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Decenas de miles de funcionarios marchan contra el Gobierno en demanda de “una subida salarial justa”

Miles de trabajadores públicos venidos de toda España se han manifestado esta mañana por el centro de las calles de Madrid en demanda de mejoras salariales. Convocados por el sindicato CSIF, los manifestantes han reiterado la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, en especial tras la subida de la inflación que ha reducido su poder adquisitivo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado esta manifestación bajo el lema «por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos».

La marcha se ha iniciado este mediodía en la Carrera de San Jerónimo, junto al Congreso de los Diputados, hasta desembocar en el Paseo del Prado. Desde ahí continuará hasta concluir a las 14.00 horas con el discurso que el presidente de CSIF, Miguel Borra, pronunciará en la Plaza de Colón. A la marcha ha acudido la que fuera portavoz de Vox, Macarena Olona.

A esta protesta están convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado. Se estima que alrededor de 250 autobuses procedentes de decenas de ciudades españolas han viajado hasta la capital para participar en esta marcha. «La manifestación constituye un grito de protesta social contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos», han recalcado desde CSIF.

Actualizar salarios

En concreto, CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.

Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la «desmesurada» subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.

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