La nueva ley de vivienda que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha pactado con los socios independentistas vascos y catalanes de Bildu y ERC nacerá con la amenaza de no ser por parte de algunas Comunidades Autónomas, que son quienes tienen en último término las competencias para aplicar sus preceptos.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asumido que los gobiernos regionales controlados por el PP podrán ignorar la nueva normativa, que no contiene mecanismos coercitivos para que dichos ejecutivos tengan que aplicar de manera obligatoria sus preceptos. Entre ellos se incluye una limitación del 3% a la subida del precio de los alquileres en 2024 y un índice alternativo a partir de ese año que impida que suban por encima del IPC.
La nueva ley «es un llamamiento a los poderes públicos que recibirán el reproche social si no la aplican. Ninguna Administración pública podrá abstraerse de dar soluciones efectivas a todas las personas que nos han reclamado a los poderes públicos que las demos», ha dicho al ser preguntada por este extremo que puede afectar a Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Murcia.
Los propios portavoces de ERC y Bildu han asumido la posibilidad de que algunas regiones no apliquen la norma, incluso el gobierno del País Vasco, controlado por el PNV. Las formaciones independentistas se han esforzado precisamente durante la negociación por blindar las competencias autonómicas en la nueva norma.
«La mínima soberanía que tenemos en nuestros territorios hace que sea impensable que podamos votar una ley donde el Estado puede decidir políticas de vivienda de ese calibre cuando las competencias son exclusivas de las CCAA. Nunca hubiéramos aceptado que el Estado pudiese declarar zonas tensionadas en nuestros respectivos territorios», ha dicho la diputada de ERC.
«La ciudadanía tiene una herramienta importante para evaluar las prioridades que tienen sus gobernantes. Si yo si fuera de Madrid o Andalucía, me preguntaría qué gobernantes tengo», ha abundado Oskar Matute en relación a dos comunidades gobernadas por el PP.
Precisamente, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado ya contrario a los términos de la propuesta normativa que deberá ser aprobada por el Congreso en las próximas semanas.
«Topar precios e intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y conllevar al final del periodo un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos, porque los propietarios simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos», ha dicho el líder de los populares.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se mostró abiertamente en contra de la propuesta, contra la que está dispuesta a pelear incluso en los tribunales. En todo caso, ha dejado claro que no la aplicará en la región que gobierna. «Se recurrirá en los tribunales siempre que ataque a las competencias de las CCAA«, ha sostenido la líder madrileña tras lamentar que su aplicación lo único que puede hacer es «disparar el precio de la vivienda».
Núñez Feijóo ha avanzado que su partido tiene intención de presentar en los próximos días su oferta «para crear empleo haciendo vivienda y construir vivienda a precio tasado y con un alquiler tasado, especialmente para rentas medias, rentas bajas y personas jóvenes».