El Tribunal Supremo resolverá este septiembre el recurso que presentó el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, contra su cese en 2018 para el que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska alegó pérdida de confianza.
El coronel fue destituido en agosto de 2018. La entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, firmó el cese ordenado por el ministro. Éste vino provocado por una orden interna que el coronel envió a sus subordinados trasladando que la caja de los fondos reservados del Estado se había agotado y las operaciones de la unidad de investigación que dependieran de esa fuente de ingresos se tendrían que ver suspendidas. Interior justificó haber prescindido de él situándole como difusor de la noticia negativa para la Guardia Civil y para el Gobierno, alegando «pérdida de confianza» de la Dirección General y del Ministerio hacia el mando de libre designación. Rechazó el primer recurso administrativo que presentó, por lo que éste se dirigió después a la Audiencia Nacional.
Primero el Juzgado Central de lo Contencioso 3 y posteriormente la Sección Quinta de la Sala, resolviendo recurso de apelación, confirmaron que el cese de Interior se ajustó a derecho, descartando que la motivación fuera la relación personal entre los responsables del ministerio del Interior y Corbí.
El coronel continuó agotando los pasos judiciales y presentó recurso ante el Supremo que se abrió a estudiarlo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo indicó que aunque ya hay jurisprudencia sobre la problemática de los ceses de libre designación, en ésta sólo se han abordado «los estándares de motivación exigibles en la provisión de tales puestos».
Influencia en el caso del cese de Pérez de los Cobos
En la sentencia que según ha sabido El Independiente se emitirá este mes se irá más allá. La Sala consideró al admitir el recurso que era necesario «confirmar, aclarar o precisar la doctrina existente sobre la problemática del cese en los mismos», en referencia a los cargos de libre designación, y que se debe determinar «cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación». También que «sigue siendo necesario extender o proyectar respecto del cese lo dicho sobre otros nombramientos».
Es decir, será una resolución con influencia directa en otros casos de cese en la Guardia Civil durante la etapa de Marlaska denunciados por altos mandos. El más importante es el del coronel Diego Pérez de los Cobos, exjefe de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, cuyo recorrido administrativo y judicial es muy parecido al de Corbí, puesto que también fue destituido por el motivo de «pérdida de confianza». También recurrió a Interior sin éxito. Un juez de la Audiencia Nacional le dio la razón y los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se la quitaron, considerando que la resolución estuvo suficientemente motivada.
También el Supremo, que admitió el recurso de Pérez de los Cobos, tiene que pronunciarse finalmente sobre si estuvo justificado que se le destituyera alegando «pérdida de confianza» porque se negara a informar a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, de un informe que elaboró la Benemérita en la investigación que se llevaba en un Juzgado de Madrid sobre las concentraciones que se permitieron al inicio de la pandemia, principalmente la manifestación del 8-M, Día Internacional de la Mujer. El delegado del Gobierno socialista en la comunidad, José Manuel Franco, estuvo investigado por posible prevaricación aunque finalmente la causa se archivó para él. El informe interesaba mucho al Gobierno, pero Pérez de los Cobos se negó a facilitarlo porque la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, le había pedido específicamente reserva. Él defiende que si lo hubiera facilitado habría incumplido la orden judicial. Aún así, Marlaska decidió cesarle alegando pérdida de confianza.