La exconsejera de Enseñanza durante el intento de secesión en Cataluña en 2017, Clara Ponsatí, ha regresado este martes a España tras cinco años viviendo entre Escocia y Bélgica, donde actualmente ejerce como eurodiputada de Junts per Catalunya.
Sobre Ponsatí pesa ya únicamente un delito de desobediencia, tras constatar el juez Pablo Llarena que ya no la puede reclamar por el delito de sedición, derogado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Ponsatí ha cruzado la frontera francoespañola en el paso del Pertús, momento que ha grabado y difundido a través de varios medios de comunicación.
Órdenes nacionales de detención
El pasado 15 de marzo, el instructor del procés rechazó aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituyó al de sedición en la reforma del Gobierno contra Puigdemont y el resto de exconsejeros de su gobierno fugados (Lluis Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira). Confirmó el procesamiento contra Puigdemont, Puig y Comín por malversación y desobediencia y contra Ponsatí y Rovira, únicamente por desobediencia.
Llarena dejó sin efecto las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra los procesados a los que reclama por delitos con pena de prisión pero emitió nuevas órdenes nacionales de detención contra ellos. En lo que respecta a Rovira y Ponsatí, acordó su detención en España para tomarles declaración por delito de desobediencia.
La defensa de Ponsatí presentó un recurso contra dicha decisión considerando que una detención sería «ilegal» y reprochó que el juez hubiera dictado una orden nacional de detención contra «una eurodiputada que goza de inmunidad sin solicitar el levantamiento de esta».
La vuelta de la exconsejera catalana a España se presenta desde su partido, Junts per Catalunya, como una decisión en el «ámbito de la confrontación inteligente», según ha afirmado Jordi Turull, secretario general de su partido y también condenado en la sentencia del procés que posteriormente fue indultado, Jordi Turull.
El partido independentista presenta la situación como un reto al Estado para que proceda a lo acordado por el juez Pablo Llarena. Es decir, que las Fuerzas de Seguridad detengan a la exconsejera, procesada por un delito de desobediencia que no conllevaría prisión, para que así pueda prestar declaración en el Tribunal Supremo.