Junts intenta dar portazo al caso Francesc Dalmases, ex vicepresidente del partido y diputado acusado de intimidar a una periodista de TV3 y, recientemente, a diputadas y trabajadoras del partido. También el propio interesado busca ahora pasar página. En un giro respecto a su estrategia inicial, el propio Dalmases se dirigía esta semana al Parlament en un escrito en el que reconoce los hechos, tras dimitir como vicepresidente del partido y renunciar a la presidencia de la Comisión de control de la Corporación de medios de la Generalitat, la CCMA.
La presión provocada por el «comportamiento impropio» de quien durante los últimos años se ha convertido en mano derecha de Laura Borràs ha obligado a Dalmases a dar un paso atrás para rebajar la tensión. Con los rivales de Junts, pero sobre todo en el seno del propio partido.
Paralelamente, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha tenido que frenar esta semana una recogida de firmas para forzar a Dalmases a dejar el acta de diputado. Una frontera clave para el dirigente de Junts, inmerso también en una investigación judicial por corrupción.
Junts intenta cerrar filas
Dalmases «comunicó su dimisión como vicepresidente de Junts y de la Comisión de la CCMA; la ejecutiva aceptó su dimisión, también el grupo parlamentario. Damos por cerrado el caso», concluía este viernes el portavoz del partido, Josep Rius tras la última reunión de la dirección de JxCat.
Rius obvió la incomodidad que esta polémica genera en el seno de la formación y trasladó cualquier novedad a la Comisión parlamentaria que ahora debe decidir si Dalmases es sancionado. El diputado «envió un escrito en que admite los hechos y asume responsabilidad» añadió el portavoz para dejar claro que las consecuencias del inicidente no irán más allá.
Tampoco en el seno del partido, pese a que en la última semana El Periódico ha hecho públicas las denuncias de varias diputadas y trabajadoras del partido. Denuncias anónimas, en las que afirman haber sido objeto también del acoso y los abusos verbales del lugarteniente de Borràs.
Mientras, Dalmases ha desaparecido de la escena pública tras un problema médico que lo mantiene de baja. La prioridad, ahora mismo, pasa por dejar de torpedear la estrategia política del partido tras su salida del Govern, y garantizar su continuidad como diputado. Una condición que le ha permitido, como aforado, salir del ámbito de actuación del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona.
Investigado por corrupción
El pasado julio el TSJC se declaró no competente para investigar al diputado, que, por su condición de aforado, solo puede ser imputado por este tribunal. Los magistrados consideraron que en la exposición razonada elevada por el juez no se habían motivado «suficientemente» y de forma individual los indicios delictivos presuntamente cometidos por Dalmases y tachó de «embrionaria» la investigación. El caso volvía así otra vez al juzgado de instrucción, que proseguirá con las pesquisas.
Dalmases figura, junto a casi 50 personas más, en la presunta trama de corrupción que investiga el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Causa de la que deriva el Caso Volhov. Afronta una acusación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
El dirigente de Junts era socio de Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de CDC, y personaje central de la trama del Caso Volhov. Ambos fundaron y lideraron las ONGs Igman y Catmon, destinadas teóricamente a proyectos de cooperación en países en desarrollo. Igman y Catmon recibieron un total 1,3 millones de euros entre el 2014 y el 2016 en subvenciones que según la instrucción se justificaron con facturas duplicadas y acumulan un sinfín de irregularidades.
En el escrito elevado al TSJC en mayo de 2021, el juez Aguirre señala que los 224.000 euros percibidos por el parlamentario Catmon e Igman «equivaldrían a más de 18 años de salario mileurista o un salario de un año para 18 personas». Por ello, apuntaba el juez, su comportamiento parece «no solo inadecuado y presuntamente delictivo, sino incluso ofensivo para aquellos que cumplieron con sus obligaciones sociales mediante la aportación de parte de su sueldo a las arcas públicas en cumplimiento de sus deberes fiscales».
Descontrol en las subvenciones de CDC
El caso contra Dalmases arranca en 2018, cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ordena una treintena de detenciones y varios registros en el marco de la investigación sobre el desvío de dos millones de euros de la Diputación de Barcelona en ayudas a la cooperación y el desarrollo. Todas, a empresas, fundaciones y entidades afines a Convergencia Democrática.
Entre 2011 y 2015 el convergente Salvador Esteve presidió la diputación -hasta entonces en manos socialistas- y el organismo supramunicipal concedió a dedo decenas de subvenciones. Entre los detenidos se encontraba Terradellas, fundador de Catmon e Igman junto Dalmases, que figura en la investigación judicial pero no fue detenido.
Los 1,4 millones de euros recibidos por las dos asociaciones procedían de subvenciones de la Diputación de Barcelona, origen de las pesquisas. Pero también del Departamento de Presidencia de la Generalitat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona -en tiempos de Xavier Trias– y la Dirección General de Deporte de la Generalitat.
La principal justificación de las subvenciones corresponde al cobro de honorarios de los propios responsables de las ONG. Argumentan también proyectos de desarrollo en Bosnia o Marruecos, entre otros países, que la investigación policial pone en duda.
La conexión con Volhov
Las conversaciones intervenidas a Terradellas —en las que hablaba del papel que podría jugar el Estado ruso en la independencia de Cataluña— dieron lugar a una nueva línea de investigación: el Caso Voloh, que indaga el supuesto desvío de dinero público al procés. Dalmases no figura en este sumario.
En octubre de 2020, la operación culminó con la detención de los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell. Ambos fueron miembros del llamado «Estado Mayor» que organizó, a la sombra del Govern, el referéndum independentista del 1-O.