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El Gobierno calcula que el abastecimiento de agua está garantizado hasta al menos septiembre

El Gobierno vuelve la mirada al campo en el arranque de la campaña electoral. Pero también por la situación crítica del campo, asfixiado por la sequía y antes por los precios de los fertilizantes o la energía. Por eso el Ejecutivo aprobó este jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario, un nuevo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la falta de lluvias, por valor de 2.190 millones de euros. De ellos, 784 millones para apoyar al sector agrario. Y otros 1.400 para construir nuevas infraestructuras hidráulicas, reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.

Es el paso dado por el Ejecutivo ante un panorama sombrío por delante. La reserva hídrica se encuentra al 48,9% de su capacidad y las previsiones tanto de AEMET como de Copernicus —el programa europeo de observación de la Tierra— apuntan a una primavera con temperaturas por encima de lo habitual y a un verano con temperaturas «extremas, múltiples y prolongadas olas de calor», según recuerdan desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. Las previsiones, siguen, apuntan a que Andalucía (Guadiana y Guadalquivir) y Cataluña serán las zonas más afectadas por las altas temperaturas y la sequía. Pero el Gobierno, indican fuentes de Transición, sí está «en disposición de asegurar el abastecimiento en los próximos meses«. En concreto, estiman que el abastecimiento está «garantizado» hasta septiembre. O sea, hasta el nuevo año hidrológico, que comienza en octubre.

A finales de agosto y septiembre se esperan tormentas y DANA, que no son las mejores lluvias, aunque las previsiones no son fiables aún

La predicción estacional para mayo, junio y julio indica que las precipitaciones se acercarán a la media. Sin embargo, se calcula, según las modelizaciones meteorológicas, que las lluvias quedarán por encima de la media a finales de agosto y primeros de septiembre, aunque podría tratarse de DANA o tormentas, que no son especialmente positivas, dado que disparan la erosión en suelos secos, degradados o incendiados y tampoco contribuyen a llenar los pantanos ni a recargar los acuíferos, ya que el agua fluye directamente hacia el mar cargada de tierra y de todo lo que arramble. Sin embargo, las estimaciones para agosto-septiembre, advierten en el ministerio, son todavía prematuras, «poco fiables aún«, así que piden prudencia.

El abastecimiento del agua de boca es «el más relevante», y el resto, el destinado al regadío, queda «supeditado» al primero. Ahora mismo, los embalses almacenan 27.417 hm³ de agua, y el volumen ha disminuido en la última semana en 406 hm³.

El Ejecutivo no prevé por tanto cortes de suministro en grandes núcleos urbanos. Sí cree que puede haberlos en zonas rurales aisladas, como de hecho ha ocurrido en localidades de Cataluña. Del Gobierno dependen, no obstante, los planes denominados en alta (la gestión del agua en los ríos y acuíferos), los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias —las de los ríos que atraviesan varias CCAA—, la regulación de las reservas, los trasvases entre cuencas y las obras de interés general. Es decir, que no es competencia suya, sino de los ayuntamientos y de los ejecutivos autonómicos, los planes en baja (la gestión del agua cuando llega a ciudades y regadíos) y las cuencas intracomunitarias. Consistorios y CCAA se encargan también de la legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos de las cuencas internas, el saneamiento y la depuración de aguas, el abastecimiento de agua potable a los municipios y la distribución de agua y la red de alcantarillado.

636 millones en ayudas directas al sector primario

El real decreto ley aprobado este jueves por el Consejo de Ministros reserva 784 millones para apoyar al sector primero. El grueso de ese paquete lo conforman los 636 millones de euros en ayudas directas de Estado: 355 millones para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino; cinco millones para la apicultura y 276,7 millones para la agricultura. El ministerio de Luis Planas también ha previsto la devolución del IBI por 53 millones de euros a más de 200.000 explotaciones agrícolas.

Se prorroga la reducción de peonadas para cobrar el subsidio agrario, para que se pueda percibir con solo 10 peonadas

El texto también recoge más ayudas para contratar seguros agrarios contra la sequía (40,5 millones) y el aplazamiento de pago de cuotas sociales durante cinco meses a más de 730.000 trabajadores. El Ejecutivo también prorroga la reducción de peonadas necesarias para acceder al subsidio de desempleo agrario, para que se pueda cobrar con 10 peonadas solo. El real decreto ley incluye la exención del IRPF y del impuesto de sociedades por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y la flexibilización de esta y la ampliación hasta el 30 de junio de las solicitudes de ayuda.

El segundo gran eje de la norma —que por cierto deberá convalidar el Congreso— son los 1.400 millones aportados por Transición Ecológica. De ellos, casi 700 irán destinados a actuaciones prioritarias en las cuencas más castigadas para mejorar los recursos hídricos, y otros 36 millones se reservan para obras como estaciones de bombeo o mejoras en embalses. En apoyo a los regantes y para evitar que en 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, el Gobierno aplicará una exención de hasta el 100% del pago del canon de regulación y la tarifa de regulación del agua (57 millones de euros).

