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Bolaños sale tocado tras el fiasco del asalto al Constitucional. Por Casimiro García-Abadillo

El año empezó con una pequeña tormenta. El día 2 de enero, Carlos Alsina entrevistó a María Luisa Segoviano, recién nombrada magistrada del Tribunal Constitucional, quien dijo en antena que «la autodeterminación es un tema complejo que conviene estudiar». La afirmación se ha sacado un poco de quicio. De hecho, ella misma advirtió que eso «no quiere decir que se admita», en caso de que una propuesta de ese tipo llegue recurrida al Tribunal de Garantías.

Algunos se echaron las manos a la cabeza: «¡Un submarino del independentismo en el TC!». Afortunadamente, el PP no entró a ese trapo. Segoviano tiene que medir un poco mejor la onda expansiva que algunas declaraciones generan en los medios. Fue una tormenta en un vaso de agua.

Sin embargo, lo más importante de la entrevista a la magistrada fue que desveló su criterio respecto a la elección del próximo presidente del Tribunal Constitucional: alguien, afirmó, «con capacidad para llegar a consensos, acercar posiciones y limar asperezas». Tres virtudes que no encajan en la personalidad de Cándido Conde Pumpido, el preferido de Moncloa para ocupar ese puesto clave.

Segoviano, como es sabido, no era la candidata del Gobierno para incorporarse al Tribunal Constitucional. Aunque de tendencia progresista no es tan afín a Conde Pumpido ni al propio Gobierno como lo hubiese sido José Manuel Bandrés, que fue el propuesto por el ala llamada progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el último minuto.

Ahora, si ella quiere, María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional, puede optar con posibilidades de éxito a la presidencia del TC, dado que los conservadores la prefieren a Conde Pumpido, sobre todo porque, aunque sea de izquierdas, tiene un perfil menos progubernamental que su compañero. Quien tenga dudas sobre la incompatibilidad del retrato robot de Segoviano como candidato ideal a presidir el TC y la personalidad de Conde Pumpido no tiene más que recordar que fue él quien llamó a algunos de sus compañero «legos» y «juristas de salón» en un voto particular en el que disentía de la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del primer decreto de alarma del Gobierno por el Covid. Luego tuvo que rectificar.

Así que en Moncloa no están muy contentos con el resultado final de un blitzkrieg lanzado a finales de año con el fin de lograr una mayoría a su gusto en el Tribunal Constitucional.

El ataque relámpago consistió en meter de rondón en la propuesta de ley para reformar el Código Penal la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reformas que tenían como único fin acelerar el nombramiento de los dos magistrados que le correspondía proponer al CGPJ sin necesidad de consenso entre sus miembros. Esa estrategia estuvo supervisada directamente por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños.

La estrategia de Moncloa no contemplaba la decisión del TC de paralizar la reforma de la LOPJ y de la LOTC, ni tampoco que el CGPJ consensuaría dos nombres para el Tribunal de Garantías, lo que convertía su ruidosa ofensiva en inútil

La reforma fue recurrida por el PP ante el TC y, para sorpresa de algunos, fue admitida y aceptada la medida «cautelarísima» de paralizar su aprobación en el Senado en un pleno de alta tensión que se celebró el pasado 19 de diciembre.

Un día después, el 20 de diciembre, el CGPJ se reunió en pleno extraordinario para votar a los candidatos para el TC. No hubo acuerdo. La propuesta del bloque conservador de Cesar Tolosa y Pablo Lucas no consiguió la mayoría suficiente de tres quintos. Por su parte, los progresistas tampoco sacaron adelante la propuesta de José Manuel Bandrés.

Si las cosas quedaban así, el Gobierno ya había previsto llevar por la vía de urgencia una proposición de ley al Congreso para la reforma de la LOPJ y la LOTC esta vez en solitario, lo que, pensaba el equipo jurídico de Moncloa, eludía los argumentos de la sentencia del TC para admitir el recurso del PP. Si eso hubiera sido así, Bandrés habría salido con seguridad, ya que la reforma estaba diseñada precisamente para eludir la mayoría cualificada de tres quintos que hasta entonces impedía su nombramiento.

