El tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó a los líderes independentistas por poner en marcha la ruta independentista de Cataluña se ha dirigido a los nueve condenados a penas de prisión en la sentencia del procés pidiéndoles que realicen las alegaciones que consideren pertinentes sobre el efecto de la reforma legal que ha entrado en vigor este jueves, que elimina el delito de sedición y establece una distinción entre un delito de malversación con penas más altas si hay lucro personal y otro con penas menores si el desvío de fondos públicos no implica beneficio propio.
El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados que juzgaron a los políticos y líderes independentistas que impulsaron el procés se han dirigido a través de distintas providencias a los condenados a penas de prisión en este procedimiento para que, en un máximo de ocho días, se manifiesten sobre la reforma impulsada por los partidos del Gobierno. Igualmente, se ha dirigido a la Fiscalía para que haga lo propio.
Este jueves, el instructor del procés, Pablo Llarena, ya ha aplicado la reforma legal dictando un auto en el que modifica el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y los consejeros de su Gobierno que se fugaron de España el otoño de 2017, cuando supieron que la Fiscalía presentaría un escrito de acusación por los delitos de rebelión y sedición contra ellos.
El juez retira el delito de sedición, sustituido por uno de desórdenes públicos agravados que no ve que encajara con los hechos por los que se procesó a Puigdemont, Puig, Comín y Ponsatí ni entonces ni ahora. Les mantiene procesados por malversación y desobediencia.