El Ministerio del Interior no considera viable a corto plazo el proyecto de construcción de una incineradora para destruir la droga que decomisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el curso de las operaciones que llevan a cabo, pese a que al erario le cuesta anualmente unos 300.000 euros desprenderse de las sustancias estupefacientes en dos plantas gestionadas por empresas privadas.
El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, se interesó por esta idea durante la reunión que la Mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas celebró el 4 de marzo de 2022 y preguntó directamente a los representantes de Interior en dicho órgano por el estado de dicho proyecto, del que ya se había hablado «en ocasiones anteriores». Así consta en el acta de la sesión, a la que ha tenido acceso este diario.
La respuesta la obtuvo por boca del director del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el departamento encargado de gestionar dicho fondo. Manuel Navarrete expuso que se había comentado esa iniciativa con responsables del Ministerio de Justicia y que tenía «difícil solución a corto plazo». «Se debe disponer de un terreno adecuado para el fin previsto y el proyecto de construcción se desarrollaría durante un plazo estimado de cuatro a seis años, periodo a lo largo del cual se debería asegurar la financiación del mismo. Además, dadas las características del proyecto, se ha de contar con los permisos y licencias oportunos y adecuarse a normas muy estrictas de carácter medioambiental», observó.
Navarrete informó de que se había valorado la opción de utilizar para este fin instalaciones ya construidas, pero se había descartado por no reunir las condiciones la mayoría de los emplazamientos analizados en cuanto a las emisiones que se generarían, la temperatura que se requeriría o la capacidad de que dispondrían.
Es por ello por lo que Interior sigue cubriendo esta necesidad mediante la fórmula de la «concesión», deshaciéndose de la droga intervenida en sendas plantas privadas ubicadas en Asturias y Toledo. «Pero las empresas que las gestionan no consideran rentable el servicio que prestan», reconoció el director del CITCO. Éste considera que el proyecto de construcción es viable pero «a largo plazo».
El Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que cifra en 300.000 euros el gasto anual que supone para el Estado la eliminación de la droga, calcula que levantar una incineradora propia tendría un coste de «entre dos y tres millones de euros». Tener garantizada la financiación plurianual no sería la única dificultad: también se requeriría disponer de «personal cualificado» para su funcionamiento y el cumplimiento de «estrictos requisitos medioambientales», apuntó una asesora del CITCO.
Interior dice que no es viable «a corto plazo» construir una incineradora por el coste y las exigencias medioambientales
El punto ‘estrella’ en dicha reunión de la Mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados -creado a finales de 1995 con el fin de regular el destino de los efectos e instrumentos aprehendidos y que sirve para financiar programas de prevención de toxicomanías y mejorar los medios para luchar contra el narcotráfico- fue la aprobación de la propuesta de reparto para 2022 a fin de financiar proyectos de diferentes departamentos ministeriales, comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG.
En concreto, el fondo distribuirá este año 32 millones en total (uno más que en 2021), de los que 18,97 millones (el 59,28 %) corresponden a actuaciones sobre la reducción de la demanda. De dicha cantidad, las autonomías recibirán 8,7 millones, 4,2 millones las corporaciones locales, 3,3 millones las organizaciones no gubernamentales, 1,87 millones la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y 400.000 euros la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los 500.000 restantes se destinarán a financiar proyectos internacionales.
El otro pilar es el relativo al control de la oferta. A este capítulo se destinarán 11,53 millones, de los que 8,2 millones los canalizará el Ministerio del Interior. En concreto, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil emplearán 2,9 millones -cada uno- en la adquisición de equipos para diversas unidades relacionadas con el tráfico de drogas; el CITCO dedicará 1,26 millones a la financiación de apoyo logístico y material en operaciones que coordine, apoyo al transporte, destrucción de estupefacientes y formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al tiempo que Instituciones Penitenciarias recibirá 740.000 euros para la compra de material destinado a detectar y evitar la introducción de sustancias en las cárceles.
Tras Interior, la segunda mayor cuantía corresponde a la Agencia Tributaria -de la que depende Vigilancia Aduanera- con 2,75 millones. Según se precisa en el acta, ese dinero se destinará o bien a financiar parte de la fabricación de un patrullero con una eslora de entre 16 y 18 metros o bien a la compra de un helicóptero bimotor de tamaño medio a estrenar.
En este sentido, la directora general de la Agencia Tributaria, María Soledad Fernández Doctor, firmó el pasado 7 de septiembre un contrato con Airbus Helicopters España SA para el suministro de un aparato por 10.850.000 euros (IVA exento). El plazo de entrega es de 20 meses, por lo que el comprador deberá recibirlo en mayo de 2024.
Flota de Vigilancia Aduanera
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales lleva a cabo tareas de lucha contra el contrabando, narcotráfico, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, utilizando para ellos medios aéreos. Su flota estaba compuesta por cinco helicópteros (el último lo recibió el pasado 14 de octubre), si bien uno quedó «completamente inoperativo» como consecuencia de un accidente sufrido el pasado 11 de julio en el curso de una operación nocturna desarrollada en el Estrecho de Gibraltar, una de sus principales zonas de actuación.
Por su parte, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recibirá 200.000 euros para la compra de material fungible para la realización de análisis de detección de drogas de abusos, kits específicos de toma de muestras y reactivos de Enzimoinmunoensayo, mientras que la Secretaría General de Coordinación Territorial -dependiente del Ministerio de Política Territorial- ha visto atendida su petición de financiación (219.000 euros) para mejorar el equipamiento técnico de los laboratorios y de las unidades de recepción y custodia de droga y reforzar las medidas de seguridad de los trabajadores, entre otras actuaciones.
El reparto del dinero para el control de la oferta se completa con los 155.000 euros que se han puesto a disposición de la Fiscalía Antidroga, que los utilizará en sufragar el gasto de desplazamiento y alojamiento de una treintena de fiscales iberoamericanos especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas y en la organización de jornadas internacionales sobre investigación y persecución del blanqueo de capitales, entre otras acciones.