El exministro de Fomento, José Luis Ábalos, redactó en el verano de 2018 un decreto que trasladaba a las Comunidades autónomas la potestad de dictar una regulación específica para que los vehículos de transporte con conductor -los VTC- puedan seguir operando en trayectos urbanos. En ausencia de esa normativa regional, sólo podrán prestar servicio entre núcleos de población.
Aquel texto que pretendía apaciguar las protestas de una parte del sector del taxi tenía una fecha de caducidad; el 30 de septiembre de este año. Pero apenas unas pocas Comunidades han elaborado su propia normativa, que fija reglas muy dispares en función del territorio. De más restrictivas a totalmente permisivas.
Desde el sector miran con preocupación la continuidad de su operativa en aquellas que aún no han dado el paso. Compañías como Cabify han decidido incluso poner en marcha una campaña de presión contra la sucesora de Ábalos, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La localidad barcelonesa de Gavà, donde tiene su domicilio y fue alcaldesa, amaneció hace un par de semanas empapelada con carteles que le interpelaban directamente. «R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid», se podía leer en los mensajes. «Pese a que no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: podrás seguir viajando por otras ciudades», rezaba el subtítulo.
En la capital de España se colgaron dos grandes lonas que aseguraban que hasta el complejo de Nuevos Ministerios -donde está la sede de Transportes junto a Trabajo o Transición Ecológica- se habían desplazado más de 5.000 VTC desde comienzos de año. «Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify», rezaban los carteles que actualmente han sido ya retirados.
Desde el Ministerio aseguraron estar planteándose tomar medidas contra la empresa por su campaña. «Ante el contenido y las alusiones tanto directas al ministerio como personales hacia la titular de este Departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, el ministerio está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes», ha explicado en un comunicado», indicaron. Fuentes del citado departamento aseguran que no hay una decisión tomada.
Cabify ha reclamado que el Ejecutivo central ampliase el plazo de la moratoria dictada por Ábalos «un mínimo de dos años». Algo a lo que el departamento de Raquel Sánchez se ha negado en rotundo. La reclamación de Cabify se apoya en las conclusiones de un informe encargado a un grupo de expertos de la Universidad de Barcelona para valorar el impacto que ha tenido en todo este tiempo la pandemia para el sector y los propietarios de licencias, dada la caída de la movilidad como consecuencia de las restricciones.
El citado estudio calcula que «el periodo inicial de cuatro años establecido por el ministerio» habría sido «insuficiente incluso sin pandemia». Para recuperar de forma completa las inversiones realizadas en las licencias VTC se necesitarían hasta 16 años.
Mientras tanto, el fin de la moratoria se acerca con apenas un puñado de Comunidades que han dictado algo al respecto. Tras Madrid y Cataluña, la última en dar el paso esta misma semana ha sido Andalucía, donde están un 18% de las licencias a nivel nacional. Aunque se limita la actividad de compañías como Uber, Cabify y Bolt, podrán seguir conviviendo por las calles con los taxistas. Estos últimos no han logrado que los VTC se tengan que precontratar con un tiempo mínimo de 15 minutos.
«Aunque es una buena noticia que el decreto ley garantice la continuidad del sector de la VTC en Andalucía, estamos preocupados por algunas restricciones desproporcionadas como las medidas de los vehículos. El tamaño mínimo, sobretodo en vehículos ECO, ralentizará sin duda el proceso de electrificación del parque de vehículos en Andalucía y dificultará el acceso a alternativas de movilidad más sostenibles para los usuarios», señalaron desde ANDEVAL, la patronal de las VTC en Andalucía.
Por su parte, la regulación catalana también es restrictiva con las VTC. Entre otras cosas, fija una cifra mínima de servicios anuales, habrá que contar con flotas con certificados ECO y los vehículos de las mismas deberán tener una longitud mínima de 4,90 metros. En Madrid, en cambio, el Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso dictó una norma que les permite seguir operando como hasta ahora. Queda por ver qué hará finalmente la Comunidad Valenciana.