En Ciudadanos (Cs) está predominando el silencio sobre los problemas que en estos días está generando la Ley Integral de Garantía Sexual. La denominada coloquialmente como ‘Ley del ‘solo sí es sí’, que ha sido impulsada por la parte morada del Gobierno de coalición y el ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ha provocado una reducción de penas en aquellos reclusos condenados por abuso sexual que han pedido la revisión de sus casos. De ello, advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras una revisión parcial de la ley. Y es que la legislación, aprobada en las Cortes el 26 de mayo y en vigor desde el 7 de octubre, ha suprimido el delito de abuso sexual del Código Penal sustituyéndolo por el de agresión. Todo comportamiento sin consentimiento, será considerado como tal. Incluso, incorpora como agravante la sumisión química, que antes también se concebía como abuso.
El partido que lidera Inés Arrimadas fue uno de los grupos que votó a favor de la ley de libertad sexual en mayo. Únicamente no la apoyaron los diputados del PP, Vox, el portavoz de Foro Asturias y los dos expulsados de Navarra Suma. Y se abstuvieron los dos representantes de la CUP y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En la jornada previa a la votación, fuentes de Cs trasladaban el sentido de voto esgrimiendo los motivos que llevaban al grupo a ello: «Hemos conseguido que se elimine de la norma el modelo de consentimiento sexual que proponía Podemos y al que se había opuesto el CGPJ». Asimismo, «no criminalizar a los locales en los que se ejerce la prostitución de manera libre y voluntaria», la lucha contra la trata y «la retirada de la tercería locativa de la ley», algo que proponía el PSOE. En ello, insistía la diputada y portavoz de Cs en la Comisión de Igualdad Sara Giménez durante el debate de la ley previo a la convalidación. Y añadía: «La legislación ha sido mejorada en el ámbito del consentimiento (…), era necesario unir la tipificación de los abusos y las agresiones sexuales».
Aunque se introducen agravantes con la unificación de abuso y agresión sexual, como el uso de drogas para anular a la víctima, el cambio también amplía el rango de la pena. La horquilla va desde los cuatro a los doce años, en lugar de los seis a los doce para agresión atenuada y de siete a quince para agresión con penetración, violencia e intimidación en lugar de doce a quince. Eso ha motivado que, ante peticiones de presos bajo el principio general de retroactividad -que favorece que las condenas puedan revisarse y rebajarse-, entre otros tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Murcia estén fomentando estas reducciones de pena.
Ante este hecho, en las filas naranjas solo ha habido un par de reacciones públicas, y a través de Twitter. Una se ha producido desde el Parlament de Cataluña, por parte de su portavoz parlamentario Nacho Martín y otra la ha protagonizado el eurodiputado de Cs en la Eurocámara, Adrián Vázquez quien además coordina las relaciones de los liberales con el resto del partido. Estas, sin embargo, no ha estado centrada en estas reducciones de penas, sino enfocada en las críticas de Montero y otros miembros de Igualdad a los magistrados y al CGPJ por «falta de formación» para huir del «machismo». Por un lado, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín, ha expresado que no es posible «normalizar estos ataque del Gobierno a los jueces, porque así mueren las democracias» y ha pedido el cese de Montero. A ello, Vázquez, ha mencionado que «el Ejecutivo no puede cargar contra los jueces por interpretar las chapuzas legislativas».
Con este calificativo, Vázquez ha definido al texto legal que el partido refrendó en Madrid. Un documento sobre el que el partido se mostraba «satisfecho» un día antes de la votación. Preguntado por ello, fuentes nacionales de Cs rehúyen la cuestión, si bien es cierto que este miércoles en una entrevista en COPE, Arrimadas, como Martín y Vázquez, afeaba al Ejecutivo el cuestionamiento de la Justicia. Sí advertía que «si de su aplicación se ven circunstancias como estas, hay que llevarla al taller y corregirla». No obstante, el partido no ha expresado de manera formal estas diferencias y tampoco ha presentado ninguna propuesta en el Congreso para tal finalidad. Todo ha quedado en esta mención informal. La última propuesta parlamentaria del grupo ha sido la presentación de un recurso de reconsideración a la Mesa para que no admita la tramitación de urgencia de la derogación de la sedición.
