Expertos dan por seguro que el Gobierno no podrá terminar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el plazo negociado inicialmente con la Comisión Europea -el trienio 2021-2023- y que planteará alargarlo hasta 2026, el horizonte temporal que desde el principio habían acordado otros países. De cumplirse esta previsión, Pedro Sánchez se presentaría a las próximas elecciones sin haber completado la gestión de esta riada de millones, el instrumento diseñado por Europa para impulsar la salida a la crisis provocada por la covid-19.
Las fuentes no tienen dudas de que el ritmo de ejecución va a exigir una reprogramación por el volumen ingente de recursos que queda por tramitar. El nuevo calendario se incluiría en la adenda al Plan de Recuperación en el que ya trabaja el Ejecutivo y en el que se detallarán las inversiones que se llevarán a cabo con los 7.706 millones de euros que le han asignado adicionalmente a España tras el recálculo del Producto Interior Bruto (PIB) -al haber crecido en 2020 y 2021 menos de lo que se preveía cuando se hizo el cálculo para el reparto del dinero- y los 84.000 millones de euros en préstamos que le corresponden.
«La adenda reprogramará el calendario para agotar el plazo de 2026, siempre dentro de lo marcado por el reglamento», pronostican expertos conocedores de la gestión del plan. Ese nuevo horizonte temporal es el que desde el pasado año vienen reclamando al Gobierno algunas voces a fin de evitar el descrédito internacional que supondría no ejecutar los fondos en el plazo convenido con Bruselas tras las reticencias que abiertamente mostraron países del Norte a que se endeudara la UE para financiar este nuevo ‘Plan Marshall’.
En julio de 2020, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo para la distribución de los fondos de reconstrucción, correspondiéndole a España 69.528 millones de euros en ayudas directas. El Gobierno de coalición se marcó como plazo de ejecución el trienio 2021-2023, lo que coincidiría teóricamente con el desarrollo de la actual legislatura.
A dicha cantidad se sumarán otros 10.292 millones en transferencias no reembolsables -los 7.706 millones antes citados por el comportamiento negativo del PIB y los 2.586 millones del nuevo programa con el que se pretende frenar el precio de la energía y avanzar en la transición verde en Europa (Redpower EU)- y 84.000 millones de euros en préstamos, por lo que el montante del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) ascenderá a 163.820 millones de euros una vez que se apruebe la adenda.
Cuando se apruebe la adenda en la que trabaja el Gobierno, el montante del plan superará los 163.280 millones de euros
Con el fin de identificar las prioridades sectoriales y los proyectos estratégicos a reforzar con estos nuevos fondos de los que se dispondrán, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital envió una carta a finales del pasado mes de julio a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas en la que les emplazaba a presentar propuestas antes del 15 de septiembre para elaborar dicha adenda. De momento, no ha trascendido la fecha en que el Ejecutivo tiene previsto enviar a Bruselas el documento ampliatorio.
El trabajo por delante es colosal si se tiene en cuenta el ritmo de ejecución. Hasta mediados del mes pasado, el Ejecutivo había autorizado inversiones por 18.826 millones de euros y se habían comprometido más de 15.350 millones, según los datos aportados el 22 de septiembre por la vicepresidenta Nadia Calviño durante la comparecencia ante la comisión mixta del Congreso.
La titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital sostuvo que la ejecución del plan ya ha alcanzado «velocidad de cruceros» tras cifrar en «más de 70.000» los proyectos beneficiados por las convocatorias y licitaciones de servicios y obras puestas en marcha por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, mayoritariamente impulsadas por empresas, entidades locales y centros tecnológicos y de investigación.
De acuerdo con los datos contenidos en el proyecto de ley de Presupuestos para 2023, los créditos asignados pendientes de ejecutar a 30 de septiembre sumaban 13.886 millones de euros, de los que 10.664 millones corresponden a la dotación prevista para 2022 (un total de 26.900 millones) y 3.222 millones al remanente del pasado ejercicio.
Más de 31.000 millones ya recibidos
En parte, la tramitación de los fondos Next Generation EU discurrirá en paralelo a la de los fondos estructurales. En el marco financiero plurianual 2021-207, a España le corresponderán 36.682 millones (el 94,5 % procedentes del Feder y el FSE), a los que el Estado tendrá que sumar otros 23.039 millones en concepto de cofinanciación. Ello da una idea del volumen de recursos que, por un programa y otro, tendrán que gestionarse en esta década.
La Comisión Europea ha transferido a España hasta el momento más de 31.000 millones con cargo al mecanismo de recuperación. A la prefinanciación de 9.036 millones de euros (el 13 % de la cantidad total asignada) se sumó una primera transferencia de 10.000 millones, recibida a finales de diciembre de 2021 y vinculada al cumplimiento de los hitos y objetivos fijados para el periodo comprendido entre febrero de 2020 y junio de 2021. En julio pasado se hizo efectivo el segundo pago, de 12.000 millones y correspondiente al segundo semestre.
De cumplirse el calendario de desembolso previsto por la Comisión Europea, el próximo envío a España será de 6.000 millones de euros y su recepción estará vinculada al cumplimiento de los 23 hitos y seis objetivos identificados para el primer semestre de este año.