razón de 605.000 euros mensuales durante año y medio
Para calcular el presupuesto de gasto máximo del nuevo contrato, Interior había tomado como referencia el coste real registrado durante los años 2017 y 2018 y aplicó un incremento «razonable» del 18 % para cubrir el posible alza que hayan podido experimentar algunos costes. El límite se ha fijado en 10.890.000 euros, idéntico montante que en el concurso anterior.
En el caso de que aumentara el flujo migratorio irregular y el gasto real excediera el importe de adjudicación, el departamento que dirige Grande-Marlaska -como ya previó en la anterior licitación- deja abierta la puerta a que el contrato se pueda modificar hasta un 10 % del presupuesto como máximo. Esa circunstancia, en concreto, se daría si la partida se ha agotado en un 80 % cuando falten más de cuatro meses para que termine la ejecución del encargo.
«Dicho fenómeno [migratorio] se encuentra sujeto a múltiples factores, por lo que no siempre es tarea fácil realizar previsiones en cuanto al número de vuelos de expulsión o repatriación que va resultar preciso acometer en el futuro. Factores económicos coyunturales de diversos e imprevisibles orígenes (en España, en el resto de Europa y en los países de origen), factores políticos y sociales en los países de origen, factores sanitarios como los de la actual pandemia de coronavirus (covid-19), e incluso factores climatológicos, factores todos ellos que pueden determinar la afluencia de inmigración ilegal a nuestro país y consecuentemente el número de personas en dicha situación», resalta la Secretaría de Estado de Seguridad en la memoria justificativa.
Peculiaridad religiosa
Según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, los servicios a bordo que tendrá que ofrecer la compañía que reciba el encargo deberán ser como mínimo «equivalentes a los de la clase turista de los vuelos comerciales de duración similar», lo que incluye servir agua mineral y comida caliente en aquellos vuelos que duren más de dos horas. En estos casos, el operador tendrá necesariamente que tener en cuenta «la peculiaridad del orden religioso o cultural» de los pasajeros.
Asimismo, el contrato impone específicamente a los tripulantes de la aeronave como cualquier otro empleado de la compañía que viaje a bordo la obligación de respetar la «adecuada reserva y confidencialidad» sobre los servicios que se desarrollen, como «fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo».