El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha calificado de incoherentes las decisiones del instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, porque «en julio de 2018 le dijo a las autoridades alemanas que no quería, que no aceptaba, que le entregaran a Puigdemont por malversación y ahora dice que lo va a perseguir por este delito».
Así se ha expresado el letrado Boye en unas declaracione realizadas este jueves en el Parlamento Europeo emitidas en directo en TV3. Se dirigió a los medios horas después de conocer que el juez ha adaptado el auto de procesamiento contra Puigdemont una vez que ha desaparecido del Código Penal el delito de sedición por la reforma de los partidos del Gobierno que lo sustituyó por uno de desórdenes públicos agravados.
Puigdemont pasa a estar procesado por malversación y desobediencia y el instructor deja sin efecto las órdenes europeas de detención y las órdenes internacionales que estaban dictadas contra él, contra los exconsejeros de su gobierno fugados Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ante la reforma del delito de sedición que se les atribuía, lo que comunicará a los órganos judiciales de ejecución de Bélgica e Italia.
Llarena mantiene la orden de busca y captura e ingreso en prisión en España para Puigdemont, Comín y Puig por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
En este sentido, el abogado de Puigdemont ha recordado en su declaración pública que el juez se negó en julio de 2018 a que Alemania entregara al expresidente catalán únicamente por el delito de malversación. En aquél momento, la acusación que había contra Puigdemont era de rebelión y malversación. El Tribunal Supremo le reclamaba por ambos delitos, Alemania se negó a entregarle por el más grave y de ahí que el juez se negara a aceptar dicha entrega únicamente por el delito más leve de los dos, penado con muchos menos años de cárcel. Tras la decisión de la Justicia alemana, Llarena retiró la euroorden contra Puigdemont pero mantuvo la orden de detención contra él en España, como ahora.
Puigdemont y Llarena, pendientes de la Justicia europea
Tanto el expresidente catalán como el instructor del procés están pendientes de dos decisiones de la Justicia europea para dar próximos pasos. La primera, para decidir si regresa a España y la segunda, para ver si emite una nueva euroorden contra Puigdemont y los consejeros acusados de malversación, el delito castigado con penas de prisión.
Llarena supedita la decisión de reclamar su entrega a Bélgica, país en el que estableció su residencia, en primer lugar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita sentencia sobre la cuestión prejudicial planteada por el magistrado tras el rechazo de la Justicia belga para entregar a España al exconsejero Lluis Puig. Dicha sentencia se espera para el 31 de enero.
En aquella prejudicial, Llarena planteó distintas cuestiones, entre ellas si un país de la Unión Europea puede negarse a entregar a un reclamado por otro país miembro si en éste último no hay vulneraciones sistémicas de derechos fundamentales.
En segundo lugar, el juez espera la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que se espera para febrero o marzo, en la que se pronunciará sobre si el expresidente catalán debe recuperar su inmunidad plena. El Tribunal de Luxemburgo se pronunciará en ésta sobre la demanda que presentó el expresidente catalán y también los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí (residentes en Bélgica y Reino Unido) contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio que solicitó Llarena para que perdieran su inmunidad como europarlamentarios y así proceder contra ellos, reactivando órdenes europeas de detención e intentando que las autoridades belgas les entreguen para juzgarles.
Precisamente Carles Puigdemont también espera a la emisión de esas dos sentencias para decidir si regresa a España o continúa viviendo en Waterloo. Su defensa se mantiene en la estrategia de alegar que la Justicia española -concretamente el Tribunal Supremo- ejerce una «persecución política» contra él y ha vulnerado sus derechos fundamentales, así como que los hechos cometidos por el expresidente catalán y los miembros de su gobierno no encajan en ninguno de los delitos por los que han sido reclamados.