Cs se escuda en las enmiendas hechas en el Senado: refuerzo de las penas y requerimiento de cursos de educación sexual para beneficiarse de una rebaja
Por su parte, fuentes parlamentarias de Cs sugieren que el partido ya buscó reforzar en el texto las garantías sobre las penas por estos delitos. Apuntan a que en el Senado, cuando llegó la ley para ser ratificada, el partido, junto al Grupo Parlamentario Democrático que integra con Teruel Existe y PRC, ya introdujo tres enmiendas a los artículos 178, 179 y 180 para reforzar las penas de cárcel. Pero no prosperaron. Sí lo hizo una de Junts para corregir una parte de la redacción de la norma, que recibió el apoyo de Cs, PP, ERC, Más Madrid o Coalición Canaria para retornar el escrito a la cámara baja. De ahí su aprobación definitiva el 25 de agosto.
En concreto, el grupo abogó por aumentar la pena mínima por agresión agravada «con acceso carnal», intimidación o de manera grupal, a los ocho años, frente a los siete actuales. Con quince años de máximo. En el caso de las agresiones que atenten contra la libertad sexual y sin consentimiento, pero sin penetración, se propone pasar de uno a cuatro años a de tres a siete. Además, los naranjas, en conjunto con los turolenses y los cántabros, añadieron como condicionante para reducción de penas la aceptación de realizar cursos de educación sexual y en igualdad durante el tiempo que estimase el órgano sentenciador.
Reproches del PP y rectificación de los grupos
Pese a estas enmiendas, el PP acusa abiertamente a Cs, así como al resto de socios de Sánchez, caso del ERC, EH Bildu o Teruel Existe, de ser «los culpables» de estas rebajas de penas a convictos. Olvida, no obstante, a otras formaciones como el PNV, Más País, Junts, Coalición Canaria o el BNG. Por el momento, los nacionalistas vascos, la izquierda abertzale y Esquerra, e incluso Junts, que no es socio habitual del Gobierno, consideran necesario reformar la ley de manera rápida para solventar el margen de interpretaciones jurídicas en relación con la reducción de las condenas. ERC, por ejemplo, ya viene advirtiendo en la comisión de Igualdad o en la de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En este último espacio, este miércoles, los republicanos volvieron alertar de que era necesaria una revisión. El PNV, por su parte, instó a reformar «con sosiego» la ley en base a criterios veraces. «Las leyes tienen que ser dinámicas. Si han de ser revisadas, se revisan», expresó el diputado Joseba Agirretxea. En esa línea coincidió Junts, que abogó por «concretar», «limitar» e «imposibilitar» las circunstancias en las que se pueden mermar las penas.
Focalizados en la moción de censura a Sánchez
En plena recta final de la refundación, Cs ha encontrado en la intención del Gobierno de derogar la sedición y sustituir ese delito por otro de desorden público agravado, un marco de oportunidad para intentar despuntar frente al PP, que prefiere centrarse en las elecciones. En Génova rehúyen de ese instrumento constitucional ante la ausencia de una mayoría alternativa y se niega a dejarse condicionar por la presión de los naranjas. También de Vox. Este fin, ha hecho incluso que Arrimadas pase de no querer sentarse a negociar con Vox a llamar directamente a Santiago Abascal por teléfono para consensuar una postura común de exigencia a Alberto Núñez Feijóo.
La relación entre ambos líderes parece, por tanto, haber recuperado la normalidad, después de un periodo de vetos a cualquier negociación. Aunque siendo ambos conscientes de las diferencias ideológicas que separa a cada partido. Según fuentes de Génova, en definitiva, tanto Vox como los naranjas buscan tener protagonismo en detrimento de los populares.