El Estado asume directamente obras hidráulicas de Cataluña, Andalucía y Levante, territorios más azotados por la sequía

Pero además el ministerio que dirige Ribera asumirá obras hidráulicas en Cataluña, Andalucía y Levante. Obras, explicó, que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, han pedido ayuda» al Gobierno central. Así, al declararlas de interés general, el Estado asume la construcción de desaladoras en Cataluña —una planta en Tordera, con un coste de 220 millones—, en Málaga y Almería (200 millones), y la intensificación de la reutilización en Alicante (224 millones).

La vicepresidenta tercera admitió que es «obvio» que las nuevas infraestructuras no estarán operativas este verano, pero «es obvio también» que los episodios de sequía serán cada vez más recurrentes y graves por el cambio climático y obligan a un compromiso especial «que va más allá de la lectura» que se pueda «hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas». El Ejecutivo se halla en plena guerra con la Junta de Andalucía por la pretensión de esta, de la mano de Vox, de ampliar las hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana, proyecto al que Ribera se niega tajantemente por «ilegal» y que la Comisión Europea también rechaza.

Encargos a Acuamed

Para reducir la presión sobre los acuíferos del parque nacional, precisamente, se sustituirán los bombeos de agua subterránea que abastecen la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos —en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras— y se aprobó la transferencia de tres hectómetros cúbicos anuales. Las obras para ejecutar el trasvase y para abastecer al municipio onubense serán asumidas por el Estado, aunque Transición mantiene un trabajo técnico bilateral con la Dirección de Agua de la Junta con reuniones quincenales, precisó la vicepresidenta. Asimismo, el Gobierno quiere anticipar obras que aparecían recogidas en los planes hidrológicos del Segura, Júcar y Tajo aprobados a primeros de año, y cuya encomienda de gestión directa será encargada a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). También se dio luz verde a Acuamed para que licite la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones de euros.

Frente al PP, el Gobierno recuerda que la inversión anual en materia de agua ha crecido desde los 362 millones de 2018 hasta los 541 en 2022, y que los planes hidrológicos contemplan inversiones de 22.844 millones

El real decreto ley modifica asimismo la Ley de Aguas para poder duplicar el volumen de agua reutilizada. El objetivo es pasar de los actuales 400 hm3 anuales a cerca de 1.000 hm3 en 2027. O sea, que llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones, por lo que el incremento es del 150%.

El PP rechaza las medidas y considera que el Gobierno no ha hecho nada en estos cinco años. Pero Transición reivindica que la política de agua es una prioridad del ministerio, y que la inversión anual ha crecido un 50%, desde los 362 millones de 2018 hasta los 541 millones de 2022. Además, los planes hidrológicos de 2022 a 2027 prevén inversiones de 22.844 millones y el plan de recuperación contempla otros 3.167, incluyendo un PERTE de digitalización del ciclo del agua. Precisamente ese esfuerzo presupuestario desde 2018, subraya Transición, permite «soportar la presente sequía sin cortes de abastecimiento» y el real decreto ley aprobado este jueves sirve de «alivio para el sector agrario y de preparación para los retos trascendentales que vienen a causa del cambio climático».

Los populares piden un pacto del agua. Pero Ribera contestó que entonces lo que pide el PP es que se «deroguen los planes hidrológicos en los que se ha trabajado en los cuatro últimos años», con participación de todas las partes, también de las comunidades autónomas.

Pero también Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de provocar el «colapso de la agricultura». Luis Planas, ministro de Agricultura, habitualmente templado en sus declaraciones, saltó: es una declaración, dijo, «desafortunada e inexacta». Tras ironizar sobre los «profetas del apocalipsis» que erraron en sus predicciones, en referencia al PP, recordó que el sector primario español no solo consigue abastecer a todo el país, a 47,5 millones de habitantes, sino que en los 12 meses anteriores ha exportado por importe de 68.500 millones de euros, una «cifra récord» que hace de España el cuarto país exportador de la UE y el séptimo del mundo». «Tenemos una gran suerte: unos agricultores y unos ganaderos que nunca nos fallan y un Gobierno que nunca les falla a ellos», subrayó.

Planas clama contra Feijóo por hablar de «colapso» agrícola: es «desafortunado e inexacto», subraya

También la ministra portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, descartó la convocatoria de una conferencia de presidentes monográfica, como quiere el PP. «Quizá un periodo electoral no es el más apropiado para este tipo de encuentros», y de hecho «nunca» se han celebrado con urnas a la vista, señaló. Así que los «deseos» y las «propuestas» de los dirigentes del PP hay que entenderlos «en ese contexto», culminó, sin hurgar más en la herida y sin salirse de la prudencia a la que le obliga la Junta Electoral Central.

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