El PSOE no logra salir del laberinto de la Ley Trans. La discrepancia interna alrededor de un texto medular del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se agudiza y aflora de manera cada vez más descarnada. Esta vez, por la baja en el partido de uno de sus referentes incuestionables en el colectivo LGTBI, la exdiputada regional madrileña Carla Antonelli, primera mujer parlamentaria trans de España (2011-2021). Se marcha «decepcionada» con el PSOE, la formación para la que ha pedido el voto «desde hace 45 años», por retrasar la tramitación del texto.
La dirección niega maniobras dilatorias, pero aún no precisa qué «mejoras» introducirá en el proyecto de ley. No las ha discutido en el partido, de hecho. Y el Ejecutivo, mientras, intenta aislar el fuego, que las llamas que arden en las filas socialistas entre las feministas clásicas —capitaneadas por la exvicepresidenta Carmen Calvo— y el sector LGTBI no contaminen a la coalición. «El debate descansa ahora en los grupos parlamentarios. El Gobierno ya cumplió con su compromiso de mandar el proyecto al Congreso», subrayan en la Moncloa. La creciente tensión en el PSOE hará, probablemente, como apuntan quienes conocen bien la escalada en el conflicto interno, que tenga que terciar el propio presidente, Pedro Sánchez. Ya lo hizo hace un año, al respaldar las tesis de la ministra de Igualdad frente a las de su ex número dos. A él apela, de hecho, la propia Antonelli, para que «vuelva a poner la ley en su sitio», para que «cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia».
El Consejo de Ministros aprobó el pasado junio en segunda lectura, para su remisión a las Cortes, el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Montero pretendía que el texto quedara definitivamente aprobado este mismo año. Pero el calendario se complica. Los socialistas pidieron este martes una ampliación del plazo de presentación de enmiendas parciales, la segunda vez desde que el texto superó el debate de totalidad en el Congreso, por lo que la norma no comenzará su rodaje, como pronto hasta el próximo 25 de octubre. El PP apoyó esa demanda.
El PSOE pidió una segunda ampliación del plazo de enmiendas para buscar una «amplia mayoría parlamentaria»
La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, explicaba este martes que los retrasos en la tramitación de la Ley Trans —los que han motivado la marcha de Antonelli, según contaba ella misma en un hilo de Twitter— se deben a la búsqueda de una «amplia mayoría parlamentaria» para su aprobación, por su «envergadura». Leal aseguró que espera que la baja de la exparlamentaria no se deba a «falsos rumores que no tienen el menor fundamento», porque el compromiso del Ejecutivo con el texto se mantiene intacto. La palabra del PSOE sigue «vigente«, indicó, informa EFE. La dirigente no descartó cambios en la ley, aunque no serán profundos. Tampoco se pilló los dedos con las fechas: no precisó si el texto estará listo a final de año porque el trabajo parlamentario del PSOE «va a ser el suficiente y necesario para tratar de ir cumpliendo los objetivos».
Montero denuncia las «trabas» del PSOE
En Unidas Podemos se malician, sin embargo, que los retrasos no son casuales. Montero manifestó en los pasillos del Senado que está muy preocupada por las «trabas» del PSOE a la Ley Trans, pese a que la norma se pactó en el seno de la coalición. No obstante, añadió, su departamento se dejará «la piel» para que quede aprobada antes de que concluya 2022 porque los colectivos LGTBI no pueden esperar más y es clave que el texto salga «sin transfobia y sin un solo recorte de derechos» respecto a lo acordado dentro del Ejecutivo.
El ala socialista del Gobierno señala a los grupos: el debate ha de darse ahora entre ellos, alegan
Distintos ministros del ala socialista del Gobierno, preguntados por El Independiente, insistían este martes en que el debate ahora han de sustanciarlo «los grupos parlamentarios», ya que el Gabinete hizo su trabajo. «Ya se arreglará, como sucede siempre», apuntaba uno de los consultados. «Esperemos que el tema no nos llegue al Gobierno», deslizaba otro. Una manera de lanzar la pelota hacia delante, porque la Moncloa, lógicamente, está encima de la tramitación de todos los proyectos y proposiciones de ley, interviene en la redacción de las enmiendas y ata los apoyos de los grupos. El Ejecutivo «tiene ahora mismo otras prioridades», razonaba un alto cargo de la dirección socialista madrileña, que cree que Antonelli «precipitó su marcha» sin motivo.