El día 22 había convocado un pleno del CGPJ en el que, en principio, no se iba a votar de nuevo a los candidatos al TC. Pero ese mismo día la mayoría conservadora puso en marcha una estrategia que podía desbloquear la situación y no precisamente al gusto del Gobierno. En la votación del día 20 los conservadores se quedaron a un solo voto de sacar adelante a Tolosa y a Pablo Lucas. Es decir, que si Enrique Lucas, hermano de Pablo, y miembro del CGPJ, no se hubiese abstenido, la propuesta habría salido adelante.

Por tanto, el voto del progresista Enrique Lucas era fundamental. El vocal conservador Gerardo Martínez Tristán fue quien puso sobre la mesa el nombre de María Luisa Segoviano -en sustitución de Pablo Lucas- como candidata progresista junto a Tolosa. Ambos mantienen buena relación desde hace años y en julio almorzaron y la idea salió a colación.

En la mañana del 20 de diciembre Martínez Tristán habló con Enrique Lucas para decirle que ya no iban a proponer a su hermano ante la imposibilidad de sacar adelante su nombramiento por la oposición del bloque progresista. Aunque no le pidió el voto, quedó claro que Lucas aceptaría a Tolosa y Segoviano. Minutos después, y antes del pleno, los diez vocales conservadores se reunieron para debatir la propuesta de Martínez Tristán, que contó con el apoyo decidido de Vicente Guilarte. El resto se sumó.

Una vez comenzado el pleno, Martínez Tristán propuso al presidente provisional del CGPJ, Rafael Mozo, la inclusión en el orden del día de un nuevo pleno extraordinario para volver a votar a los dos candidatos al TC. Mozo, sorprendido, pidió que se dieran los nombres de nuevos candidatos y fue así como se conoció la identidad de los que, finalmente, saldrían elegidos en el pleno de extraordinario del 27 de diciembre.

Sin embargo, el grupo progresista insistía en Bandrés. De hecho, la votación del día 27 estuvo rodeada de cierto suspense, ya que hasta que no votó la vocal -en el CGPJ se vota por edad de menor a mayor- progresista Roser Bach, aceptando a Tolosa y Segoviano, no se supo que esos dos nombres iban a salir con el apoyo de todos los miembros del Consejo.

La jugada de Segoviano, con la que no contaba Moncloa, desbarató por completo la estrategia diseñada para lograr una mayoría de apoyo a Conde Pumpido como presidente del TC. Ahora, las reformas de la LOPJ y de la LOTC ya no tienen sentido, ya que el TC se ha renovado dando lugar a una mayoría progresista y por consenso en el CGPJ.

No se puede dar por hecho que María Luisa Balaguer presente su candidatura, aunque un dato a tener en cuenta es que no firmara el voto particular que encabezó Conde Pumpido contra la resolución que admitía a trámite el recurso del PP. Desde luego, a ella le gustaría.

Lo que sí ha quedado claro en el seno del Gobierno y también en el PSOE es que la estrategia diseñada por Bolaños ha sido un fiasco. Demasiado ruido mediático y político para, al final, no lograr el objetivo deseado. Algunas fuentes del PSOE creen que ese traspiés le pasará factura. Pero todo depende del presidente que, hasta ahora, le considera como miembro destacado de su exclusivo núcleo duro.

Ahora queda por resolver la cuestión que está en el origen de esta trifulca: la renovación del CGPJ. El PP ha llevado al Congreso una proposición de ley para cambiar el sistema de votación y que sean los jueces los que nombren a los 12 miembros de la carrera judicial del total de 20 que conforman el Consejo. La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez insistió ayer en que el Gobierno está dispuesto a hablar sobre el tema con el PP, aunque dos propuestas similares ya fueron rechazadas por la Cámara en 2018 y 2021. Sin embargo, la condición para hacerlo sería que la renovación del actual CGPJ se hiciera por el sistema actual. Recordemos que Bolaños y Esteban González Pons estuvieron a punto de firmar un pacto que se fue al garete al conocerse que Pedro Sánchez había decidido suprimir el delito de sedición del Código Penal a cambio del apoyo parlamentario de ERC.

¿Se retomará la negociación pese a la cesión del Gobierno ante ERC? Parece muy difícil. Todo lo que ocurra a partir de ahora se hará pensando en las elecciones.

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