La decisión del presidente de la Junta de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio en la región ha provocado un intenso terremoto político que no se ha quedado en las críticas y los elogios. Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Gobierno está estudiando la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas, que será temporal y entraría en vigor en enero de 2023.
Quizá es que al Ejecutivo le ha parecido demasiado complicado a nivel legal limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, de manera que estas no puedan competir a la baja como ahora están haciendo Madrid y Andalucía. O quizá es que simplemente ahora han considerado un buen filón electoral el gravar a los más ricos, a pesar de que hace tan solo tres meses, en junio, rechazasen una idea muy similar propuesta por Podemos.
La cuestión es que la iniciativa ya está en marcha, según Montero, bajo la idea de que en este momento es importante exigir un mayor esfuerzo a las mayores rentas. La ministra compartió muy pocos detalles más, pero sí dio un dato clave: que el tributo no afectará a más del 1% de los contribuyentes.
«Estamos hablando por supuesto de proteger a las rentas más frecuentes de nuestro país, al 99% de los ciudadanos de nuestro país», aseguró la titular de Hacienda más tarde, en declaraciones a La Sexta, apuntando que «ese dintel se tiene que poner en relación a qué población está incorporada dentro de ese nivel». «Tendrá que ser una población que evidentemente no supere el 1% de la ciudadanía de nuestro país», afirmó.
El 1% de los españoles, los que estarían en la diana de Montero
Ciñéndonos a estas declaraciones, y consultando la Estadística de los declarantes del IRPF de la Agencia Tributaria de 2020, último año disponible, obtenemos que el 1% de los contribuyentes del país son 216.000 personas. Ese 1% más rico -de nuevo, según la información que se desprende de las declaraciones de la renta- sería el que estaría en la diana del Gobierno, aquellos que declaran rendimientos por encima de los 600.000 euros anuales y entre 150.000 y 600.000 euros anuales.
Así, aunque ahora mismo no está claro cómo planea el Gobierno identificar a esos «millonarios» a los que gravar más que hasta ahora, como también planea hacer con los grandes bancos y las energéticas, las estadísticas del IRPF sí revelan quiénes son los más ricos en base a renta declarada, y ayudan a dar una idea de hacia quiénes se podría enfocar la medida, ya que en principio no se ha mencionado que vaya a tener en cuenta el patrimonio.
11.000 personas declaran ganar más de 600.000 euros anuales
El grupo de quienes declaran ganar más de 600.000 euros anuales son los más ricos de España en base a su renta anual, y lo conforman 11.113 personas. El siguiente tramo partiendo de la parte más alta de la tabla es el de los que ganan entre 150.000 y 600.000 euros anuales, y son 103.394, según el último año del que existen datos.
En total, en España hay 114.507 personas que en 2020 declararon haber ingresado más de 150.000 euros anuales.
La tabla también muestra la desigual distribución de los tramos. Mientras que los que declaran haber ganado más de 600.000 euros son solo el 0,05% del total, los más pobres son muchos más: un 7% de los contribuyentes españoles declara ganar menos de 1.500 euros al año, y un 16% gana menos de 6.000 euros.
Los mismos datos revelan cuáles son los ingresos más frecuentes entre los españoles. El grupo más cuantioso es el de aquellos que ganan entre 12.000 y 21.000 euros anuales, al que se adscriben 4,3 millones de españoles, el 20% del total, seguido por el de quienes declaran entre 30.000 y 60.000 euros. A este tramo pertenecen 4,1 millones de personas, el 19% del total.
Un proyecto basado en el impuesto a la fortuna francés
Aunque de Moncloa ni el Gobierno hayan mencionado que su intención con este tributo sea gravar el patrimonio, podrían estar pensando en replicar algo similar al impuesto de solidaridad a la fortuna, o ISF, francés, que el presidente Emmanuel Macron acabó suprimiendo y convirtiendo en un impuesto a la fortuna inmobiliaria (IFI). El tributo existía en Francia desde 1989, y se aplica a las personas físicas sobre su patrimonio.
Desde 2011, gravaba a aquellos con un patrimonio neto por encima de los 1,3 millones de euros. Y su nombre, aludiendo a la solidaridad, hacía referencia a que la tasa buscaba contribuir a financiar la renta mínima de inserción. Después, cuando fue sustituido por el IFI, quedan gravados los particulares para los que el valor neto de su patrimonio inmobiliario pase de 1,3 millones de euros.