El Gobierno ha salido en tromba contra la decisión de la Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Pero en el sector de la construcción los ánimos también andan caldeados contra el Ejecutivo. «Se está poniendo el caldo de cultivo para que las empresas se vayan», expresan fuentes del sector consultadas tras la reacción del Gobierno, que ha incluido una llamada de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a Rafael del Pino para trasladarle que se trata de una «decisión errónea» que no comparte «en absoluto».
Respecto a un posible efecto contagio, desde el sector aseguran que «esto es un primer golpe» pero avisan de que «si esto sigue así, pueden venir otras detrás». En este sentido, critican que hay un «ataque directo y constante a la figura de los empresarios» y «una presión fiscal muy alta respecto a otros países».
Aunque lo que más les inquieta, prosiguen, es la «inestabilidad regulatoria«. Precisamente, Ferrovial esgrime la seguridad jurídica de Países Bajos como uno de los motivos que le lleva a trasladar allí su domicilio social.
«No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la imagen de nuestro país; es más el gesto respecto a España que cualquier otra consideración», ha señalado después Calviño en declaraciones en el programa ‘Al Rojo Vivo’. Pero fuentes del sector replican que el movimiento de Ferrovial «debería fomentar un cambio de política del Gobierno».
«Como empresa no tienes el aliento de un Gobierno que da vaivenes constante. Esto no es un problema de marca España, sino de marca Gobierno España», se quejan, por su parte, desde el sector de la construcción.
La vicepresidenta también ha argumentado que Ferrovial es «una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles». Pese a ello, las citadas fuentes destacan que la compañía debe buscar siempre las mejores formas de crecer y ampliar su negocio.
«Son empresas internacionales altamente diversificadas con accionistas y fondos de inversión detrás que se mueven por la rentabilidad que se les ofrezca. Y si esa rentabilidad mejora en un ordenamiento jurídico más estable, pues se van», concluyen las citadas fuentes.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también ha hablado con Del Pino y quiere «conocer con más detalle los pormenores de la decisión y saber si puede ser reversible». En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,