El máximo responsable de la división de compras de Telefónica a nivel global abandonó la compañía el pasado 31 de marzo. Esta marcha se produce a la vez que el relevo del encargado de control interno, por lo que la compañía se encuentra en una profunda reestructuración de dos divisiones de relevancia en la matriz.
Javier García de Castro llevaba en el cargo de la dirección de suministros desde abril de 2018, cuando Telefónica reorganizó las áreas de Secretaría General y Recursos Globales y la creación del área de Transformación Digital, además de reforzar el área de protección de datos. El directivo aterrizó en la operadora en 2008 al ser contratado como director de estrategia de Telefónica Europa.
Dos años más tarde, De Castro fue designado como director global de seguridad, nombramiento que sostuvo desde 2010 hasta 2012. Fue a partir de 2018 cuando ocupó el último cargo de la compañía, el de jefe de compras de Telefónica S.A. Su función era la de establecer la política de compras de la organización en coordinación con el área productiva y el área financiera. Entre sus labores, según detallan fuentes del sector de las telecomunicaciones, era la de llegar a acuerdos con los diversos proveedores que ofrecían sus servicios a la teleco en todos los países en los que ésta opera, principalmente en Alemania y en Sudamérica.
Según ha podido saber este periódico, la marcha ha sido voluntaria y fue el propio directivo el que acordó la salida amistosa de Telefónica para poner punto y final a su estancia dentro de la mayor empresa de telecomunicaciones de nuestro país. Fuentes conocedoras apuntan a asuntos personales en el motivo de su adiós.
No es la única salida significativa dentro de Telefónica S.A. La semana pasada trascendió que el director de control interno abandonaba la compañía después de más de 20 años en la operadora. Rafael del Río, según avanzaba El Confidencial, ultima su adiós definitivo del área de auditoría, que ahora desaparecerá y quedará bajo el paraguas de Compliance, dirigido por Manuel Crespo de la Mata.
De acuerdo a las distintas fuentes consultadas por este periódico, los motivos de las baja del último directivo no están claros. Si bien algunas voces indican que las marchas se producen por motivos propios y que han sido pactadas y “en términos acordados”, otras difieren y arguyen a los procesos legales que Telefónica mantiene abiertos en Latinoamérica por irregularidades en cobros de comisiones a los proveedores, concretamente en Perú.
Este periódico ha podido confirmar que la Sunat, la agencia tributaria del país, ha mandado un requerimiento de información para el año 2017, a los que se suman a los ya investigados en 2015 y 2016.
La denuncia viene propiciada en el marco de unas comisiones que cobra la empresa TGS (Telefónica Global Solutions), afincada en Alemania y dependiente de Telefónica S.A, a todos sus proveedores regionales de los mercados en los que opera.
Telefónica Perú
En concreto, se indaga si Telefónica evita pagar el 30% de unos impuestos en Perú de las comisiones que cobran a los proveedores y que, posteriorimente, puedan rendir al 100% en el país europeo, llegando estos ingresos hasta España a través de dividendos a la matriz Telefónica S.A. gracias a la situación fiscal en la que se encuentra Alemania, por sus pérdidas millonarias que arrastra de hace varios años.
InfoPyme, una sociedad española y que realiza trabajos en Perú, interpuso varias denuncias ante los organismos competentes del país, según ha podido constatar este periódico. La empresa remarca que las comisiones abonadas (que rondan entre un 1% y un 4%) por las gestiones a TGS implica una no tributación de impuestos que deberían rendir en Perú, si bien Telefónica no las paga dado que, a su juicio, la legislación le ampara. Estos porcentajes, de acuerdo a las diversas fuentes consultadas por este medio, son los que la Fiscalía y la autoridad fiscal peruana investigan ya que podrían ser utilizados para evadir unos tributos que deberían pagarse en Perú.
Además, el proveedor cuestiona los servicios que ofrece la filial de la cotizada del Ibex 35, alegando que en ningún momento la filial germana realiza ninguna labor salvo ofrecer la plataforma que da acceso a las licitaciones (Adquira). Telefónica alega que dicho servicio es el que permite a todos los proveedores estar al tanto de todas las licitaciones van a acometerse y que, por tanto, es un servicio.
Las autoridades tributarias están dirimiendo si la teleco está cumpliendo con la legislación puesto que los servicios los realiza en una plataforma en la que la tecnología es el principal medio para acceder a los contratos adjudicatarios. La utilización de dichos medios, según la normativa fiscal peruana, obligaría a la empresa a declarar el 30% de cada comisión generada por las adjudicaciones.
La fiscalidad peruana permite a una empresa extranjera quedar exenta de pagos de impuestos si el trabajo realizado es de carácter manual. Es decir, mientras que el componente humano sea el más importante en la cadena de labor del servicio o del bien realizado.
Se da la circunstancia que la compañía realizó una consulta hace varios años a la SUNAT por la cual argumentaba que si TGS realizara servicios de información a “empresas proveedoras domiciliadas en el país de las necesidades de sus compradores también domiciliados, revisar sus ofertas de venta, organizar las solicitudes de compra de sus potenciales clientes y verificar la correcta ejecución de sus ofertas, servicio que no es esencialmente automático, es viable en ausencia de tecnología de la información, y que necesariamente involucra la intervención y análisis de su personal en el exterior” podrían estar liberadas de los gravámenes anteriormente citados.
Cabe recordar que Telefónica, a su vez, perdió un litigio con Perú de 790 millones de euros en el que se dirimía el pago de impuestos desde hace dos décadas. La operadora provisionó en sus cuentas anuales un montante similar a la cuantía, si bien la compañía ha recurrido la sentencia.
En cualquiera de los casos y, tal y como se mencionaba anteriormente, fuentes cercanas a los dos directivos remarcan que las salidas no están ligadas a las investigaciones que está llevando a cabo la hacienda peruana a la filial de la operadora.