El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha trasladado que su formación se adherirá a la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre el cumplimiento de la sentencia del caso de los ERE. «En el PP vamos actuar como en el origen, cuando compañeros de nuestra formación iniciaron una importante labor para denunciar los importantes desmanes del PSOE y los socialistas los insultaba, y que ahora se ha demostrado con dos sentencias condenatorias que tenía un gran tinglado montado en Andalucía para ir dopado a las elecciones», ha apostillado.
En esta línea, ha asegurado que «vamos a ir de la mano de la Fiscalía como hemos hecho siempre en este procedimiento, porque ni Chaves ni Griñán son inocentes, como demuestran dos sentencias que culpabilizan a esas personas que tenían un tinglado montado con los ERE y que trabajaban en contra del empleo en Andalucía».
Además, el secretario general ha apuntando a través de un comunicado a que «el hecho de que entren o no en prisión va a venir determinado por los jueces y la línea jurisprudencial del Constitucional, que ya ha dicho que la sentencia hay que cumplirla con independencia de que soliciten un indulto».
Asimismo, este pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de 6 años de cárcel a la que fue condenado el ex presidente andaluz José Antonio Griñán por delitos de prevaricación y malversación en el ‘caso ERE’, avalando así su ingreso en prisión.
El Ministerio Público ya ha remitido a la Audiencia de Sevilla el informe que le reclamaba para que se pronunciara –al igual que el resto de acusaciones– sobre si debe suspender o no las penas de prisión para Griñán y los otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a cárcel mientras se tramitan los indultos planteados a su favor.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales explican que el Código Penal recoge los casos excepcionales en los que cabría suspender el ingreso en prisión y dejan ver que el de caso Griñán no cumple con dichos requisitos.
Según indican, podría suspenderse la entrada en la cárcel cuando el tribunal apreciase que con el cumplimiento de la pena podría resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En este caso, sin embargo, los fiscales consideran que «tratándose de la ejecución de la pena impuesta no cabe apreciar tal dilación».