En el Grupo Socialista, por su parte, subrayan que los trabajos con la Ley Trans, de la que será ponente la diputada riojana Raquel Pedraja, no han arrancado internamente: «No nos hemos podido sentar con el texto: estamos hasta arriba con los Presupuestos de 2023″. Esta semana se suceden las comparecencias de altos cargos en el Congreso para explicar las cuentas del próximo año y el 26 y 27 de octubre se celebrará el debate de totalidad, cuya superación es imprescindible para Sánchez.
La Ley Trans no es una cuestión menor para los socialistas. El partido siempre se ha preciado de haber luchado por los derechos del colectivo LGTBI, de haberlos llevado al BOE, de haber estado a la vanguardia. Y se disputa ese nicho con los morados, igual que las políticas de igualdad, cartera señera para el PSOE y de la que tuvo que desprenderse Calvo (a su pesar) al firmarse el acuerdo de coalición. Pero el texto ha abierto una división interna que también existe en el feminismo.
La pugna parecía haberse zanjado en el 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado hace justo un año en Valencia. El partido respaldaba el anteproyecto de ley impulsado por Montero y peinado también por Calvo. La grieta se ha reabierto en los últimos meses, al llegar el texto al Congreso, y han sido frecuentes las enganchadas, incluso en redes sociales, a la vista de todos, de las feministas y el sector LGTBI que en la ejecutiva pilota Víctor Gutiérrez, el waterpolista y activista gay fichado por Sánchez hace un año para su equipo. La exvicepresidenta primera ya evidenció la disconformidad del feminismo histórico con la redacción enviada a la Cámara baja en una entrevista en El Mundo a finales de septiembre, al advertir de que la Ley Trans «puede destrozar toda la legislación de igualdad», reflexión que conecta con quienes creen que certifica «el borrado de las mujeres». Desde entonces, Ferraz admitió que contempla introducir «mejoras» en el proyecto.
«Lo que pase lo decidirá Pedro»
En el entorno de Calvo inciden en que Igualdad introdujo cambios «sustanciales» en el texto en segunda vuelta, y que por tanto no respetaba la letra que sí visó la entonces vicepresidenta. Un ejemplo: el artículo 65 del proyecto, que habla de «violencia intragénero«, que equipararía la violencia en las parejas del mismo sexo con la violencia machista, que es estructural y que sufre la mujer. Un punto «inaceptable» para el PSOE, señalan. Pero la cuestión más conflictiva es el reconocimiento de la autodeterminación de género, el cambio registral de sexo para el que baste la libre voluntad de la persona, sin más garantías.
Uno de los puntos «inaceptables» para una parte del PSOE es el artículo que habla de la ‘violencia intragénero’
«No sabemos si la mantendremos o no. Es cierto que en otros países están revocando legislación parecida para dar mayores garantías, sobre todo a los menores. Lo que no puede pretender Unidas Podemos es amordazar al Congreso. Ellos llevan años debatiendo artículo a artículo leyes como la de vivienda. Pero lo que pase lo decidirá Pedro«, observa una fuente conocedora de los pormenores de la discusión interna. «La posición —continúa— es la de presentar enmiendas que den seguridad jurídica y que mejoren sustancialmente la ley. Y quitar aberraciones como el artículo 65».
El PSOE se encuentra con otra dificultad añadida. La ejecutiva federal no cuenta con una voz de peso y auctoritas que fije posición en un tema nuclear para el partido. Hasta julio, se encargaba de esa tarea la entonces vicesecretaria general, Adriana Lastra, por encima de la responsable de Igualdad, la joven diputada leonesa Andrea Fernández. Pero Lastra dimitió y su función de «mediación» entre las feministas y el sector LGTBI del partido no la asumió su sucesora, la ministra María Jesús Montero, ni nadie dentro de Ferraz. Por eso todo apunta a que el conflicto acabará regresando al Ejecutivo. A Sánchez o quizá a su mano derecha, Félix Bolaños, encargado de la relación con los socios de coalición y con los grupos parlamentarios. Además, quien controlará el ritmo de tramitación del texto será la propia Carmen Calvo, ya que ella es, desde su salida del Gabinete, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, el órgano que debatirá el articulado.
Por lo pronto, las dudas no se disipan y la suerte del proyecto de ley se estrecha. El debate interno es intenso y la legislatura va agotando su tiempo de vida.