El vicepresidente y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha apuntado que los problemas que atraviesa el Parque Nacional de Doñana (Huelva), con niveles críticos de agua, pesticidas, la presión agrícola o el número de aves, están provocados por la dejadez del Gobierno al no dar luz verde a las infraestructuras hidráulicas proyectadas. En su comparecencia semanal de los lunes, posterior a la reunión del Comité de Acción Política (CAP), el también eurodiputado ha hecho alusión a la polémica generada desde el pasado jueves, una vez el Parlamento de Andalucía, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo del Grupo Vox, dio el primer paso para legalizar los regadíos en Doñana contradiciendo las advertencias de Bruselas, el Gobierno y los expertos. Una acción exigida «durante años» por los de Manuel Gavira en el Parlamento andaluz «para garantizar un equilibrio entre protección del ecosistema y prosperidad económica», ha dicho el ‘tres’ de Bambú.
Buxadé ha hecho referencia a las protestas del sector agrícola en «Madrid y otras partes de España hace unos pocos meses» contra el Gobierno frente a su «acoso». Algo que «continúa». Y pese aludir a que partidos como el PP se unieron a la crítica contra Moncloa en un primer momento, sus acciones muestran que «han decidido entregarse a la Agenda 2030». Asimismo, el político catalán ha asegurado que «Vox sigue preocupado por la situación» en contraste con otras fuerzas, «dándole [al sector] voz en las instituciones, que es lo que deben hacer los partidos».
Derivado de ello, ha surgido esta «ley de protección de regadíos», «exigida en Andalucía durante años (…) para garantizar el equilibrio entre el respeto y la preservación de la flora y fauna de Doñana, y la prosperidad económica» de los agricultores. «Celebramos que el PP haya dado su plácet para corregir una situación injusta» que «no solo garantiza el agua para Doñana, sino también para los regantes», ha añadido Buxadé, que considera que con este «debido respaldo», aumentarán ya los éxitos existentes: una mayor «capacidad exportadora y creación de empleo extraordinaria». Hay un matiz importante respecto a este paso parlamentario, y es que la superficie que se habilitará para el regadío en Doñana es imprecisa. Con todo, se aproximará a las casi 749 hectáreas que el presidente andaluz Juanma Moreno adelantó a la Comisión Europea en febrero de 2022.
Frente a las críticas del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, que califica el paso iniciado de «atropello» de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha pedido al PP aparcar «su soberbia, reconocer el error», en Vox se muestran contundentes. Acusan, en contraposición a Moncloa de ser el verdadero «riesgo para Doñana» porque «no ejecuta las infraestructuras fijadas y acordadas para llevar agua a Doñana. Hay que proteger el ecosistema, pero hacerlo con el ser humano, las familias y su prosperidad es imperativo por encima de todo». Tras hacer estas declaraciones, Buxadé ha pedido fomentar la creación de infraestructuras para trasladar las reservas superfluas a las deficitarias y ha acusado al Ejecutivo no utilizar los fondos europeos para ese acceso al agua por «ideología» al considerar que «daña el medioambiente».
En ese sentido, ha ensalzado la labor del partido dentro del Gobierno de coalición con el PP en Castilla y León. «Nosotros construimos», ha destacado en alusión a la presentación reciente de la presa de Arroyo de Cuevas por el vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo, con capacidad de once hectómetros cúbicos de almacenaje». «Vamos a seguir defendiendo el derecho a tener agua de todos los españoles sin que se impida sectariamente ese acceso», ha insistido acusando al Gobierno de empezar con el carbón y ahora querer «derribar presas» en alusión a la extremeña de Valdecaballeros.
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